La Audiencia Nacional imputa a la cúpula de Gallardón en el Canal

El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha aceptado la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de avanzar en el ‘caso Lezo’ que investiga las irregularidades de la Comunidad de Madrid en torno a la empresa de agua Canal de Isabel II. El magistrado ha acordado una veintena de citaciones como investigados (imputados) entre el 10 y el 15 de enero por las irregularidades en la época de Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la Comunidad madrileña.

Entre las personas citadas se encuentra en el ex concejal Pedro Calvo, el actual presidente de ADIF -ex concejal de Hacienda-, Juan Bravo y  el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda. Todos ellos formaban parte del Consejo de Administración del Canal en 2001 cuando se acordó comprar la empresa colombiana Inassa por un precio muy superior al de su valor real. Fiscalía Anticorrupción había pedido la investigación para todos ellos hace unos días.

Para el magistrado se omitieron, entre otras comprobaciones, la realización de actuaciones tan relevantes como la práctica de una valoración interna minuciosa y validada por asesores externos especializados, “limitándose a realizarla con la información suministrada por los trabajadores del Canal  que se desplazaron a Colombia, entre los que se encontraban José Antonio de Cachavera, Juan Pablo López, Gregorio Arias y Javier Malia”, para los que pide su imputación.

Diedo de Egea entiende que éstos sustentaron parcialmente su valoración en las efectuadas por los asesores contratados por Tecvasa y Rothschild, sociedades ambas con intereses contrapuestos a los del ente público.

El magistrado ha requerido a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid “para que, de forma urgente y, en su caso, en un plazo no superior a 10 días, complete la información que adjuntó y entregue, tal y como se le requirió, el expediente completo relativo a este acuerdo”, en referencia a la compra de Inassa en el año 2001.

Entre otros datos, El juez instructor también ordena que se haga una identificación completa de todos los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que dictaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001 así como el acta de la reunión celebrada para adoptar el mencionado acuerdo.

Además, quiere saber qué documentación se le trasladó a los miembros de dicho consejo para valorar esta operación “y, consecuentemente, sustentar su decisión, especificando claramente si, como consta en el acta del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Canal Isabel II de 14 de noviembre de 2001, se les trasladó el mismo dossier de documentación”.