El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de procedimiento abreviado en el conocido como “caso Pescanova” y considera que hay indicios para juzgar al expresidente de la compañía Manuel Fernández de Sousa-Faro y la excúpula de la sociedad por delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior.

En el auto en el que pone fin a la instrucción, De la Mata considera que deben ser juzgadas por estos hechos un total de 19 personas como investigadas y 12 sociedades, entre ellas la propia Pescanova SA. La resolución, que archiva la causa para César Mata, da ahora a las partes un plazo de treinta días para pedir la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento.

El magistrado señala que la situación de insolvencia que atravesaba Pescanova, holding con más de cuarenta sociedades participadas, motivó que en lugar de presentar la situación real, decidiera alterar los estados financieros que periódicamente presentaba al mercado, mediante determinadas prácticas contables irregulares, con el fin de que las consecuencias económicas derivadas de esas operaciones comerciales irregulares no quedaran registradas en su contabilidad, ni afloraran en sus cuentas anuales ni en los informes y documentos que venían obligados a presentar ante la CNMV.

 

Pieza separada para investigar cuenta de la familia de Sousa

En otro auto, De la Mata abre una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade, y dos de sus hijos en relación con unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra que los anteriores no han declarado ante la Hacienda Pública, de acuerdo con el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero.

De acuerdo con la investigación, el 29 de octubre de 2015 se bloquearon tres cuentas de los tres investigados en Andbank por un total de 3.266.385 dólares, 262.887 libras y 522.045 euros, correspondientes a diversos ingresos y sus rentabilidades y cuyo origen último de los fondos, dice el juez, se desconoce y que permanecieron ocultas en todos momento a la hacienda pública española”.

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