El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, ha decidido asumir la investigación de la presunta defraudación masiva de las clínicas iDental, conocidas como “clínicas dentales low cost” y que se vieron obligadas a cerrar sus establecimientos por el alcance de la causa. Con “decenas de miles de víctimas repartidas por todo el territorio nacional” el juez ha tipificado los hechos de “administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública”.

Asimismo, el volumen extraordinario que ha alcanzado la causa y la existencia de miles o decenas de miles de perjudicados son las causas por las que de la Mata considera que la Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar los hechos. El auto recoge que la investigación se inició a raíz de una denuncia de afectados de iDental de Andalucía y, desde entonces, al menos 11 juzgados distintos se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional.

El juez explica que se ha “comenzado un tortuoso camino de inhibiciones y acumulaciones que es preciso sistematizar y ordenar, evitando una situación de caos procesal que cause notable perjuicios a los perjudicado y a las propias potenciales personas investigadas”.

Cabe recordar la demandada ofrecía servicios odontológicos mediante un gran número de clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional. Paralelamente, se ofrecía a los clientes un sistema de financiación de tratamientos, a través de entidades colaboradoras como Evo Finance, Cetelem, Santander Consumer, etc.

El juez relata cómo a través de estas entidades de financiación, la compañía percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Así, una vez percibido este precio, según consta en la denuncia de los afectados, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos, con los consiguientes perjuicios para los pacientes. Los procesos y tratamientos finalmente quedaron interrumpidos, hasta llegar finalmente al cierre de las clínicas”.

Aunque los hechos en este momento están ”limitadamente perfilados”, de la Mata los tipifica inicialmente como delito de estafa continuada, a los que puedan unirse apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones y delito contra la Salud Pública.

Como muestra de la magnitud de lo que va a suponer la causa, De la Mata añade las investigaciones administrativas que han incoado distintas Comunidades Autónomas y Colegios Profesionales, que se constatan con la simple navegación por internet. De hecho, una de las sedes de iDental en las Palmas de Gran Canaria parece que ha sido desahuciada y los historiales de más de 15.000 afectados han sido incautados.

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