Los papeles del caso Púnica solicitados por el juzgado a la Asamblea de Madrid, deben haber sido “traspapelados”, porque no han aparecido, a pesar de la comparecencia este viernes del Consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada en la Comisión de Investigación de Corrupción. Hasta nueve veces ha tenido que acudir a la Comunidad de Madrid la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ante la solicitud judicial para recabar los documentos requeridos, pero hay aún faltan “convenios urbanísticos de Getafe, contratos con Over Marketing empresa de Daniel Mercado, -que admitió en sede judicial recibir dinero del exsenador del PP, José María Rodríguez, en campañas electorales-, dos contratos con OBRUM del empresario David Marjaliza”, sostiene el portavoz de Podemos en esta Comisión, Miguel Ongil en declaraciones a Diario 16, que incide en “el intento de una consejera de Arpegio en responsabilizar a la UCO de los papeles, lo cual no es creíble”.

“Durante la comparecencia del consejero Taboada ha querido pasar de puntillas argumentando que no tiene conocimiento de estos papeles, pero este consejero fue Director General de Administración e iba por todos los ayuntamientos de Madrid para establecer convenios”, señala Ongil, que además apunta “a una dejación de funciones sí Taboada sigue insistiendo en que no acudió durante dos años a la Mesa de contratación de la empresa pública Arpegio, cuando forma parte de sus atribuciones”. Arpegio era la empresa del Suelo que daba encomiendas al Plan PRISMA de la Comunidad de Madrid, explica el diputado, apuntando al nicho de constructores.

La comparecencia en la Comisión de la consejera delegada de Arpegio, Susana Magro, estuvo marcada por “declaraciones muy vagas”, afirma Ongil que “además dijo desconocer el paradero de algunos papeles al no estar en el periodo de ciertas contrataciones, pero trató de apuntar a los miles de documentos que recabó la UCO por mandato judicial que no pudo ver cuando se los llevaron”, sin embargo el diputado de Podemos otorga la confianza a la Guardia Civil cuando se recabó cerca de 9.000 expedientes, y recuerda que Magro ha reconocido “la relación de la empresa DUSA, de Alfredo Fernández que también firmó contratos con Arpegio, quien reconoció que pudo haber filtraciones desde su empresa al empresario David Marjaliza”.

Miguel Ongil ha subrayado como relevante que Alfredo Fernández no acudiera a esta Comisión de investigación, “al no haber podido recoger las notificaciones, y por tanto no personarse, cuando era fundamental su testimonio para establecer el origen de algunas licitaciones que podían haber llegado a los 7 millones de euros”. El consejero Taboada ha interpuesto una querella contra David Marjaliza por afirmar que “había un reparto de fondos económicos entre Taboada, el exalcalde Francisco Granados y el propio Marjaliza” , ha puesto en valor Ongil, que también apunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que aunque no está obligada a acudir a esta Comisión de investigación, tampoco se ha personado voluntariamente.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Corrupción, Encarnación Moya, ha declarado que “las comparecencias han dejado muchas lagunas, y los sorprendente es que no se ha dado ni instrucciones ni se toman medidas”, además subraya que “las llaves del archivo de acceso a los documentos las tiene una persona imputada,-salvando la presunción de inocencia-, y la desaparición de un documento original es muy importante porque las copias son impresentables, donde faltan papeles aunque algún papel haya aparecido justo el día de la Comisión”. La diputada socialista afirma que “se ve como se manipuló el concurso, alguien estaba interesado en que desparecieran documentos, y esperamos que las consecuencias judiciales sean las que tienen que ser “.

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