Uno de los más de 30 actos de precampaña de Susana Díaz antes de convocar elecciones.

El hijo de la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha comenzado su larga andadura académica este pasado septiembre, y más que probablemente ha sufrido en su piel la misma temperatura que casi dos millones de estudiantes andaluces han soportado en el inicio de curso escolar, varios días seguidos por encima de los 30 grados centígrados en las aulas de miles colegios de la comunidad autónoma, de los más de 6.000 con que cuenta la red pública.

El PSOE andaluz ha sido el único partido en contra de la ley de bioclimatización pese a haber adecuado sólo el 4% de los centros

Hoy, todos los andaluces son conscientes de una realidad que hace solo dos años nadie había percibido en su verdadera dimensión. Andalucía es una tierra en la que los meses de calor sofocante se prolongan más allá de los meramente caniculares y abarcan buena parte del curso académico de los estudiantes. La ley de seguridad laboral obliga a una temperatura máxima de 27 grados en el interior de los centros de trabajo. Una norma que se incumple sin que la propia Administración competente en educación, la andaluza, asuma la responsabilidad ni las consecuencias por mucho protocolo de actuación que diga que tiene activado en estos casos, al remitir toda la responsabilidad a la propia dirección de cada centro escolar.

 

40 años sin climatizar los colegios

Los colegios andaluces son los únicos centros públicos de toda la comunidad que no cuentan con sistemas integrales de bioclimatización. Y todo ello casi cuatro décadas después de lograda la autonomía para Andalucía con un único partido en el poder, el PSOE de Rafael Escuredo, de José Rodríguez de la Borbolla, de Manuel Chaves, de José Antonio Griñán y de Susana Díaz.

Tuvo que ser el movimiento ciudadano encabezado por la asociación de madres y padres Escuelas de Calor, que representa a más de 200 Ampas de Andalucía, el que visibilizó en la primavera de 2017 esta deficiencia estructural. La presidenta Susana Díaz admitió desde un primer momento la existencia del problema en sede parlamentaria, pero negó la mayor, aseguraba que “no todos los colegios son iguales” y que había “estado allí, con los padres, con los profesores, con los alumnos”. Esos mismos padres, esos mismos docentes y esos mismos alumnos son los que llevan dos años alzando su voz en la calle para hacerse oír. Fue el grupo parlamentario de Podemos Andalucía el que cogió el testigo en el verano de 2017 y presentó una proposición de ley en la Cámara autonómica.

Algunas fotos familiares presiden el despacho de la presidenta andaluza, durante la firma de disolución del Parlamento.

Meses después, el 14 de febrero de 2018, el pleno del Parlamento daba el visto bueno a la iniciativa con el voto afirmativo de toda la oposición en pleno y el único en contra del PSOE, que no sólo nunca creyó en un proyecto alabado “por novedoso” incluso por los letrados de la Cámara, sino que también fue torpedeando su tramitación parlamentaria hasta el último instante, apenas días antes de que la presidenta decidiera disolver la Cámara y dar por finalizada esta X legislatura andaluza.

Con el dictamen favorable de la mayoría del Parlamento y el único voto en contra de nuevo del PSOE andaluz, estaba pendiente sólo de su aprobación en un pleno de este mes de octubre. Ya no podrá ser, el adelanto electoral decidido por Díaz así lo ha impedido, y dos millones de estudiantes andaluces y sus profesores seguirán fotografiándose en el interior de las aulas con termómetros, que llegan a marcar en algunos casos los 35 grados centígrados. Y no son “picos aislados de temperaturas extremas” como desde la Consejería de Educación su titular, Sonia Gaya, se encarga de repetir mientras invierte partidas irrisorias en la climatización de los centros, apenas 200 millones para cubrir en dos años de actuaciones poco más del 3% de los colegios andaluces. Esos “picos aislados” de los que habla la consejera del ramo se prolongan en Andalucía prácticamente durante abril, mayo, junio, septiembre y también octubre, como se ha podido comprobar con las protestas de estas últimas semanas.

Miles de estudiantes, profesores y padres se han echado a las calles contra la ausencia de climatización de las aulas.

Los datos concretos de inversiones hablan por sí solos. Según la propia Consejería de Educación, en los dos últimos años se han realizado 265 obras con una inversión que hasta el momento supera los 13,7 millones de euros. En 2017 se ejecutó un plan de choque para dar respuesta a lo que Educación denomina “una excepcional ola de calor” con 57 actuaciones y más de 2,5 millones de euros de presupuesto y en 2018 se han programado un total de 179 actuaciones en 156 centros con un montante de casi 9,8 millones de euros.

Aquí está la clave del empecinamiento de Susana Díaz y el grupo parlamentario socialista de rechazar una y otra vez la ley de bioclimatización presentada por Podemos y avalada por la mayoría de la Cámara autonómica. Si la nueva ley hubiera salido adelante, la Consejería de Educación se habría visto obligada a buscar partidas destinadas a otros cometidos para incrementar prácticamente un 80% la cantidad que ahora invierte en climatizar colegios, o “parchearlos”, según las madres y padres de Escuelas de Calor.

Ahora, el botón rojo electoral ya ha sido pulsado por Susana Díaz, precisamente cuando era plenamente consciente de que una ley decisiva y muy reclamada por la comunidad educativa iba a salir adelante y no eran ni ella ni su grupo los impulsores de la misma. Arrogancia pura y dura que se reflejará de nuevo a partir de la próxima primavera en la frente de casi dos millones de escolares andaluces.

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