Hace apenas unos días que la Agrupación Reformista de Policías (ARP) denunciaba en un comunicado la brutal agresión sufrida por agentes en Linares a manos de un clan local y se preguntaban si hacía falta algún/a policía muerto/a para que el gobierno reaccionara y actuara.
En la línea de intensificación de este tipo de ataques por todo el territorio nacional, se produjo un grave incidente en la ciudad Córdoba el pasado sábado, afectando a un funcionario de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio y que al ser reconocido en su condición de policía fue agredido por varios miembros de una misma familia provocándole heridas que obligaron su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos por la gravedad de las heridas.
ARP, asegura que los acontecimientos ocurridos en Francia desde el año 2016 les advierten de que la escalada de violencia si no es atajada con medios y personal, sumado a una regulación adecuada a la intensificación de las agresiones y que amplíe los casos de legítima defensa, además de una decidida política desde el Ministerio del Interior para atajar el problema, puede acabar en una desgracia que provoque que los funcionarios policiales tomen medidas inusuales ante el peligro para su integridad física.
En un comunicado trasladado a Diario16, la Agrupación Reformista de Policías considera que desde los sindicatos policiales no deberían hacerle el trabajo a la Dirección General de la Policía (DGP) anunciando medidas como presentarse de acusación en los procedimientos por agresiones a los/as policías, asegurando que lo que se debe hacer es instar, obligar a que una figura como el abogado del Estado, existente en muchas dependencias policiales, se dedique a defender jurídicamente al colectivo, en vez de a otros menesteres que poco tienen que ver con el interés real de los/as policías.
El alto porcentaje de afiliación sindical en la Policía nace de la inseguridad jurídica que viven los funcionarios que buscan una cobertura que no les ofrece la propia Administración, dicen, y no sólo no les pagan como merecen sino que su seguridad no es ni de lejos su prioridad. Y por ello, ARP entiende que los sindicatos no deben vivir en la complacencia de ofrecer el mejor servicio jurídico y olvidarse de reivindicar y presionar que dicho servicio lo ofrezca la DGP.
Por lo que, desde ARP, reiteran la solicitud de la creación inmediata de un dispositivo especial donde la Comisarías Generales de Información, Policía Judicial y Jefatura Central de Seguridad Ciudadana y Coordinación de la Dirección General de la Policía, en plena colaboración con la Guardia Civil, pongan a disposición sus mejores medios técnicos y efectivos humanos, en coordinación con las administraciones de Justicia, Interior dirigidos por Jueces y Fiscales, y se pongan manos a la obra de una vez ya.
Y sumado a todo ello reivindican que la figura del abogado del Estado ejerza como abogado abnegado en la defensa de los/as policías y que no se vea como una figura que vela más por los intereses de la Administración que por los de los que deberían ser sus “clientes” preferentes.
Mientras que TODOS los gitanos no sean expulsados definitivamente de España, esto no tendrá solución, quien no lo vea claro es que no se da cuenta de nada, hace CINCO SIGLOS que intentan, siempre a su aire, integrarse, y está clarísimo que no puede ser; Es una especie muy distinta a la nuestra, ni mejor ni peor, solo diferente y la historia ha dejado claro que no puede ser.