La Cruz con distintivo rojo al mérito policial es una condecoración merecedora de una pensión vitalicia que se otorga dentro del Cuerpo de Policía Nacional. Para obtener dicha concesión, es necesario cumplir una serie de requisitos que desde la Agrupación Reformista de Policías señalan no se están respetando y existen una presuntamente ilegal concesión de cruces al Mérito Policial con distintivo rojo.

La última concesión, recompensa al comisario provincial de Alicante, Alfonso Cid Alguacil, un alto mando policial que por su comportamiento abusivo contra policías y periodistas de las ciudades de Benidorm y Alicante, entre otras acciones, desde la ARP han solicitado su relevo en varias ocasiones. Sin embargo, Cid, a pesar de tener en su contra a todos los grupos de la Comisaría Provincial, ha recibido varias condecoraciones policiales entre las que se encuentran la Cruz de la Órden del Mérito Militar Aeronáutico con distintivo blanco, la Medalla de oro de la ciudad de Benidorm, la Encomienda de la Órden del Mérito Civil y ahora goza de una pensión vitalicia proporcional en un diez por ciento al sueldo del empleo por su labor en el Cuerpo.

 

Pensión encubierta 

La denuncia que formulan desde la agrupación pone de manifiesto un sistema fraudulento que desde hace años acostumbra a premiar a “determinados mandos, especialmente comisarios cercanos a la jubilación, en lo que es considerada en el colectivo una especie de pensión encubierta”.

Reflejo de ello, es que todos los sindicatos policiales, y no sólo la ARP, –incluidas la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP)– han reclamado al Ministerio del Interior el cese del comisario Cid.

Un sistema fraudulento que desde hace años acostumbra a premiar a “determinados mandos, especialmente comisarios cercanos a la jubilación, en lo que es considerada en el colectivo una especie de pensión encubierta”

El comisario José Manuel Villarejo, ha sido galardonado con la Cruz con distintivo Rojo en dos ocasiones. La primera en el año 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la última en el año 2014 concedida por el Ayuntamiento de Marbella por su “entrega y buen hacer profesional”. Si no estuviera en prisión incondicional por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, no habría ninguna duda con respecto a la legalidad de estas condecoraciones.

La elección de estos reconocimientos son a propuesta de la jefatura de la policía local y los sindicatos policiales. Por tanto, la Agrupación Reformista de Policías lleva tres años solicitando a la Dirección General de la Policía que les faciliten “la propuesta con la cual se basan para conceder esta condecoración a determinados comisarios”, aunque “sin éxito”.

Este fallido intento de romper con “la opacidad” que parecer ser “la consigna desde la Administración” hace que las alarmas salten a medida que nuestra imaginación comienza a volar. Por tanto, no es de extrañar “que tener acceso a dicha propuesta presuntamente les podría perjudicar al comprobarse que no se reúnen los requisitos legales para su concesión”.

Dichas condecoraciones son merecedoras de una pensión vitalicia proporcional en un diez por ciento al sueldo del empleo que disfrute el agraciado en el momento de la concesión y abonada con cargo al crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado.

La Ley que permite estas concesiones, data del año 1964, “en la que Institución Policial como saben los representantes de los distintos grupos políticos, y debe saber la sociedad en general, era una organización que se regía por métodos nada democráticos y cuyas normas aun aplican en el seno del Consejo de Gobierno del Cuerpo de Policía Nacional”.

La Cruz roja concedida al Comisario Principal de Alicante, “sirve para demostrar que se sigue burlando los requisitos para beneficiar a unos determinados mandos policiales que carecen del mínimo pudor a la hora de beneficiarse de unas pensiones vitalicias que constituye un fraude al colectivo policial y al erario público”.

Ante la pasividad de sindicatos policiales, funcionarios y cargos directivos del Cuerpo de Policía Nacional, la ARP no ha dudado en denunciar esta presunta ilegalidad ante la Autoridad Judicial en la ciudad de Madrid al considerar que se está convirtiendo en práctica habitual el que sean perceptores de dichas medallas funcionarios que no “ han resultado heridos en acto de servicio o con ocasión de él”, “no han participado en tres o más servicios en los que medie agresión de armas”, “han realizado en circunstancias de peligro para su persona un hecho abnegado o que manifieste alto valor” u “observado una conducta que sin llenar plenamente las condiciones exigidas (…) haya quedado patente un riesgo o peligro personal”.

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