La Justicia nunca debe de ser protagonista, salvo por casos excepcionales. En España lo es y en estos días con minúscula. ¿Es justicia lo que dicen la mayoría de los miembros de un tribunal?; pues dependerá si el tribunal es legítimo, independiente e imparcial; si es así podemos empezar a hablar de Justicia. Pero hay sentencias que ponen en evidencia la cuestión. La sentencia contra la manada, el caso Altsasua o el proceso del juez Llanera contra políticos catalanes independentistas, y otros tantos casos contra la libertad de expresión.

¿Qué es la justicia? ¿Qué idea tenemos de hacer justicia? ¿Qué significado tiene el término justicia? Corren malos tiempos para la Justicia. No es necesario acudir a las páginas de sucesos o tribunales, para conocer los diferentes casos cuyo protagonista es la «justicia». En temas políticos, económicos, administrativos, de sociedad, existen un rosario de casos conocidos de corrupción, malversaciones, estafas y conflictos de intereses de todo tipo. Pocas instancias públicas, personalidades o instituciones se salvan de verse ante la justicia. Miembros de la familia real, ministros, presidentes y consejeros de comunidades autónomas, alcaldes y concejales, políticos en particular y directivos de bancos en quiebra. En fin que les voy a decir que no sepan.

¿Y cómo se ejerce la justicia? Pues lamentablemente se ejerce poco y no se utiliza la misma vara de medir para unos que para otros. Ni las leyes son iguales para todos ni la justicia se aplica a todos por igual. El poder es el poder y tiene sus privilegios. El poder hace la ley y quién hace la ley, ya se sabe, hace la trampa. Unos salen de la cárcel, tras pagar millonarias fianzas y otros entran por manifestarse en defensa de sus derechos. Algunos populares y poderosos ni entran ni se les investiga y otros pobres pasan años en prisión por delitos considerados menores.

Desde tiempos remotos, la sociedad, ha ido elaborando diferentes conceptos sobre la idea de justicia, en función de la cultura, costumbres, formas de vida, maneras de ser en cada etapa histórica y sin duda en función de lo que el poder quisiera otorgar en cada momento; hasta llegar a la imagen actual de la mujer con ojos vendados, que porta en su mano izquierda una balanza y en la diestra una espada: ceguera, equilibrio y venganza. De la justicia divina a la justicia social. De la justicia para unos, a la justicia para todos. De la justicia para todos a la justicia según la capacidad de poder.

El jurista romano Ulpiano la definió de esta forma: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (La justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho), entendiendo el término derecho como lo suyo, lo que es suyo, o lo que es de su propia responsabilidad.

Desde la filosofía también se ha razonado sobre la idea. Platón identifica justicia con armonía social. Aristóteles como igualdad proporcional o dar a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponde. Santo Tomás de Aquino, lo enfocaba como de Ley Natural; los derechos naturales que han de tener los ciudadanos y que han sido otorgados por dios. Para los utilitaristas, que buscan «el máximo bienestar para el máximo posible», es justo lo que beneficia al mayor número de personas a la vez. La máxima dice que se hace justicia, cuando te dan la razón teniéndola, después de haber demostrado que la tienes: tener razón, demostrar que la tienes y que te la den; difícil proceso.

Hoy la justicia sigue siendo coto particular de aquellos que dicen ejercer su doctrina, cuando muchos, lo que hacen es aplicar las leyes a su acomodo, según sus particulares visiones de la realidad política y social. El juez Llarena ofrece ahora a la justicia alemana la entrega de Puigdemont por un delito de sedición en lugar de rebelión. El juez, que está siendo más popular que los populares genuinos, espera superar el escollo producido por la decisión de Alemania de no extraditar al exmandatario por rebelión, que es el principal delito que se le imputa y que conlleva pena de hasta 30 años de cárcel. Expertos juristas indican que en el caso de que no se acreditase que la violencia que se le atribuye, iba dirigida a conseguir la independencia de Cataluña, se podría atribuir a los procesados el delito de sedición o conspiración con penas de 15 o 7 años. Extradiciones a la carta: si no le gusta este delito tengo otros. Según el jurista Gonzalo Boye: El Tribunal de Schleswig ya dijo que los hechos descritos por Llarena, no eran constitutivos de delito, y que el delito de Sedición fue derogado en la reforma de 1970. Si «están presos por razones políticas, habrá que llamarlos presos políticos».

Por otra parte, el juez Llarena divide la causa por rebelión, en pieza separada respecto de los siete investigados que se encuentran fuera de España (Puigdemot, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel), con el fin de dar impulso a la pieza principal respecto del resto de investigados y evitar que los trámites que se requieren lastren la agilidad del proceso. Se abre así la posibilidad de que Puigdemont y el resto de huidos puedan ser juzgados en su día de forma separada. «Ahora habrá que explicar en alemán, flamenco, inglés y francés, qué es una pieza separada de rebeldes en causa especial por rebelión».

Y que decir de la sentencia contra «la manada», que después de relatar los hechos probados, quedando demostrado que ha habido violación, condena por abuso sexual. Sobre el voto particular del indeseable juez que lo emite, por mi parte, ni una palabra. La sentencia solo me aporta una inmensa indignación y desprecio. Dice la doctora Bárbara Tardón que la ideología patriarcal se filtra diariamente en todos aquellos pilares que sostienen y justifican el ejercicio directo de la violencia sexual hacia las mujeres, consolidando un sistema patriarcal, cuya estructura y sus múltiples ejecutores –los jueces responsables de aplicar el Código Penal y los 5 agresores–, son los únicos responsables de que hoy se condene por abuso sexual a cinco tipos que han violado.

La Audiencia Nacional ha declarado visto para sentencia el juicio contra ocho acusados, por delitos de terrorismo, por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua en octubre de 2016. En total se enfrentan a 375 años de cárcel, por delitos de lesiones y amenazas terroristas. La Fiscalía les acusa de pertenecer al Ospa Mugimendua (movimiento que defiende la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco y Navarra). Los familiares de los acusados creen que la acusación de terrorismo ha sido desmontada y confían en que se haga justicia. Señalan que la madrugada del 15 de octubre de 2016 hubo un encontronazo, nada que no pueda ocurrir en cualquier otra población en una noche de juerga y alcohol. La diferencia es que sucedió en Alsasua y que en la disputa estaban implicados dos guardias civiles y sus parejas. «En ese mismo año acaecieron 9.571 casos similares y ninguno de ellos se consideró terrorismo». Una pelea en un bar, por violenta que sea, no puede constituir delito de terrorismo, con todo lo que en este país eso conlleva. Parece que ha habido manipulación y montaje.

Por cierto, que la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia contra una activista que el 13 de marzo participó en la quema masiva de fotografías del rey en Banyoles. Se celebraba la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que resolvía que prender fuego a imágenes del monarca estaba amparado por la libertad de expresión. El poder judicial español no ha tenido más remedio que asumir la doctrina de Estrasburgo, que hace dos meses condenó a España por haber multado dos jóvenes por este motivo. «No se trataba de un ataque personal dirigido contra el rey que tuviera como objetivo despreciar o vituperar la persona, sino una crítica a lo que representa como jefe de estado y símbolo de las fuerzas que, según los encausados, habían ocupado Cataluña».

La penúltima es que un juez de Barcelona, sentará a los responsable de la revista satírica El Jueves, por considerar «una ofensa y una falta de respeto a los miembros de la Policía Nacional», el titular: «La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña». Por su parte, The New York Times advierte del creciente riesgo para la libertad de expresión en España. El periódico estadounidense repasa los acontecimientos en España, marcados por el secuestro cautelar del libro Fariña o la retirada de ARCO de la obra de Santiago Sierra «presos políticos» (Errenteria ha expuesto la obra censurada) y la condena al rapero Valtonyc, que tendrá que ingresar en prisión el día 13, tras denegarle el Tribunal Constitucional el recurso de amparo. El rapero fue condenado por la Audiencia Nacional en febrero de 2017 a 3 años y medio de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas, en una de sus letras. Para la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información «España tiene una legislación fuera de los parámetros internacionales sobre libertad de expresión suscritos por nuestro país»

La reforma del Código Penal se hace imprescindible, para que los delitos se ajusten a la lógica y a la razón y nunca a intereses ideológicos, y las penas sean proporcionadas a los hechos. Podemos estar en peligro de prisión por votar, opinar, cantar, protestar, manifestarse, por respirar, pero lucha por la libertad no es una quimera, es una obligación. Escribir un artículo, la letra de la canción de un rapero o una pintada de protesta, no puede conllevar penas superiores a las de violación, asesinatos execrables, o corrupción contra los dineros públicos, que atacan el Estado social y Democrático.

Por todo, podríamos definir que justicia es lo que dice la mayoría de los miembros de un tribunal, aplicando objetivamente una ley justa y de forma independiente de los poderes ideológicos, políticos y económicos. Todo clama ¡Justicia!

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − 4 =