Casi 80 años después del final de la Guerra Civil Española, se declara la nulidad de una sentencia contra el expresidente de la Generalitat de Catalunya. Dicha sentencia fue dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona en diciembre de 1939 y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales en octubre de 1940.
La iniciativa, que partía del grupo socialista en el Congreso, pretende poner punto y final a una sentencia franquista que castigaba a un político que defendió la legalidad en los años de guerra. Lluís Companys acabaría siendo torturado por el régimen, sometido a un consejo de guerra y fusilado en el castillo de Montjuic.
La medida ha sido apoyada por todos lo grupos a excepción del PP y ERC, y también de Ciudadanos, que se abstuvo en la votación. La socialista Meritxell Batet declara además “la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y el resto de tribunales, así como sus condenas y sanciones durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad constitucional”.
Se ha añadido un tercer punto en la propuesta no de ley, acordado con Podemos que reconoce “la honorabilidad de todas las víctimas de la represión franquista, como acto de reparación del dolor que sufrieron y de las injustificadas de que fueron objeto, y de restitución de su memoria y de la dignidad democrática de todos”.
Batet insiste que “aquí no caben las diferencias ideológicas o partidarias”, “la figura del presidente Lluís Companys y si ejecución en el castillo de Montjuic es un símbolo en el que nos podemos sentir todos representados, igual que tantos otros sufrieron su misma suerte”.
