Ahora todos se llevan las manos a la cabeza con el caso del profesor abusador sexual.

Ni Junta de Andalucía ni Universidad de Sevilla hicieron todo lo que estaba en sus manos por apartar en 2011 –año en que las tres profesoras víctimas interpusieron las denuncias– al ahora condenado Santiago Romero Granados, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y con un brillantísimo currículo académico y deportivo, condenado a siete años de prisión por abusos sexuales cometidos entre los años 2006 y 2010 en las mismas instalaciones universitarias. De hecho, el profesor ha seguido dando clases hasta este martes en la misma facultad donde las tres agredidas tuvieron que marcharse. Y además seguirá cobrando el 75% de su retribución básica, porque así lo marca la ley, explicó en rueda de prensa el actual rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro.

La Universidad solo aplicó medidas cautelares contra el abusador cuando arreciaron las protestas de los estudiantes

El rector universitario ha reconocido que la institución que preside se ha equivocado por no haber actuado antes y ha pedido perdón ahora por unos hechos que los responsables universitarios conocieron el 3 de noviembre de 2010. Castro subraya su “máxima condena y repulsa a la situación de acoso” provocada por Santiago Romero, pero aún no se ha reunido con las tres víctimas porque no “pidieron cita”.

La entonces consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, solo instó cuando se conoció la denuncia en marzo de 2011 a la Universidad Hispalense a que tomara medidas de protección sobre las dos profesoras adjuntas de su maltratador, así como sobre la becaria del departamento. El entonces rector de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, se limitó a abrirle un expediente disciplinario al ya condenado a siete años de prisión por acoso sexual y remitió el caso directamente a los tribunales. Tampoco adoptó inmediatamente las medidas cautelares que solicitaron las víctimas, sino solo después de las protestas organizadas por el Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT).

Facultad de Educación

Estas medidas cautelares se limitaban a evitar el contacto del profesor con cualquiera de las denunciantes, pero únicamente éstas han sido las que finalmente han optado por dejar de impartir clases en el mismo recinto donde el abusador ha seguido hasta esta misma semana acudiendo puntualmente a su cita con sus alumnos.

Estas protestas fueron las que lograron finalmente que Santiago Romero Granados fuese obligado a dimitir de todos su cargos como responsable de su departamento y miembro de la junta de facultad, el claustro y el consejo de gobierno de la Universidad de Sevilla. Pero siguió dando clases sin problema alguno hasta este mismo 10 de enero de 2017, en que ha sido suspendido, pero no expulsado.

Diez profesores testificaron a favor del condenado, solo dos apoyaron a las víctimas

La entonces titular de Igualdad de la Junta remitió un escrito al recto para que pusiera en práctica la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género, que obliga a todas las administraciones públicas a “tratar y prevenir” todas aquellas conductas que hayan sido objeto de denuncia con el objetivo prioritario de que se consiga “un entorno laboral libre de acoso sexual o por razón de sexo” más allá de la posterior responsabilidad penal, laboral y civil que se llegue a derivar del caso.

Seis años después, una de las tres víctimas del ex decano ha abandonado por completo el mundo de la docencia. De las otras dos solo una ejerce como profesora en el lugar donde su acosador ha venido dando clases con absoluta normalidad hasta este mismo martes 10 de enero de 2017.

El rector pide perdón pero no ha contactado aún con las agredidas “porque no han pedido cita”

Los abusos sexuales considerados probados ahora por el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla se produjeron entre los años 2006 y 2010. En el juicio, diez profesores declararon para apoyar la versión exculpatoria del imputado. Solo dos docentes avalaron a las víctimas.

Cuando este martes trascendió la noticia, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado “intolerable” el acoso sexual a las mujeres y apela a la Universidad para que actúe con “firmeza” para que el condenado “no vuelva a pisar un aula”. Hace seis años, cuando se inició el proceso judicial las víctimas se sintieron aisladas y en ningún caso protegidas ni por la Administración pública ni por la comunidad universitaria.

La presidenta andaluza critica “el rostro del machismo, del acoso y de la desigualdad real que todavía existe”, pero no recuerda Díaz que la Junta de Andalucía miró para otro lado cuando las protestas arreciaban contra el entonces respetable profesor de intachable currículo académico y deportivo.

Y añade la presidenta andaluza: “Ante la violencia de cualquier índole contra la mujer tenemos que ser fuertes, contundentes y no tener ningún tipo de tibieza”, la misma tibieza que la entonces consejera de Igualdad y el rector universitario mantuvieron durante seis largos años con el ahora condenado y con una asimetría injustificable en un caso lacerante de agresión sexual.

1 Comentario

  1. la junta de andalucia solo aparta de su puesto a gente que es de podemos como ha hecho con errejon ante una persecucion iniciada por la casta susana y ejecutada por la rectora de malaga a cambio de un puestecito de consejera de educacion. Una consejera cuyo unico merito y capacidad es la de acatar sumisamente las ordenes de susana.
    a los demas ya pueden campar a sus anchas por las universidades cometan los delitos que cometan

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