El fiscal Alejandro Luzón la volvió a liar en el juicio de las tarjetas black. Y probablemente en un asunto menor.

Ya habían declarado los 65 acusados y se interrogaba a los testigos. Concretamente a Domingo Navalmoral, director de control de la caja. No se sienta en el banquillo de los acusados, pero asegura tener una de las controvertidas tarjetas black. Y dice que la tiene porque en la oferta de trabajo que le enviaron cuando iba a ser contratado “dicha tarjeta estaba incluida en mi paquete retributivo”. Cuando se le preguntó si todavía guarda ese documento de oferta de trabajo dijo que sí. Y que lo llevaba encima. Y ahí comenzó el lío.

Las defensas pidieron al tribunal que el testigo aportase tal documento. Una petición que el tribunal rechazó a pesar de que, a la misma, se adhirió nada menos que el fiscal Luzón. El artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide la práctica de pruebas durante el juicio que no hayan sido propuestas por las partes. Pero, en el siguiente, el 729, se admite una excepción: “para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración de un testigo”.

Y a ese precepto se acogieron los defensores que vieron, así, una coartada para asegurar, aún más, su argumento de la validez legal de las tarjetas black. Lo curioso es que Luzón se sumase a tal iniciativa poniéndose de parte de los letrados que representan a los 65 acusados para los que pide variadas penas, de cárcel y de multas e inhabilitaciones para ejercer cargos administrativos.

A pesar de que Diario 16 ha intentado obtener las oportunas explicaciones por parte de Luzón, en Fiscalía han declinado hacer todo tipo de comentario al respecto. Otras fuentes jurídicas consultadas por esta publicación especulan con la posibilidad de que Alejandro Luzón haya decidido, tras escuchar las versiones durante estas dos semanas, consolidar la comisión del delito fiscal a sabiendas de la controversia que se ha generado en torno a la legalidad de las tarjetas black de Cajamadrid. Así, aun admitiendo la coartada de los acusados en torno al uso de la tarjeta, a éstos les quedaría por responder a la cuestión de por qué nunca declararon a Hacienda, por lo que habrían cometido un delito de fraude. Suficiente para enviar a muchos de ellos a prisión.

Y es que el resumen de estas tres semanas de juicio se reduce a dos puntos: los acusados insisten en que la dichosa tarjeta formaba parte de la retribución que recibieron como directivos de la entidad, o en concepto de gastos de representación, según los bienes y servicios que figuran en cada extracto, y que los listados presentados con los resúmenes de extractos y saldos, –las famosas hojas Excel–, son falsos.

Luego están los matices que incitan al escándalo. Como la declaración de ese testigo que asegura que Rodrigo Rato le ofreció la tarjeta “para recompensar el recorte retributivo dictado por el Gobierno a los directivos de entidades con ayudas públicas”. El testigo es Francisco Verdú, ex secretario general al que se le dio una tarjeta que jamás llegó a utilizar porque “era una práctica irregular”. Verdú, un experimentado profesional del sector bancario, dijo que en ninguna de las entidades en las que había trabajado, –y fueron algunas–, se entregaba tarjetas de las que no había que justificar gastos.

El juicio de las tarjetas black se interrumpe durante unas semanas. Está previsto que la vista oral concluya antes de que finalice el año.

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2 Comentarios

  1. Una puntualización. Creo que para que haya delito fiscal que pueda acarrear penas de cárcel el importe defraudado tiene que ser superior a 125.000 Euros en un único ejercicio.

  2. Si las tarjetas black eran parte de la retribución, ¿Por qué Diaz Ferrán dice quelas utilizaba “para no pagar de su bolsillo” cuando invitaba a empresario?

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