El juez Pablo Llarena ha ordenado la detención de Anna Gabriel, pero solo en el ámbito nacional.
El Magistrado no ha querido activar la orden internacional que le solicitaba la Fiscalía General del Estado y ha ordenado la detención y puesta a disposición del Tribunal Supremo de Anna Gabriel solo si vuelve a España.
La Fiscalía había solicitado a Llarena que activara una orden internacional de detención contra Anna Gabriel por no asistir al interrogatorio al que estaba citada.
El Gobierno suizo ha emitido un comunicado en el que dice sobre el caso de Anna Gabriel “que no extradita por delitos políticos, » y que en Suiza no tienen base jurídica, por lo cual una eventual solicitud de extradición o de asistencia jurídica por parte de España sería probablemente rechazada.
Según el comunicado del Gobierno suizo, una eventual solicitud por parte de España «tendría que ser analizada con precisión«, ha subrayado Folco Galli, un portavoz del Departamento de Justicia, aunque ha afirmado que no le ha llegado ninguna petición a este Departamento (Ministerio). «En virtud de la base jurídica que rige la colaboración de asistencia legal entre Suiza y España (…) Suiza no autoriza, como la mayoría de los otros Estados, ninguna extradición ni tampoco ninguna otra forma de ayuda jurídica por delitos políticos«, ha dicho.
El portavoz del Departamento de Justicia ha añadido que, «según las informaciones de medios de comunicación, a priori se trataría de delitos políticos de los cuales se acusa a la política catalana», y que, «por lo tanto, Suiza no tramitaría una eventual solicitud de extradición ni tampoco una petición de asistencia judicial«.
La ex diputada de la CUP estaba citada a las 9:30 horas de la mañana, no obstante su abogado en España, el también ex diputado Benet Salellas ha confirmado al Supremo que no se presentaría.
