El juez de Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decidirá si envía a prisión a Jodi Turull y a otros cinco diputados el próximo viernes, tras comunicarles su procesamiento, si inhabilita a los investigados presos o huidos y si reactiva la orden europea e internacional de detención.
Este escenario vuelve a crear incertidumbre en la elección del próximo president de la Generalitat de Cataluña, ya que su previsible candidato, Jordi Turull, puede ser encarcelado o inhabilitado.
Si se se le inhabilita, impediría que se lo pudiera investir como president de Catalunya en caso de que mañana durante la ronda de contactos, Torrent decidiera nombrarlo a él para ocupar el cargo.
Para inhabilitar un cargo público hace falta que se haya cerrado la instrucción, esté el auto de procesamiento con los delitos definidos y que el acusado esté en prisión provisional.
Los seis investigados son Turull, los exconseller Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, la expresidenta Carme Forcadell y la número 2 de ERC, Marta Rovira. Llarena considera que se deben actualizar las medidas cautelares impuestas sobre ellos y decidir si se deben modificar.
El auto de procesamiento significa que se finaliza la instrucción y se fija el paso previo para convertirlos en acusados. Este auto puede ser recurrido ante la Sala de lo Penal del alto tribunal. Una vez que sean resueltos los futuros recursos el juez acordará el auto de apertura de juicio oral, que ya no es recurrible.
El magistrado ha dictado la providencia en la cual cita para el próximo viernes 23 a las 10.30 h a todas las partes personadas en la causa que se instruye en relación con el proceso del referéndum de Catalunya para notificarles el auto de procesamiento. A la misma hora el magistrado cita en 6 de los encausados (Carme Forcadell, Jordi Turul, Raul Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira) acompañados de letrado «con el fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.