El tribunal de primera instancia belga decide aplazar la vista para decidir sobre la entrega de Puigdemont y los exconsellers hasta el próximo 4 de diciembre, mientras la fiscalía requiere la ejecución de la orden de arresto contra Puigdemont.

El Ministerio Público de Bruselas ha solicitado ante la Sala del Consejo la ejecución de las órdenes de detención europeas emitidas por España contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers cesados que también se encuentran viviendo en Bélgica, según anunciaron los abogados defensores de los cinco miembros del Govern cesado, al final de la audiencia.

La Fiscalía belga se ha mostrado de acuerdo con la entrega a España de Carles Puigdemont y de los cuatro exconsellers por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación, según ha manifestado el abogado Christophe Marchand.

Salvo para el caso de la prevaricación, delito por el que considera que Puigdemont y los exconsellers no deben ser investigados por España, el fiscal ha señalado al juez que las conductas delictivas atribuidas a los políticos independentistas españoles se enmarcan en dos delitos que existen en código penal belga, que son los de coalición de funcionarios y malversación.

La declaración del president de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y de los consellers destituidos, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig ha finalizado alrededor de las 15 horas y ha durado una hora.

En la audiencia, que el letrado ha calificado de serena, se han escuchado únicamente los argumentos del Ministerio Público belga, y se ha comunicado tanto Puigdemont como los cuatro exconsellers que tendrán que volver al tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 4 de diciembre, cuando será el turno de los alegatos de sus defensas.

Después de los alegatos de la defensa programados para el 4 de diciembre, el juez del tribunal de primera instancia de habla flamenca en Bruselas debería someter su decisión a consideración.

Por su parte, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, dice que “cumplirá” la decisión de los tribunales belgas. “Confío en el poder judicial, y sobre todo, respeto y acepto sus decisiones (…) Si comenzamos a cuestionar eso, no creo que estemos en el camino correcto”.

Según ha afirmado la defensa de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, el motivo de dicho aplazamiento es para que el president de la Generalitat cesado y los exconsellers tengan más tiempo para preparar las alegaciones.

La defensa de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, también ha dicho en declaraciones a los periodistas al abandonar la vista que “el fiscal belga parte de la base que la norma general es cumplir las órdenes de extradición y no denegarlas”. Aunque, según dice, por ahora “ha descartado que haya delito de corrupción”.

El diputado belga Lorin Parys, de la N-VA, el partido nacionalista flamenco que da apoyo a los independentistas catalanes, ha compartido en Twitter una foto en la que se le ve cenando junto a Puigdemont y exmiembros del Govern:

“Anoche [por el jueves] cenamos con unos amigos que vinieron de visita. Hoy estamos con ellos”.

 

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