Las asociaciones de jueces y fiscales han remitido un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le instan a que derogue el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) aprobado por el ministro del PP Rafael Catalá que ponía un plazo máximo del periodo de instrucción para las causas no complejas de seis y de hasta treinta y seis meses en el caso de que fuera declarada compleja. Fueron muchos los que criticaron desde la administración de Justicia esta medida puesto que se podía generar un espacio de impunidad por el archivo masivo de causas.

En el mes de julio, Pedro Sánchez anunció una reforma del artículo 324 de la LECRIM con el argumento de que «la necesidad de una justicia ágil no puede ser excusa para la precipitación de la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala de la impunidad». Sin embargo, aún no se ha hecho nada y son varias las causas que están a punto de expirar el plazo máximo y, por lo tanto, serían archivadas. En concreto, la fecha límite es el día 6 de diciembre. Esta es la razón por la que las asociaciones de jueces y fiscales han remitido su escrito.

En medio de un escenario en el que la ciudadanía está viendo cómo la Justicia se pone, a priori, de parte de los poderosos, sobre todo tras la polémica sentencia del pago del impuesto de las hipotecas, tanto la judicatura como la fiscalía han dado un paso que, evidentemente, beneficia a la ciudadanía porque esa impunidad que denuncian los jueces y los fiscales que se podría dar con un archivo masivo de causas sólo favorecerá a quienes tienen la capacidad económica para alargar las instrucciones. ¿Quiénes son? No hablamos en exclusiva de la banca o de las grandes multinacionales, nos estamos refiriendo a esas mafias que se están instalando en España, a esos corruptos venidos de Latinoamérica que después despojar a su pueblo de las riquezas blanquean su dinero en este país con el amparo, además, de partidos políticos conservadores y de sus líderes. Estos son los que más daño le hacen a la Justicia porque como actúan sin una organización pura, como lo puede hacer una mafia, pasan desapercibidos ante la opinión pública pero el tercer poder se queda resentido.

La realidad es que Pedro Sánchez no puede demorar más la derogación o la reforma integral del artículo 324 de la LECRIM. El tiempo se acaba y son muchos los que están iniciando la celebración de la impunidad ante la Justicia.

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