Los despachos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han permanecido esta mañana semivacíos. Como si la incertidumbre se hubiera apoderado, también de la judicatura española. No en vano Jueces y Fiscales serán los protagonistas en los próximos meses.

Lo primero que tiene que afrontar el nuevo Gobierno de Sánchez, evidentemente, es nombrar ministro/a de Justicia. Las espadas están en lo alto para este cargo. Habrá que ver y estudiar las familias que compondrán el nuevo Gobierno socialista. Pero de entre todas las opciones sobresale el nombre de una mujer. Margarita Robles, su fiel escudera, además de magistrada del Supremo resuena por todos lados, aunque también hay quien la coloca como vicepresidenta del Gobierno. Pronto lo sabremos.

El segundo caso que Pedro Sánchez tendrá que acometer y que, podría ser a propuesta del ministro de Justicia previamente nombrado, o no necesariamente, es el nombramiento del Fiscal General del Estado, cuyo cargo ocupa en la actualidad, Julián Sánchez Melgar. Melgar fue nombrado por el anterior Gobierno de Rajoy, el pasado mes de enero, en sustitución del malogrado José Manuel Maza, fallecido de forma súbita mientras asistía a una reunión de Fiscales Generales en Argentina. Ahora, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que elegir a su sustituto.

Según el artículo 124 de la Constitución española, concretamente en su punto tres, se reza que “el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. Pedro Sánchez, en Consejo de Ministros, tendrá que proponer un candidato teniendo en cuenta la opinión del Consejo General del Poder Judicial. Y el elegido deberá someterse a preguntas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a fin de obtener el beneplácito del poder legislativo. En consecuencia, el fiscal general deberá contar con el aval de los tres poderes: Ejecutivo, legislativo y judicial. El proceso puede durar varias semanas, pudiendo incluso superar el mes. En el caso de Sánchez Melgar los trámites apenas duraron dos semanas desde la propuesta. Una vez superados todos los trámites, es el rey quien rubrica su nombramiento. Y no es baladí este nombramiento. Sobre esta figura recae la tipificación de los delitos. Por ejemplo, sobre él recaerá la patata caliente de rebajar o mantener los delitos que ahora se aplican a los acusados del “Procés”.

La otra situación a la que tendrá que hacer frente el nuevo presidente del Gobierno es la renovación del Consejo General del Poder Judicial el próximo mes de diciembre. Al menos, en diciembre cumple la fecha para tal renovación, aunque fuentes jurídicas explican que siempre se suele retrasar “mas o menos un mes”. Veremos que formula se utiliza para nombrar al nuevo presidente de los jueces, pero fuentes jurídicas explican que una buena formula sería la actual para elegir a los vocales del Consejo, es decir: los 3/5 de la Cámara; de 350 diputados, tendría que contar con el apoyo de 210.

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