Este sábado se ha concentrado en la Plaza de Callao la Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos en Madrid, para reclamar al gobierno venezolano el pago de sus pensiones.
Pedro Ontiveros, presidente de la de Pensionados y Jubilados Venezolanos en Madrid, ha concedido una entrevista a Diario 16, en la que nos expresa su preocupación por las penurias que están sufriendo muchos de sus compatriotas, al tener que acudir a Cáritas, o a los bancos de alimentos de sus lugares de residencia.
El 21 de noviembre de 2016 se presentó la Federación de Jubilados y Pensionados Venezolanos residentes en España (Fapejuve), con sedes en Madrid, Canarias, Cataluña, Asturias, Galicia, Valencia y Andalucía, y la Asociación de Pensionados en el Exterior (Asopex). Todas ellas firmaron la declaración de Madrid, en la que explican la situación crítica de los jubilados y pensionados venezolanos en España.
“Venimos luchando en Madrid, desde hace meses igual que en el resto las principales provincias de España, porqué el Gobierno de Venezuela no paga nuestras pensiones y jubilaciones” nos explica Pedro Ontiveros. Los jubilados venezolanos en España pertenecemos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el equivale en España al Instituto Nacional de Seguridad Social, que es el que tendría que pagar pero no lo hace. Ontiveros explica que la mayoría de los afectados tiene la doble nacionalidad, “somos venezolanos y también españoles en una gran mayoría, no todos por supuesto”
Existe un convenio bilateral firmado entre España y Venezuela el 12 de mayo de 1988, mediante el cual “a los venezolanos que estamos en el territorio español, se le transforma su pensión en euros, y a los ciudadanos españoles que están en Venezuela, se les envía la pensión en bolívares” nos explica Pedro Ontiveros, presidente de la de Pensionados y Jubilados Venezolanos en Madrid
El estado venezolano incumple así el convenio en materia de Seguridad Social suscrito entre ambos países desde julio de 1990. El gobierno de Venezuela, además, no ha dado ninguna explicación sobre el motivo del impago. El mutismo es total denuncian los manifestantes.
Hay una carta del Consulado General de Venezuela en Madrid, con fecha 19 de Octubre de 2016, en el que reconoce el impago por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de la pensión a un jubilado.
Pedro Ontiveros, denuncia que llevan más de “22 meses sin cobrar nuestras pensiones”. Denuncia también la situación de las solicitudes aprobados por el organismo denominado CADIVI, (hoy CENCOEX), al día de hoy no ha cumplido con el pago de solicitudes aprobadas, a los jubilados residentes en nuestro país después de estar aprobada su solicitud. “Se les ha negado sin ningún tipo de explicación”. Debemos hacer notar que los pagos de este organismo desde 2003 hasta 2014 se realizaban con regularidad.
Pedro Ontiveros explica que hay 400 casos de venezolanos que se trasladaron a España y solicitaron su pensión a través de la pagina web de CENCOEX, que mediante un procedimiento enviaron toda su documentación y hasta este momento “algunos tienen más de 2 años que no les ha entrado ningún tipo de respuesta en el ingreso, no solamente que no será ya autorizado, sino que no hay ninguna respuesta por parte del gobierno venezolano”
Los jubilados venezolanos en España, están subsistiendo, algunos con sus ahorros de toda la vida, con las ayudas de familiares e hijos que tienen aquí y otros “están dependiendo de ayudas a través de Cáritas, ayudas de las alcaldías, pero en muchos casos la situación es difícil”, denuncia su presidente. “Estamos pidiendo una ayuda al gobierno español a ver de qué manera nos puede paliar la situación, asignando una cantidad de dinero para poder sobrevivir. Pero la situación cada día se agrava más”, explica
“A través de la Comunidad de Madrid se han logrado algunos avances. Nos están dando algún tipo de ayuda a través del Banco de Alimentos” ilustra Ontiveros. Pero hay un problema desde el punto de vista jurídico en España para cobrar una ayuda de una administración pública. Por ejemplo si hay una prestación social importante en la Comunidad de Madrid, como la Renta Mínima de Inserción, “que nosotros pudiéramos aspirar a ella, uno de los requisitos, es que debemos tener un número de años en España y no podemos tener otra prestación económica”, desglosa Ontiveros. “Para ello, argumentan que nosotros tenemos una pensión adjudicada y es necesario que esa pensión se nos suspenda, se nos elimine”.
Se han puesto en contacto con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, incluso desde las instituciones madrileñas, para confirmar que “nosotros no estamos cobrando la pensión, ni ningún tipo de ayuda” denuncia Pedro Ontiveros.
Pero el gobierno de Venezuela no ha dado ninguna respuesta oficialmente el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid, “se han puesto en contacto con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y tampoco han recibido respuesta”. “Estamos a la espera que nos dejen presentar algún tipo de documentación del Consulado de Venezuela, o del Banco Central de Venezuela en la que se vea que no estamos recibiendo ninguna pensión, para ver si nos pueden ayudar de alguna manera” finaliza con rabia Pedro Ontiveros, presidente de la de Pensionados y Jubilados Venezolanos en España.
Las principales reivindicaciones de la Federación de Jubilados y Pensionados Venezolanos residentes en España (Fapejuve) son las siguientes. (Los meses han aumentado, al estar redactado en Noviembre 2016)
- Denunciamos que hemos sido discriminados y abandonados por el gobierno de Venezuela, ya que desde hace 22 meses no se autoriza la transferencia de divisas a través de CENCOEX, en unos casos, y 11 meses del IVSS en otros, no nos cancelan nuestras pensiones y jubilaciones en el exterior.
- Que somos una comunidad muy vulnerable debido a nuestra avanzada edad, ya que no tenemos la posibilidad de trabajar y que dependemos exclusivamente de nuestras pensiones y jubilaciones para los gastos de vida.
- Que estamos padeciendo todo tipo de privaciones, al no recibir oportunamente las pensiones y jubilaciones a las que por Ley tenemos derecho
- Que el Gobierno de Venezuela está incumpliendo los tratados vigentes firmados con España, Italia, Portugal, Chile, Uruguay y Ecuador, para el oportuno pago a los pensionados residentes en esos países, desde enero 2016, estipulados en la Ley vigente aprobatoria del Convenio de Seguridad Social.
- Que el organismo denominado CADIVI, (hoy CENCOEX), al día de hoy no ha cumplido con el pago de solicitudes aprobadas, a los jubilados residentes en cualquier país del mundo desde agosto del 2015 y a muchos de ellos después de estar aprobada su solicitud se les ha negado sin ningún tipo de explicación. Es de notar que desde 2003 hasta 2014 los pagos por intermedio de este organismo se realizaban con regularidad.
- Que la opción de solicitudes para el pago de las jubilaciones en el exterior está clausurada en la página web de CENCOEX desde el 5 de enero de 2016, negando así la posibilidad de realizar nuevas solicitudes.
- Que la falta de recursos económicos ha constituido un gravísimo problema para esta comunidad, imposibilitándoles a hacer frente al pago de sus compromisos, inclusive para las medicinas para enfermedades propias de la edad. Y lo que es más grave aún que al menos dos pensionados han fallecido en España recientemente aquejados no solo a su enfermedad sino por la falta de recursos y la indigencia económica en la que han dejado a su grupo familiar; lamentablemente, muchos más seguiremos este trágico camino de no agilizarle los pagos pendientes.
- Que la comunidad de pensionados y jubilados en el exterior es de unas 12.500 personas, de las cuales 8.500 están residenciadas en España, principalmente en Canarias (4.000), lo que se está convirtiendo en un problema de grandes proporciones para el estado español.
- Que los montos en divisas requeridos para atender a los pagos de jubilados y pensionados, representan una cifra insignificante cuando se contrasta con el presupuesto de gastos del Estado venezolano que se mide en miles de millones de dólares.
- Que existen alrededor de 2.500 pensionados que viven en el exterior y que han solicitado el traslado de sus pensiones desde el 2014 a los seis países con convenio y no han sido incorporados a las nóminas de pago del IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) a pesar de cumplir con todos los requisitos.
