Foto Agustín Millán

Jubilados indignados, convocados por los sindicatos UGT y CCOO, han rodeado el Banco de España en Madrid por unas pensiones dignas formando una cadena humana. También se han concentrado en otros edificios diferentes ciudades de España. Los sindicatos mantienen su objetivo de derogar la reforma de las pensiones de 2013 que ha supuesto la ruptura del necesario Pacto de Estado en esta materia.

Exigen al Gobierno el carácter retroactivo del incremento de las pensiones desde enero de 2018, ya que “la entrada en vigor de los presupuestos, si son finalmente aprobados, está prevista para junio y la estimación del coste de la revalorización de pensiones, debe garantizar un incremento que garantice su poder adquisitivo desde principios de año”, han señalado.

M. Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha recordado que el Gobierno “en 2013 hizo una ley para convertir el sistema en uno de pensiones mínimas, recortando año a año la pensión entre un 1,25% y un 1,75%”.

“Llevan años diciendo que el sistema era insostenible, que no había dinero, que gastábamos mucho en pensiones. Todo era falso. Nos han estado mintiendo. La única manera que hemos tenido de conseguir que reconozcan que mentían y den marcha atrás ha sido mediante las movilizaciones masivas de la ciudadanía de este país y hoy es un ejemplo”, ha afirmado Barrera.

En este sentido, la responsable de pensiones de UGT ha recordado que “les bastó un año en el Gobierno para que el déficit de la Seguridad Social ascendiese a 11.700 millones de euros. Se querían cargar la Seguridad Social dinamitando el modelo de empleo, precarizando al máximo y recortando derechos, para darle todo el poder a las empresas y a las entidades financieras”.

“Se creen que nos regalan la pensión, no entienden ni aceptan el principio de solidaridad intergeneracional que preside nuestro sistema de pensiones públicas”, manifestó, “Que ahora se recorte la pensión a las generaciones que han levantado este país es injusto y no lo vamos a consentir”, ha insistido.

“Si no se deroga la reforma de pensiones de 2013, hay que seguir presionando. Si se cargan las pensiones le cambian la cara a nuestra sociedad. Hay que demostrar en las calles que la unión hace la fuerza y que es la única manera de cambiar las políticas de este Gobierno. Esa es nuestra principal herramienta ahora”.

Carlo Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, ha afirmado que “es clave el pacto intergeneracional y la confianza, si queremos garantizar la sostenibilidad del modelo de pensiones”. “Las pensiones son un derecho, no un privilegio”.

“Cuando se distribuye mal el crecimiento entre salarios y beneficios, y el Estado no corrige, la democracia sufre”, ha afirmado Bravo. Y ha insistido en que las “movilizaciones han provocado que se desplace 2-4 años el factor de sostenibilidad, pero sigue siendo necesario garantizar pensiones suficientes”.

“El acuerdo del PNV solo pospone el problema”, advierte Carlos Bravo, quien recuerda que las movilizaciones no son solo por las pensiones de hoy, sino para proteger las jubilaciones de las generaciones futuras.

CCOO y UGT manifiestan que para que se garantice su poder adquisitivo, las concesiones del Gobierno a varios grupos políticos en el periodo de negociación de los PGE son insuficientes. “La reforma sin acuerdo de las pensiones de 2013 sigue en vigor, aún pospuestos sus efectos. Supuso y supone una ruptura del Pacto de Estado sobre pensiones que debe ser corregida”, afirman.

Las aquiescencias del Gobierno a varios grupos políticos, en el periodo de negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, ha puesto de manifiesto que ambos sindicatos tenían razón cuando decían “que había dinero para llevar a cabo sus propuestas y que el problema fundamental era la ausencia de voluntad política”, señalan en el comunicado de convocatoria.

UGT y CCOO destacan además que “para que no haya pérdida de poder adquisitivo, no basta con subir las pensiones conforme al IPC previsto”, como se ha anunciado. “Es necesario volver a la fórmula de revalorización acordada en el Diálogo Social en 1996, que ha generado el mayor periodo de nuestra historia reciente con garantía de poder adquisitivo de las pensiones”, derogada por la reforma de 2013, “que establecía una cláusula de revisión al el IPC, que ahora no aparece”, exigen.

Para ambas organizaciones “es necesario derogar la reforma de 2013 en su integridad”, ahora solo desplazada en el tiempo en su ejecución por el acuerdo entre el Partido Popular y PNV, con el consentimiento de Ciudadanos. “Hay que suprimir el Índice de Revalorización de Pensiones y el Factor de Sostenibilidad que se definió en ella” concluyen.

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