El 26 de agosto de 2017, Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción en Cádiz, participaba en una marcha reivindicativa contra la ocupación ilegal de las vías pecuarias en la Sierra de Grazalema por parte de latifundistas y pequeños propietarios. Mientras estaba en la marcha, una persona introdujo 40 gramos de cocaína en su coche y avisó a la Guardia Civil, que lo detenía. Tras pasar en el calabozo toda la noche, declaró en el juzgado.

Parece el argumento de una película de intriga, pero la historia es mucho más seria y peligrosa, al tratarse de una trampa que tendieron a este portavoz de Ecologistas en Acción para encarcelarle y quitarle de en medio. Sí, literalmente quitarle de en medio, y de pasó dar un aviso a los que todos los días están defendiendo el medio ambiente en España. Especialmente, a entidades como Ecologistas en Acción, que solo en el mes de agosto interpuso cuatro denuncias por ocupación de vías pecuarias que son de uso público.

Afortunadamente, el caso ha tenido final feliz, puesto que el 15 de septiembre el juez ha archivado la causa afirmando que el activista ha podido ser víctima “de actuaciones malintencionadas por parte de terceros… involucrándolo en un delito (tráfico de drogas) del que no existe indicio alguno”.

Ante la gravedad de los hechos, aquí no puede acabar todo. El escrito de archivo del juez, tiene que servir para que se inicie una investigación más en profundidad sobre los autores materiales y los instigadores de este hecho, a la vez que se indaga si ha existido alguna complicidad por parte de algún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como señala la organización ecologista.

Al mismo tiempo, las distintas administraciones tienen que hacer cumplir la ley y dejar claro que no se van a permitir ni hostigamientos ni amenazas a las personas y organizaciones que están defendiendo nuestro patrimonio ambiental y nuestras leyes.

En este sentido, las administraciones deben ser más activas y contundentes a la hora de impedir la ocupación ilegal de caminos. Algo cada vez más frecuente, y que ha llevado este verano a la Junta de Andalucía a desarrollar un plan de choque contra la ocupaciones de vías pecuarias.

Nuestra sociedad no puede ser permisiva. Hay que utilizar toda la fuerza del Estado de Derecho contra el hostigamiento, las amenazas y los ataques que sufren los ecologistas. Si no se hace, más pronto que tarde, pasarán una línea roja que en otros países significa asesinatos.

No es una exageración. Como señala el informe de Global Witness, en el año 2016 al menos 200 defensores del medio ambiente fueron asesinados en el mundo y las cifras podrían ser mayores. Casi cuatro asesinatos a la semana es algo tan peligroso y desgarrador como para que todos nos lo tomemos más en serio.

Sabemos que el silencio de la mayoría hace que los criminales se sientan más fuertes e impunes en sus acciones. Sabemos que el silencio hace que aumente la criminalización hacia los defensores del medio ambiente, que deberíamos ser todos. Como afirma Global Witness, las personas que defienden la tierra se enfrentan a desapariciones forzadas, ataques violentos, amenazas a familiares, amenazas de muerte, chantaje, vigilancia ilegal, acoso judicial, uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas…. Pero una de las estrategias más utilizadas es manchar su reputación con acusaciones falsas para silenciarlos.

A Juan Clavero primero le insultaron, luego le amenazaron y quemaron el coche. Después le hicieron seguimientos hasta tenderle la trampa de la cocaína en el coche. Todo les ha fallado hasta ahora. Pero para que no se atrevan a intentarlo de nuevo tienen que saber que Juan Clavero somos todos.

 

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