caso-acuamedJavier Moya Lámbarri, director de los servicios jurídicos del Administrador de Gestión de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, y con anterioridad de la empresa pública Acuamed, ha sido despedido. Fuentes de Adif manifiestan que dicho despido no tiene nada que ver con una hipotética implicación en el Caso Acuamed a pesar de que este abogado del Estado prestó sus servicios en la empresa cuando tuvieron lugar las irregularidades que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

El nombre de Moya Lámbarri aparece en varios documentos que se han incorporado al sumario del Caso Acuamed, en el que se investigan concesiones de obras de infraestructuras acuáticas a empresas que llegaron a facturar, incluso, modificaciones de las mismas de manera irregular, con evidente perjuicio para el erario público. En una de ellas, el entonces director de los servicios jurídicos se negó a recibir una notificación notarial remitida por el ingeniero Francisco Valiente, en la que adjuntaban documentos denunciando los hechos investigados. Moya Lámbarri no aceptó hacerse cargo de dicha notificación “por no venir a mi nombre sino al de la secretaria del Consejo de Administración de Acuamed”. Días después, el ingeniero denunciante fue despedido. Moya Lámbarri validó, como máximo responsable jurídico, la viabilidad legal de dicho despido.

Cuando, por fin, la documentación de Valiente llegó a manos de los responsables de Acuamed, Javier Moya fue el encargado de estudiar las irregularidades expuestas. En un informe final, dijo que “no se aprecian consecuencias jurídicas de relevancia en la documentación estudiada, al tratarse de afirmaciones de D. Francisco Valiente sin respaldo documental alguno”. Para entonces, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ya había recibido la denuncia y había empezado a investigar el contenido de la misma.

El otro asunto en el que Moya Lámbarri aparece implicado es en el de la desaladora del Bajo Almanzora. Dicha planta estaba prácticamente inutilizada cuando la UTE concesionaria de las obras, Fomento de Construcciones y Contratas, se puso en contacto con Acuamed para llegar a una solución.

Según consta en un informe incorporado al sumario del Caso, Moya Lámbarri, recomendó, en un principio, “rescindir el contrato a la UTE por el estado de abandono de la planta, arreglar los daños y posteriormente reclamárselos a la UTE”.

Pero el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y altos cargos del ministerio de Agricultura imputados en la Causa, y que forman parte de lo que se ha dado en llamar “la mafia del agua” encontraron otra “solución”. Habilitar una partida extraordinaria de 20 millones de euros para cumplir con un acuerdo que el juez Velasco califica de “privado y totalmente fuera de las vías legales”. Un dinero para “reparar” los defectos de la planta, y repartir el sobrante entre los representantes de la UTE y de Acuamed.

Según testigos que han declarado ante el juez Velasco, Moya Lámbarri “cambió su postura inicial y elaboró un informe favorable a este acuerdo”. No obstante, aunque ha sido llamado a declarar, el juez Velasco no le ha imputado, al menos de momento.

Poco después de haber comenzado la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, Javier Moya abandonó Acuamed. Gracias a los buenos oficios de su amigo, Federico Ramos de Armas, entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, y, posteriormente número tres de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, acabó por ser nombrado responsable de los servicios jurídicos del gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif. En esta empresa niegan que exista relación de su despido con lo que pasó en Acuamed, pero lo cierto es que su principal valedor, Ramos de Armas, ha tenido que dimitir al habérsele imputado en la Causa, y en Adif se han abierto investigaciones de operaciones irregulares relacionadas con las obras del AVE.

 

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