En la pasada reunión del máximo órgano político de Izquierda Unida, su Coordinadora Federal, celebrada el 13 de enero tras las elecciones de Cataluña, se aprobó un informe político autocrítico, pero que no termina de situarse en el marco de la realidad política española.

La autocrítica es necesaria, pero no basta una mera confesión, propia de la moral católica. Ha de ser útil y eso implica corregir los errores y rectificar la práctica. Volver a situar la acción política en el carril de la realidad.

Y la realidad es que el problema de Unidos Podemos va más allá de las encuestas o de la visibilidad de IU. Lo fundamental es que el electorado no se identifica con el concepto de “unidad popular” que hemos aplicado. Así ocurrió en las elecciones generales de 26 de junio de 2016 (dónde se perdió 1 millón de votos) y lo más importante: el número total de votos en todas las circunscripciones fue inferior a los que por separado habían obtenido el 20D las fuerzas integradas en UP, salvo en Navarra por muy escaso número. Eso incluye tanto a los lugares donde había experiencias anteriores de confluencia electoral como donde no. En los municipios con “ayuntamientos del cambio” los resultados tuvieron la misma tónica, excepto en Ferrol.

Las elecciones catalanas han tenido resultados aún más nítidos. Retroceso de 11 a 8 diputados, pese a que ahora (y pocos lo han subrayado) se contaba con la integración y el predominio en las candidaturas de los seguidores de Ada Colau. Y en Galicia, las elecciones celebradas unos pocos meses después del 26J (septiembre de 2016) ya mostraron una importante pérdida de votos.

Esto son hechos que no admiten la especulación habitual sobre las encuestas, que ya sabemos recogen la realidad en un momento concreto para influir sobre ella a medio y largo plazo. Pero sería torpe ignorarlas, especialmente cuando señalan tendencias ampliamente compartidas. Ignorancia peligrosa cuando con una pérdida de 3 puntos en cada circunscripción provincial y las mismas posiciones en las listas de UP de los miembros de IU, a ésta sólo le quedarían dos diputados en el Congreso. Si el retroceso es mayor, las consecuencias serían aún más graves. Claro y sencillo.

Ya se sabe que así funciona la Ley Electoral. Pero lo sorprendente es que el grupo parlamentario de Unidos Podemos no sitúe su prioridad en la reforma de esa Ley para la que se pueden encontrar ahora aliados suficientes. La actual Ley Electoral no debe permanecer como una coartada para justificar cualquier confluencia.

Porque se puede escribir en los informes que los aspectos electorales son sólo una parte de la política de confluencia. Pero no es menos cierto que hablamos mucho más de confluencia cuando llegan las elecciones y, fuera de eso, los acuerdos sobre campañas sociales, impulso de las luchas, programas y objetivos de las movilizaciones están inéditos con las fuerzas a las que hemos calificado con demasiado entusiasmo de rupturistas.

Tres convocatorias, ¿un sólo acuerdo?

Estamos ante un nuevo ciclo electoral, en el que coinciden tres convocatorias: municipales, autonómicas en la mayor parte de las CC.AA. y europeas. Las autonómicas andaluzas serán unos meses antes y, posiblemente, las gallegas coincidan con la convocatoria general.

Una de las señas de identidad de IU es la de ser una fuerza esencialmente municipalista. Con una realidad política muy diferente en cada localidad y el predominio de la participación en lo que convencionalmente podemos definir como “ayuntamientos de izquierda”. La experiencia en cada uno de ellos es diferente y tendrá que ser valorada. Pero hoy Izquierda Unida tiene unos 200 alcaldes y bastantes centenares de concejales en esas responsabilidades de Gobierno.

Por su parte, los llamados “ayuntamientos del cambio” son pocos, pero significativos por su población y, sobre todo, por el papel simbólico que juega el de Madrid, capital del Estado.

No puede haber lugar para el auto engaño. Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid no es un incidente en el marco del acuerdo que sustenta a ‘Ahora Madrid’ y la alcaldesa. Es una hoja de ruta: Carmena ha planteado públicamente que quiere decidir su lista, y Podemos le ha dado su apoyo. Eso después de afirmar que los programas con los que los candidatos se comprometen ante el electorado son meras sugerencias y que en los gobiernos municipales las fuerzas políticas tienen poco que decir. La operación urbanística denominada “Operación Chamartín” aparece en el momento de escribir estas líneas como un nuevo punto de confrontación. Y muy recientemente Podemos está “ocupando” los primeros puestos de las listas, al menos en operaciones de marketing político.

Estas no son diferencias coyunturales propias de cualquier alianza, sino problemas nodales de un programa de transformación. Quienes exigen la “unidad de acción (institucional, en este caso -nota del autor-), sin descalificaciones por muy justificadas que puedan estar algunas veces” sitúan, lo quieran o no, el acuerdo institucional como un fin al que hay que sacrificar el programa. Esto, que se intentó imponer por parte de significados dirigentes de IU, fue rechazado por la afiliación de IU de la ciudad de Madrid y es un ejemplo que refuerza la idea de que cualquier acuerdo de confluencia (también los electorales e institucionales) debe ser construido y definido desde abajo y colectivamente.

Por todo ello algunos pensamos que una mera reunión regular de la Asamblea Política y Social de IU es insuficiente para generar el proceso de debate necesario y que la mera ratificación es el criterio participativo de más baja calidad para tomar una decisión asumida colectivamente.

La ratificación sólo es realmente participativa cuando es fruto de un debate que ha de tener en cuenta, al menos, la experiencia existente en cada lugar, la presencia real de las distintas fuerzas, las coincidencias sobre el programa, y la práctica política.

Es más, partimos de situaciones muy diferentes también en las CC.AA. No es lo mismo la realidad de Andalucía, con el PSOE de Susana Díaz en el Gobierno, que Castilla La Mancha con Podemos dando soporte al Gobierno del PSOE, Navarra con un acuerdo más amplio que la simple confluencia con Podemos, o Asturias con una visceralidad anti IU de Podemos.

En el funcionamiento habitual de IU nadie mejor que las propias asambleas locales conocen la realidad de cada municipio. Por ello, la conformación de las candidaturas municipales debe basarse en la autonomía de las asambleas de base para decidir si es preferible presentar candidatura con la denominación y las siglas de IU o hay condiciones para conformar candidaturas, que, con la fórmula jurídica de coalición, y siempre de acuerdo con los valores y el programa de IU, permitan obtener un resultado mejor.

Esto significa que no es conveniente un acuerdo-marco, por más que se le hagan excepciones. Parece más realista examinar la aplicación de dos modelos distintos, según las condiciones políticas y los deseos de la afiliación en cada lugar. A ello habría que añadir las prevenciones jurídicas necesarias para que los concejales electos en cada Partido Judicial puedan dirigir su voto de forma unitaria a los correspondientes diputados provinciales.

En las elecciones autonómicas la prioridad al programa cobra aún más importancia y debe ser acompañada de la valoración de la práctica política y de movilización social de las fuerzas con las que sea posible un acuerdo (convergencia con quién y para qué, sobre el criterio de la práctica). A eso hay que añadir los elementos de autonomía de las partes (por tanto de IU y de visibilidad de sus propuestas). Una coalición electoral mal planteada y mal negociada desmiente, como estamos viendo, aquello de que “la suma multiplica”.

Las elecciones europeas son las menos influidas por la Ley Electoral, ya que la circunscripción es todo el territorio. En este sentido, los aspectos programáticos cobran la máxima importancia y permiten multitud de soluciones de acuerdos de trabajo conjunto, sin que la unidad en una misma candidatura tenga influencia positiva sobre los resultados electorales.

Todo esto hace poco aconsejable un acuerdo marco, que no podría ser otra cosa que un acuerdo general de intenciones.

La importancia del desafío electoral y la complejidad de la nueva situación política nos llevó a plantear en la reunión reseñada al principio de este artículo, que la herramienta más adecuada para la propiciar la participación que todos defendemos es la celebración de una Conferencia política que culmine un proceso de debate profundo en toda la base de IU. Eso permite una cascada de iniciativa política muy positiva en lo interno, y en lo externo ante nuestro electorado, la sociedad y los medios de comunicación

Un proceso que debe despertar la ilusión y el compromiso de la militancia y los simpatizantes y ser reconocido como útil por el electorado. Sin participación real eso es imposible.

Con ilusión y compromiso, los resultados serán los mejores.

 

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