Cristina Angulo Guinda, jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Calahorra, ha emitido un auto en que cursa las instrucciones emitidas por la Fiscalía por un presunto delito contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa, desobediencia grave y contra la ordenación del territorio. Se trata del procedimiento de los 41 expedientes remitidos por el actual alcalde de Arnedo, Javier García (PSOE) a instancias del Ministerio Fiscal acerca de la situación de varias parcelas. A lo largo de los últimos años el Ayuntamiento de Arnedo impuso multas y sanciones de manera constante pero la Fiscalía no había actuado. La mala planificación y la distribución en la cuenca del río Cidacos es consecuencia de la permisividad de corporaciones municipales con este tipo de construcciones.
Entre los investigados se encuentra el anterior alcalde Juan Antonio Abad Pérez (PP), además de cargos municipales como los arquitectos del Ayuntamiento de Arnedo, las técnicas de Urbanismo, la inspectora urbanística o la vigilante municipal de obras.
La jueza autoriza, además la inspección ocular tanto de fincas como de obras, construcciones o edificaciones existentes «cuya comprobación resulte procedente y útil para la causa». Por esta autorización la Guardia Civil podrá acceder a las parcelas y edificaciones que no sean un domicilio particular.
Esta actuación judicial contrasta con los hechos que están ocurriendo en los juzgados de Talavera de la Reina (Toledo) en referencia a las denuncias del Juez Decano Fernando Presencia y de Ecologistas en acción en referencia a lo que se ha llamado el «caso del chalet del Fiscal» y a la actuación de la Confederación Hidrográfica del Tajo al no poner en conocimiento de las autoridades judiciales las irregularidades que la propia CHT sancionó.
Ver http://www.cita.es/fiscal/coam
A la Fiscalía de Madrid, Málaga (Velez-Málaga), La Rioja (Logroño) y Salamanca
Hiperenlaces en http://www.cita.es/fiscal/coam y http://www.miguelgallardo.es/fiscal-coam.pdf
He tenido conocimiento por artículos de prensa de que el arquitecto denunciado ha trabajado en Málaga, Rioja y Castilla-León pese a ser funcionario con dedicación completa y con cargos de dirección en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). He solicitado a los colegios información de sus visados y verbalmente se me comunicó que no consta y que posiblemente el visado se haya producido en el COAM. También me dirigí el mismo día que recibí su escrito (27 de enero) al Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España que con fecha 2 de febrero nos comunica que ha dado traslado del asunto al Secretario General Don Enrique Soler Arias, de quien espero noticias con datos e insto a que se coordine el COAM, porque en mi opinión, debería actuarse de oficio e inspeccionar todos los visados del arquitecto-funcionario denunciado.