Empiezo con un agradecimiento al presidente Juan Vicente Herrera por su hospitalidad. Es un reconocimiento que hago extensivo al resto del gobierno de Castilla y León. Muchas gracias y, por supuesto, saben que les esperamos en Asturias. Lo digo ante los medios para que quede constancia pública de esta invitación y así se sientan más emplazados.
Que dos vecinos se reúnan para hablar de asuntos comunes es normal. Que lo hagan los presidentes de comunidades unidas, más que separadas, por los montes de la cordillera cantábrica, donde participamos en el parque nacional de los Picos de Europa, también es normal. Que lo hagan aunque discrepen políticamente, también debería ser, es normal. Y, en fin, que pese a sus diferencias se esfuercen en buscar consensos también debería ser normal. Es normal entre vecinos, entre instituciones y entre demócratas.
Por lo tanto, situemos este encuentro en la más absoluta normalidad. No busquen otras explicaciones, quizá con más intriga pero menos realistas. Desde 2000 en adelante, los gobiernos de Castilla y León han celebrado cuatro encuentros institucionales. Éste es el quinto, y ya saben lo que dicen los aficionados a los toros: que no hay quinto malo.
La reunión de hoy ha servido, en primer lugar, para repasar los compromisos asumidos en esas reuniones previas. Existe un protocolo de colaboración suscrito en 2008 que abarca 13 capítulos. Son asuntos que pueden parecer menores, cotidianos, pero que tienen mucha relevancia práctica. Me refiero, por ejemplo, a la colaboración en materia de asistencia sanitaria urgente a las poblaciones limítrofes, un objetivo similar al establecido en otras políticas importantes, como la lucha contra la violencia de género, seguridad y protección civil y medio ambiente. Aprovecho para agradecer al presidente Herrera la pronta disposición y colaboración que ofreció al Principado en diciembre, cuando una oleada de fuegos criminales calcinó numerosas hectáreas de los montes de Asturias.
Todos esos planteamientos de colaboración, insisto, se mantienen y refuerzan. Incluidos aquellos objetivos que, compartidos por ambos gobiernos, aún no han sido puestos en marcha, como la vía de altas prestaciones entre Ponferrada y La Espina.
Pero, por supuesto, no nos hemos quedado en el repaso de aquellos compromisos. Asturias y Castilla y León tienen preocupaciones e intereses comunes. Los conocen todos ustedes: la situación de la minería, el problema demográfico, la financiación autonómica y nuestra participación en la macrorregión del suroeste europeo (RESOE) son algunas de las principales. Puedo asegurarles que en todos ellos hay una elevada coincidencia entre ambos gobiernos, una coincidencia básica que nos permitirá exponer y defender planteamientos compartidos con toda la lealtad institucional.
Les hago un breve resumen sobre los tres primeros.
- Respecto a la minería, ambos gobiernos somos realistas. Quiero empezar con esta cautela porque cuando sostenemos que algunas explotaciones de carbón pueden ser rentables no estamos pensando en un imposible. Pueden serlo. Ustedes saben que hay una limitación, que establece la Unión Europea, y que determina que a partir de 2018 las que sean rentables podrán continuar, siempre que devuelvan las subvenciones recibidas en el pasado. Eso las haría inviables a partir de ese momento, por eso estamos de acuerdo en actuar con el Gobierno de España y con Bruselas para que no sea necesaria esa devolución. Hemos hablado de ese riesgo y de otros que afectan al carbón nacional, que atraviesa una muy difícil situación para las empresas, que pueden no llegar a 2018 si no se resuelven cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con que el carbón autóctono pueda ser quemado en los grupos de generación. Había una fórmula que no fue aprobada en la Unión Europea, nosotros planteamos otras y Castilla y León ha puesto en marcha la idea del céntimo verde que, por supuesto, suscribimos. Estamos en sintonía en esa posición. Por tanto, es una auténtica urgencia evitar el cierre prematuro y forzoso de explotaciones mineras en Asturias y en Castilla y León; una urgencia que no debe postergarse por la situación de incertidumbre política que estamos viviendo en el conjunto de España.
- Respecto al problema demográfico, los dos gobiernos vamos a empeñarnos en un objetivo común: que tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea asuman la gravedad del problema y actúen en consecuencia. No estamos hablando de un problema aislado particular de Asturias, de Castilla y León o de otras comunidades como Galicia y Aragón; nos referimos a una crisis demográfica de fortísimas repercusiones socioeconómicas para España y otros países de la Unión.
El miércoles el presidente Herrera pidió en Bruselas a la Unión Europea que no cierre los ojos ante el problema demográfico. Asumo esas mismas palabras, las comparto y las dirijo también al Gobierno de España: que ni cierre los ojos ni mire para otro lado. En este punto, los gobiernos de Asturias y de Castilla y León continuaremos colaborando en todos los foros y grupos territoriales en los que participamos, como la macrorregión del suroeste Europeo, la RESOE, para dar la voz de alerta sobre esta cuestión, que exige políticas de Estado y estrategias de ámbito europeo.
- Lo anterior me lleva al tercer capítulo, la financiación autonómica. Cualquiera que esté al tanto en los medios de comunicación sabe que este asunto es un Guadiana que aparece y desaparece periódicamente. Leerán que se piden y se ofrecen, supuestamente, financiaciones a la carta. A tal comunidad, por deuda histórica; a tal otra, en función de su renta… Eso ni es serio ni es creíble ni sería posible y, lo que es más importante, tampoco sería bueno. Aquí, y lo afirmo con rotundidad, hay que asegurar la igualdad en la prestación de servicios y la suficiencia financiera en todo el territorio del Estado. Ese objetivo sólo se puede asegurar mediante una negociación multilateral en la que se atiendan las voces de todas las comunidades autónomas. De las que vocean más y más a menudo y de las que defienden sus planteamientos con más sosiego pero con mayor lealtad y seriedad.
Los gobiernos de Asturias y de Castilla y León estamos de acuerdo en esos criterios, que son el punto de partida obligado para conseguir un resultado razonable en la reforma de la financiación.
También compartimos los criterios respecto al techo de déficit, cuestión ligada directamente a la financiación. Ambos gobiernos consideramos una buena noticia que la UE haya flexibilizado los plazos para España y que como consecuencia de esa decisión el ministerio de Hacienda se plantee mantener el límite del 0.7% para las comunidades autónomas en este ejercicio, frente al 0,3% previsto. Este mismo jueves está prevista una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sabremos entonces con mayor detalle cómo se formula esta propuesta.
A la espera de esa reunión, consideramos necesario insistir en otras cuestiones. No debemos tolerar la demonización de los gobiernos autonómicos. Esa imagen según la cual los gobiernos autonómicos son manirrotos e irresponsables mientras los ayuntamientos y la Administración central son esforzados campeones del rigor y de la eficiencia en el control del gasto público es completamente falsa e injusta. Hay un par de datos que entiende cualquiera. Las comunidades autónomas gestionan aproximadamente el 35% del gasto público total, el que suman todas las administraciones. Pues bien, el porcentaje de déficit concedido a las comunidades autónomas equivale a menos de la mitad de ese porcentaje: el 16%. Son números que no necesitan mucho comentario.
Por lo tanto, bienvenido sea ese porcentaje del 0,7% para 2016. No negamos que sea una buena noticia. Ahora bien, la noticia que nosotros queremos, la noticia que sería verdaderamente justa, es que la distribución del déficit entre las administraciones públicas sea proporcional a su participación en el gasto público total.
Concluyo esta primera intervención. Sé que hay expresiones socorridas, de las que es casi imposible escapar. Una de ellas es la del frente común. Verán, los gobiernos de Asturias y de Castilla y León no hacemos un frente común contra nadie, sino que nos apoyamos mutuamente en la defensa de intereses compartidos. Lo hacemos con planteamientos –ustedes los juzgarán- razonables, de sentido común y rigor; es decir, planteamientos que pueden resistir los vaivenes electorales.
Esta reunión, insisto, ha sido un encuentro institucional entre gobiernos de comunidades vecinas. Una reunión de trabajo pensada para fomentar el consenso, la colaboración y el apoyo mutuo. Lamento, aunque este comentario ya se escape al ámbito de este encuentro, que la capacidad de acuerdo se haya convertido en un bien escaso en la política española.
Muchas gracias.
