El Ministerio del Interior ha decidido encerrar de forma “provisional” en la nueva prisión de Archidona, en Málaga, cerrada desde que finalizaron las obras en 2013 y aún sin inaugurar, a 519 inmigrantes argelinos llegados este pasado fin de semana en un total de 49 pateras a las costas de la región de Murcia. El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, ha explicado que esta decisión se toma ante la falta de capacidad de las instalaciones en la región.

Málaga Acoge reclama la intervención del Defensor del Pueblo por privarse del libertad a los inmigrantes argelinos

El Ministerio del Interior no tiene previsto inaugurar este nuevo centro penitenciario de Málaga II hasta comienzos del próximo 2018. Cuenta con 1.008 habitaciones, distribuidas en 12 módulos de reclusión repartidos en una extensión de 102.232 metros cuadrados. La decisión del Gobierno contraviene de facto la normativa vigente, pese a que las instalaciones en Murcia aún cuentan con plazas libres, pero no las suficientes para acoger la avalancha de inmigrantes de estos días en la zona.

Esta decisión se toma pese a que vulnera la vigente ley de extranjería, según han recalcado diversas organizaciones de defensa de los inmigrantes. El Gobierno se escuda en que la decisión ha sido tomada por siete jueces de siete salas diferentes de la región de Murcia, como algo “excepcional y puntual” con el objetivo de dar una rápida respuesta a lo que consideran una situación “muy especial”.

Desde la ONG Málaga Acoge se asegura que los internamientos de inmigrantes en situación legal irregular “no pueden tener carácter penitenciario” porque suponen una privación de la libertad de las personas. Desde esta asociación se acusa al Ejecutivo de vulnerar completamente el marco legal y se remite a la decisión el Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de que la estancia transitoria de inmigrantes sobre los que pesa una orden de expulsión se lleve a cabo en un centro de reclusión como será en breve espacio de tiempo el de Archidona, después de que hayan pasado cuatro años con el recinto completamente cerrado después de finalizadas las obras. Desde Málaga Acoge se critica que la excusa aducida por el Gobierno central sea la de la “excepcionalidad” del traslado masivo porque se recluye a personas sin garantías provisionales de ningún tipo al ser privadas de libertad de forma ilegítima en un espacio no habilitado para ello.

Málaga Acoge tiene previsto remitir de forma urgente un escrito al Defensor del Pueblo para que tome cartas en el asunto. Mientras tanto, entre este lunes y martes los más de 500 inmigrantes argelinos desembarcados en las costas murcianas están pasando a disposición judicial antes de ser enviados a la prisión malagueña.

La región murciana está abordando esta situación excepcional con un dispositivo nunca visto hasta ahora, ya que el Tribunal Superior de Justicia ha puesto en funciones de guardia los juzgados 2 y 3 de Cartagena en un centro de Formación Profesional, concretamente el Hespérides. Unos 200 inmigrantes han sido repartidos por las diferentes comisarias de la región y otros 300 en el pabellón deportivo municipal de Bastarreche, en Cartagena, convertido en improvisado albergue provisional por los servicios sociales municipales y las ONG Cáritas y Cruz Roja.

Entre los inmigrantes atendidos se encuentran nueve mujeres, una de ellas embarazada y varios menores.

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