La semana pasada el Grupo Santander hizo pública una acción comercial dirigida a los pequeños y medianos accionistas/inversores del Banco Popular que lo perdió todo tras la compra de éste por aquél el día 7 de junio de 2017. Es cierto que el Santander no tiene ninguna obligación legal de lanzar un producto de este tipo. Sin embargo, el producto en sí, aunque no haya una intencionalidad manifiesta en el mismo, encierra cierto grado de perversidad porque podría estar jugando con la necesidad o con la línea vital de decenas de miles de afectados. Además, es una acción que también tiene un carácter de rentabilidad para la propia entidad cántabra.

Tal y como hemos informado en Diario16 desde hace meses, la operación de acoso y derribo al Banco Popular tiene demasiadas sombras. La propia intervención y compra está rodeada de múltiples misterios a causa de la opacidad con la que se está llevando ya que, incluso, la propia Junta Única de Resolución está atentando contra uno de los principios fundamentales de la Unión Europea al ocultar informes que son fundamentales para entender por qué se tomó la decisión adoptada cuando la realidad del Popular era muy otra.

Los bonos de fidelización tienen una naturaleza similar a un bono subordinado que dará un 1% de rentabilidad y que el afectado deberá mantener durante 7 años antes de poder cobrar en metálico el valor del producto. Quienes acepten este producto podrán venderlo antes de que finalice ese plazo. Según cálculos del Santander, más de 110.000 pequeños accionistas del Popular podrán acogerse a esta opción. Según el Santander, el «importe nominal máximo a entregar de estos valores negociables será, en el caso de las acciones, y con determinados límites, el equivalente a la inversión realizada por cada cliente en el citado periodo. En el caso de las obligaciones subordinadas, será la diferencia entre el importe invertido en estos títulos menos los intereses percibidos. En ambos casos, tienen que haberlas mantenido depositadas en el Grupo Popular o Santander en la fecha de la resolución del banco y el importe a entregar dependerá de la inversión que realizaron. Los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%. Todas estas cantidades son acumulativas», a lo que la entidad añade que el «99% de los clientes y empleados de Banco Popular que compraron acciones de la entidad entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016 realizaron inversiones inferiores a 100.000 euros, por lo que gran mayoría recibirá bonos por el importe total que invirtió». La entidad cántabra calcula que el valor total de estos bonos de fidelización es de 980 millones de euros.

Sin embargo, el acogerse a esta acción comercial los accionistas minoristas deberán renunciar a emprender acciones legales contra el «Grupo Santander, sus administradores, directivos y empleados. Además, tendrán que mantener, cuando se entreguen los bonos de fidelización, una relación comercial equivalente con el banco a la que tenían en el momento de adquisición de las acciones o de las obligaciones subordinadas».

Es un producto que, como hemos dicho, encierra cierto grado de perversidad, aunque la intencionalidad del Santander no sea esa. En primer lugar, están jugando con la necesidad de muchos de los pequeños accionistas que con la intervención del Popular lo perdieron todo. Hay que tener en cuenta que un porcentaje muy elevado de los afectados son jubilados que tenían en su inversión un colchón económico con el que compensar su pensión para llevar una vida digna. Otro porcentaje importante lo tenemos en los empleados que compraron acciones en la ampliación de 2016 y al que el propio Popular dio un adelanto para adquirir los títulos, adelanto que, por cierto, se les está exigiendo devolver tras la intervención. Estas dos categorías de pequeños accionistas tienen necesidades económicas a causa de la expropiación de sus acciones y pueden ver en la solución dada por el Santander una salida rápida a la situación actual.

En segundo lugar, la entidad cántabra, teniendo en cuenta la edad de decenas de miles de los afectados por la expropiación de sus acciones, lanza este producto para dar la idea de que ofrece a estos jubilados y pensionistas una solución a cambio de mantenerse como clientes del Santander y de que se callen. Esta posible intención es oscura, e, incluso, desprendida de humanidad porque, con los precedentes de otras estafas bancarias que se han producido en este país como, por ejemplo, la de las preferentes en la que muchos no han podido ver cómo recuperaban el dinero que les habían quitado porque murieron en medio de procesos judiciales eternos, el Santander se podría querer aprovechar de que la línea vital de muchos se está agotando para, en primer lugar, fidelizar clientes que de no haber comprado el Popular no tendrían y, en segundo lugar, asegurarse de que no van a tener problemas en los tribunales. El Santander no hará efectivo el valor de dichos bonos hasta pasados 7 años y las demandas que se presentarán tendrán un recorrido judicial también de años, por lo que serán muchos miles los que morirán antes de ver recuperado lo que les fue arrebatado con nocturnidad el pasado 7 de junio. En referencia a los 7 años, ¿se aplicará el mismo criterio para los empleados que pidieron adelantos o créditos para adquirir las acciones de la ampliación de capital de 2016?

En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, el Santander puede hacerse con el control de una importante parte de esos bonos a través de la compra de los títulos por medio de empresas interpuestas o de bancos de inversión como, por ejemplo, JP Morgan Chase quien, además de ser la entidad de la que Emilio Saracho era vicepresidente mundial, es propietaria de uno de los bancos custodios(Chase Nominees) que, además, es uno de los máximos accionistas del Santander. Hay que tener en cuenta que los bonos de fidelización no podrán liquidarse hasta pasados 7 años, como hemos dicho antes, pero pueden ser vendidos por sus titulares en el momento en que quieran. De este modo, quienes tengan necesidad económica o vital se lanzarían a una venta masiva en el mercado lo que nos lleva a unos precios a la baja por el aumento de la oferta. Lo mismo ocurriría con los empleados del Popular que adquirieron acciones en la ampliación de 2016 y a los que se ofrecieron créditos o adelantos que ahora se les están reclamando. Si estos trabajadores no pueden hacer efectivo el bono hasta pasados esos 7 años es muy probable que lo vendan a la baja y que pueda ser la propia entidad cántabra la que se haga con ellos porque, de otro modo, tendrán que seguir pagando los créditos o los adelantos. Por tanto, el Santander se haría a través de terceros con el control de títulos por un precio mucho más bajo que su valor inicial.

En cuarto lugar, el anuncio de los bonos de fidelización tiene otra intención: dividir a los accionistas que estaban unidos en distintas plataformas para interponer demandas. El hecho de que unos cuantos puedan renunciar a su derecho a ir a los tribunales ya establece una desigualdad de trato a través de la adquisición de estos bonos de fidelización. La máxima «divide y vencerás» es la que marca esta acción comercial.

En quinto lugar, esa división ya ha llegado a través de ciertos despachos de abogados que en un principio se pusieron al frente de las reivindicaciones y de las reclamaciones de los afectados, anunciando grandes querellas, pero que, llegados al punto en que hay que presentarse ante el Juzgado e interponer las correspondientes demandas, dan un paso atrás y afirman que sólo las interpondrán contra las instituciones europeas, no al Santander. Cada despacho de abogados que va a defender los intereses y los derechos de los afectados por la compra del Popular pueden actuar según quieran, eso es evidente y fuera de toda discusión, pero aquellos que tengan conflictos de intereses respecto a las entidades públicas y privadas a las que dirigir las demandas tendrán cercenada su libertad y, sobre todo, su capacidad de hacer una defensa de sus clientes sin ningún tipo de hipoteca.

El Santander, con sus bonos de fidelización, ha puesto en marcha una acción comercial que, aunque no tenga esa intencionalidad, podría generar resultados no exentos de perversidad ya que se podría querer aprovecharse de la necesidad de quienes son las víctimas de un movimiento del mercado diseñado y perpetrado por quienes tenían intereses personales o institucionales. Poner una zanahoria delante del hambriento no tiene ninguna intención de restañar el daño causado sino, por un lado, un lavado de cara ante la opinión pública y, por otro, sacar rentabilidad a las necesidades de quienes son las víctimas de una operación perversa dirigida por Emilio Saracho.

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3 Comentarios

  1. Una vez leído el HR No es cierto que compensen con 680 M. los 680 son bonos de fidelización perpetuos -como las preferentes-. En realidad lo que te “compensan” es el 1% anual de la cantidad que has invertido, menos los intereses recibidos, es decir, en total, 6,8 millones al año en caso de que acepten todos -y los obligan a mantener las cuentas de las que Santander les cobrara más de estos 6 millones que pagan. !Pues no son listos, ni nada! Estan acostumbrados a quedarse con 9.000 millones pagando un euro y todo se les hace caro -sonrisa- clic aquí.

    “se incluirá la necesidad de que el cliente que se acoja a la Acción de Fidelización renuncie a acciones legales contra Grupo Santander, sus administradores, directivos y empleados, que deriven o estén vinculadas a su condición de titular actual o pasado de cualquier valor computable como recursos propios de las entidades de crédito emitido por Banco Popular”

    Te comprometes a no ir contra ellos por ser titular de cualquier valor computable como recursos propios (acciones y recursos de capital como bonos subordinados TIER2) no solo de los de la ampliación. Por otro lado tomar el 1% anual que es lo que te darán es muy poco comparado con el 75/80% que se espera obtener en las demandas civiles de cualquier juzgado de primera instancia español. Tan pronto como salga la primera sentencia favorable, copias el escrito de demanda, se la das a un abogado -que no tendrá que hacer casi nada- a cuota litis del 10% más las costas que gane -es una pasta para él más el 10%- y ya está. Todo lo que arriesgas es el 1% y solo de lo que suscribiste en la ampliación.

  2. Tomemos el control. Dejemos las cuentas del grupo Santander a 1 euro. Tal y como han dejado la nuestra.
    Si lo hacemos todos, cuánto tardarán en rectificar?.

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