La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha lanzado un comunicado al que ha tenido acceso Diario16 en el que muestran su indignación por las actuaciones del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. Esta organización denuncia que la pérdida de credibilidad sufrida ante la opinión pública exige que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la ratificación o el cese (remoción) del Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción y de la Criminalidad Organizada.

APIF lamenta “profundamente también el cese y la remoción de los dos fiscales que estaban llevando el caso conocido como el tres por ciento. Según el comunicado, “Si bien es cierto que tal actuación es legal, está previsto en el vigente EOMF, tal decisión no ha sido debidamente fundamentada ni se ha visto acompañada de ninguna explicación que permita comprenderla”.

Nuevamente nos encontramos con dos actuaciones, a juicio de los fiscales, que lejos de reforzar la independencia del Ministerio Fiscal de injerencias ajenas y de alejarse de las críticas de control exógeno de nuestra Institución, lo acercan, cada vez más, “a ámbitos de actuación que no le corresponden”.

En el comunicado se destaca también que “la posibilidad de avocación de asunto concreto por el Jefe o la sustitución de los fiscales que estén llevando un caso concreto por otros, debería  contar con la aprobación del Consejo Fiscal quien, si considera no justificadas las razones de la Jefatura, debe tener capacidad para anular dicha avocación o sustitución”. Garantías mínimas que deberían existir y, a juicio de este colectivo de fiscales, “lamentablemente no existen”. Garantías tendentes a reforzar imparcialidad y actuación con pleno respeto a la legalidad de cada Fiscal y de la Fiscalía en su conjunto.

 El hecho de que se apartara fiscales en el caso del tres por ciento de Cataluña y ahora también se perciban movimientos desde la Fiscalía Anticorrupción en el caso Lezo y la trama del expresidente de Madrid, Ignacio González, ha enfadado a este colectivo jurídico que entiende que no es un problema de los fiscales sino del cargo puesto a dedo por el Gobierno al frente de la Fiscalía Anticorrupción.

La Asociación pide control sobre las órdenes de los Fiscales Jefes y reivindica con contundencia “el trabajo profesional e independiente de los fiscales en España y, en concreto, de los que componen la Fiscalía Especial Anticorrupción”.

En su tenso y firme comunicado, APIF, insiste en que entienden que el correcto ejercicio de la Jefatura de cualquier Fiscalía implica una importante labor de coordinación de sus efectivos, sabiendo impulsar la responsabilidad e implicación de cada fiscal en la defensa de la sociedad, y la asunción personal, en su caso, de los asuntos de la máxima gravedad para dar una cumplida respuesta en la persecución de los delitos, competencia de cada concreta Fiscalía.

El impulso de las investigaciones, con pleno respeto a la ley, es una de las funciones que otorga a la Fiscalía el ordenamiento jurídico y, como ya han expresado en ocasiones anteriores, “las órdenes particulares negativas deberían desaparecer de nuestra vida diaria”.

En su comunicado, https://www.apifiscales.es/ultimo-comunicado/, insiste en que “volvemos a oír hablar de ordenes particulares negativas (no investigar, no perseguir) que cercenan nuestra credibilidad ante la opinión pública, máxime cuando además afloran informaciones acerca de un investigado por presunta corrupción que se pronuncia sobre el organigrama interno del Ministerio Fiscal y la persona más idónea, desde su punto de vista, para ostentar la Jefatura de una Fiscalía tan importante como la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad organizada, que venía encargándose de investigarle, resultando finalmente ser el fiscal que es elegido por el Gobierno para tan importante función”.

Los fiscales son conscientes de que se ha suscitado, en la opinión pública, una lógica desconfianza sobre el funcionamiento de la Fiscalía, dando la impresión que su comportamiento se acerca más al abogado que defiende al corrupto y que dirige su actuación torpedeando el procedimiento penal. Haber dado lugar a que se haya suscitado esta opinión de la Fiscalía Especial Anticorrupción “nos parece gravísimo, ya que se trata de una Fiscalía Especial creada para luchar contra la corrupción”.

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