El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y los ocho concejales de su gobierno, todos pertenecientes a Zaragoza en Común (Podemos, IU y otras confluencia), tendrán que comparecer en un juzgado en calidad de investigados, por un presunto delito de prevaricación. Mercedes Terrer, la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, ha admitido a trámite la querella presentada el pasado 7 de junio por Miguel Ángel Portero, ex gerente de la sociedad municipal Ecociudad, que fue destituido por Santisteve el pasado 14 de febrero.
El propio alcalde en 2016 impulsó un proceso judicial, por supuestas irregularidades, contra el gerente y cinco trabajadores de Ecociudad que resultaron imputados. Finalmente el caso fue archivado y los investigados exonerados al no hallarse indicios delictivos, además, el pasado 9 de febrero cuando Santisteve destituyó a los representantes de la oposición en todas las sociedades municipales y Zaragoza en Común se hizo el control absoluto de las mismas.
La primera decisión del equipo de gobierno municipal fue convocar un consejo de Ecociudad y destituir a su gerente y nombrar a Joaquín García Lucea. En su querella, Portero entiende que las citadas decisiones tuvieron una trascendencia penal, puesto que se hicieron sin modificar los estatutos de la sociedad con carácter previo y sin tener en cuenta la advertencia del secretario general del Pleno.
Tras conocerse el proceso judicial contra el equipo de gobierno de Santisteve, se han sucedido las reacciones tanto por parte de Zaragoza en Común como de la oposición.
El concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha indicado que la magistrada solo les ha requerido información y que por el momento no han recibido ninguna citación. En concreto, ha dicho que «solo hay un escrito en que se nos informa que se nos ha puesto una denuncia y que se nos requiere información. En ningún momento se ha abierto una investigación contra nosotros». No obstante, el citado auto judicial explicita que los hechos «hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa».
El Partido Popular no descarta presentar una moción de censura.
