Hay una nota de continuidad en el discurso político de nuestro país, paradójicamente compartida a ambos lados del espectro político, y especialmente acentuada ante la cercanía de períodos electorales: la desatada furia contra los impuestos. No son pocos los políticos, conductores de opinión y todólogos varios que, de plató en plató, de micrófono en micrófono, lanzan furibundas diatribas contra esa incautación coactiva de individuos o empresas, sedicentemente expoliadas por parte del pérfido Estado, chupóptero y ladrón.
En la derecha es habitual encontrar un patrón discursivo común, más allá de las políticas que a la hora de la verdad se aplican cuando toca gobernar. Los impuestos son la víctima propicia de todos los ejercicios de contorsionismo retórico. Cuántos menos impuestos haya, mejor. Es más, ¿para qué los impuestos? La ecuación que hace equivaler, por un lado, esa exacción de la riqueza individual y, por otro, la corrupción inherente a lo público es una ecuación recurrente. El PP maneja con soltura el latiguillo retórico contra los impuestos, aunque cuando alcanza el poder se topa de bruces con la procelosa realidad, esa que viene determinada por las exigencias comunitarias de déficit, y que suele obligarle a condenar sus promesas electorales a la categoría de quimeras irrealizables. Ciudadanos resulta, en eso, mucho más creíble. Aún sin responsabilidades ejecutivas, puede permitirse la licencia recurrente, como hace bien poco en El Escorial, de conjurarse contra todos los males que asolan España, entre los que se han de sumar, cómo no, los impuestos, presentados así, como categoría genérica y uniformemente repudiable. Hasta en las huestes de la izquierda que se dio en calificar despectivamente como radical y extremista (sic), se encuentran sin la menor dificultad análogos usos de la consabida verborrea. El ínclito Zapatero, ante el aplauso atronador de la hinchada, proclamó solemne, en pleno furor preelectoral: “bajar impuestos es de izquierdas”. Luego subió los impuestos indirectos, receta habitual de los fieles intérpretes del catecismo de ortodoxia liberal.
Uno de los más paradójicos aderezos de esa inflamada retórica es la asunción de que el gasto social se mantendrá inalterado. Sólo algunos opinadores desacomplejadamente neoliberales, normalmente refractarios al propio juego electoral, reconocen flemáticos que la inferencia debiera ser de signo contrario: el drástico descenso de los impuestos deberá acompañarse con una contracción igualmente drástica del gasto social. El resto, no pocos conductores de opinión, la mayoría de representantes de partidos políticos y los todólogos con altavoz coinciden sin el menor rubor en que se puede bajar drásticamente los impuestos y mantener elevado el gasto social. Como si ser humano y tener alas fueran atributos compatibles.
No cuesta entender el porqué de la escenificación de la bolita, al modo del trilero clásico. El coste social y electoral de decir la verdad es enorme. El temor a la impopularidad, siempre latente. Para empezar, resultaría osado comenzar con lo básico: decir que se está a favor de bajar o subir impuestos, sin ulteriores concreciones, es no decir nada. ¿De qué impuestos hablamos? ¿De los directos o de los indirectos; de las rentas del trabajo o de las del capital; de los progresivos o de los que no lo son? ¿Acaso es igual hablar del IVA que de las sociedades de inversión ideadas y concebidas para servir a la elusión fiscal? ¿Resulta igual hablar de las renta del trabajo en el IRPF que de la tributación de las grandes corporaciones financieras?
Sin duda especificar qué impuestos se pretenden bajar, cuánto y cuándo, sería un buen comienzo. En segundo lugar, ayudaría a la honradez intelectual de la propuesta que se nos explicase las consecuencias directas de esos descensos. En una sociedad crecientemente desigual como la nuestra, con la sostenibilidad de las pensiones puesta encima de la mesa de debate no sin razones, proponer bajadas drásticas de impuestos, teledirigidas por el populismo fiscal más rampante, por la brocha gorda de la demagogia electoralista o del dogmatismo ideológico imperante, acarrearía consecuencias irreversibles. Se nos explica, no sin insistencia, que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente. Lo que se suele omitir, sin embargo, es el detalle de especificar en qué concretos bolsillos se pretende que esté ese dinero. Tal vez, y así nos vamos acercando a una de las claves de la cuestión, quienes con más virulencia enfilan contra los impuestos sueñan con sociedades con un Estado reducido a la mínima expresión, que desde luego distaría mucho de tener alguna similitud con el actual Estado social. Sería, a lo sumo, un Estado residual, con alguna atribución de carácter subsidiario, que prestaría unos servicios asistenciales a los que estarían condenados los más débiles, pero de los que escaparían el grueso de los ciudadanos, o, al menos, aquellos que pudieran permitirse costearse la alternativa privada.
Cuentos de la lechera aparte, aquella imaginativa teoría que dio en llamarse Curva de Laffer resultó interesante en lo que a la política ficción se refiere, con un leve escollo… su más que acreditada falsedad. Cuando se bajan los impuestos, no crece la recaudación, sino que lógicamente ésta desciende. Con lo cual, más allá de fútiles intentos de culminar la cuadratura del círculo, si la cruzada contra los impuestos se traduce en políticas reales, el Estado social será absolutamente inviable. Algunos ejemplos nos muestran el camino. La otra opción nos remite directamente al mundo imaginario de la Alicia de Lewis Carroll. No hay otra.
Cabría reflexionar sobre si el becerro de oro de las promesas electorales revertiría los verdaderos dramas que asolan, en forma de desigualdad, nuestras sociedades. Cabría, al tiempo, interrogarse si es justa compensación a esa prometida rebaja fiscal el progresivo desmantelamiento de los servicios sociales al que nos abocan amnistías y fraudes fiscales, o contribuciones deficientes de las rentas del capital y de las grandes empresas o patrimonios. Porque de lo que no cabe la menor duda es de que, en un contexto laboral de generalizada precariedad y dramática proliferación de los sueldos paupérrimos y los contratos basura, cuando no en perfecto fraude de ley, esas rentas bajas no pueden permitirse que un leve ahorro instantáneo en sus economías sea neutralizado con drásticos recortes en sus derechos sociales. Y por ese escalofriante camino sigue discurriendo la dinámica política predominante, sustentada en la hegemonía ideológica neoliberal.
No, ni todos los impuestos son iguales, ni la gran mayoría de ellos suponen una injusticia en un sistema fiscal verdaderamente progresivo. De lo que deberíamos ocuparnos, más que de engordar las páginas del papel cuché neoliberal, es de garantizar que los sistemas de protección social que han transformado en positivo la vida de millones de personas (que, en cualquier otro contexto, vivirían en la marginación social) puedan garantizarse en cuanto a su sostenibilidad y su calidad. Ése es el legítimo deseo de quienes somos conscientes de que en la vida los seres humanos nacemos en contextos sociales dispares y desiguales, y que, a lo largo de nuestra existencia, diferentes factores – algunos completamente ajenos a nuestra voluntad – agravan o pueden agravar dichas desigualdades. Por eso, precisamente, merece la pena trabajar para articular sociedades más equitativas y justas, donde los más débiles no sean avasallados por la dramática arbitrariedad de los estados de naturaleza, donde siempre impera la natural y espontánea ley del más fuerte.
No fue Marx, por cierto, – ahora que pontifican sobre su obra sin haber leído una sola línea muchos de los comentaristas que urgen la desaparición de todos los impuestos -, sino un magistrado del Tribunal Supremo norteamericano, Oliver Wendell Holmes Jr., quien dictó oportuna sentencia: “los impuestos son el precio de la civilización”. Negociado indiscutible, a no ser que el proyecto político sea, precisamente, desmantelarla.
