Honduras, la tragedia ignorada

El huracán de todo lo que está sucediendo en Cataluña ha arrasado en España con el espacio informativo que los medios afines al sistema dedicaban a desinformarnos respecto a lo que pasa en Venezuela y en otros lugares. La ideología neoliberal avanza imparable porque impone su doctrina tal como se imponen las leyes del Universo que, como decía Carl Sagan, no son ni buenas ni malas, sino inexorables, y la actual estrategia de los grandes medios de comunicación, tan burda como antigua, es ocultar de forma deliberada determinadas informaciones a la vez que se enfatizan noticias falsas o tendenciosas. Supongo que no es muy difícil implantar esta forma de proceder en todo el planeta. La principal razón es que la población mundial piensa más en entretenerse que en informarse, entre otras cosas porque informarse de forma veraz requiere mucho tiempo y se ha convertido en una tarea extremadamente ardua, ya que las noticias que los medios nos sirven nos muestran los problemas de forma superficial.

Es muy difícil, por ejemplo, obtener información acerca de lo que está ocurriendo en Honduras desde el pasado 26 de noviembre, sobre todo en comparación a la profusión de noticias que nos llegan de Venezuela y de otros lugares del mundo. La información selectiva es uno de los pilares del mundo actual y no parece que vaya a dejar de serlo. Son los medios, en manos de los más poderosos, los que deciden que es o no es noticia. Buena prueba de ello es el emporio multimedia del magnate Rupert Murdoch: por supuesto que Murdoch opera dentro de democracias avanzadas y que está sujeto al imperio de la ley, pero gracias a sus enormes inversiones en los medios de comunicación, ejerce una influencia desmedida en la formación de corrientes de opinión en todo el mundo. Sólo es necesario recordar que de los 247 diarios que estaban en sus manos en 2003, ninguno de ellos criticó en sus editoriales la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, una unanimidad tan extraña como imposible si los directores de los periódicos no estuvieran sujetos a enormes presiones. 

El silencio respecto a los muertos en las protestas contra el fraude electoral en Honduras-del que luego hablaremos- contrasta con la abundancia de informaciones acerca de las manifestaciones que se están produciendo en Irán desde finales de 2017, en las cuales al menos 23 personas han perdido la vida asesinadas por las fuerzas represoras de la dictadura iraní. Es evidente que existe un doble rasero por parte de los medios de comunicación occidentales, que se muestran enormemente sensibles respecto a los abusos cometidos sobre la población de algunas naciones mientras permanecen indiferentes ante las tropelías que se cometen sobre otras. Otro ejemplo claro es Argentina, un país en el cual es común la violencia policial. Pese a las discrepancias entre los diferentes organismos de defensa de los derechos humanos, los datos no ofrecen lugar a dudas: tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) cifran en al menos 5.000 el número de muertos a causa de los excesos policiales en Argentina desde el final de la dictadura en 1983. Pero parece que la inclusión de estas noticias en los medios dependiera más de la cercanía o no de los países al bloque Occidental que de la situación real de los derechos humanos en los mismos.
Otro ejemplo de información selectiva lo encontramos en Israel: el 6 de diciembre de 2017, el presidente de EE. UU., Donald Trump, reconoció a la ciudad de Jerusalén como capital del Estado de Israel. En las dos semanas posteriores a esta declaración se produjeron graves disturbios en Cisjordania. Estos enfrentamientos se saldaron con 8 palestinos muertos y alrededor de 2.900 heridos, entre los cuales hay 345 menores. Estos datos están comprendidos entre los días 5 y 18 de diciembre y están recogidos en el último informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU para los territorios palestinos ocupados (OCHA). Un informe de la Asociación de Derechos Civiles de Israel (ACRI) afirma que las prolongaciones del tiempo de detención de menores palestinos es la norma y no la excepción, en contra de lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y en la legislación de Israel. El organismo palestino de Defensa Internacional de los niños sostiene que 8 menores han sufrido heridas graves a causa del uso indebido de material antidisturbios o por el impacto de balas de goma. De los ocho niños, al menos cuatro presentaban graves lesiones en la cabeza y dos de ellos perdieron un ojo. No es imposible obtener estas informaciones, pero es evidente que las mismas no tienen la misma presencia en los medios de comunicación de Occidente que los excesos policiales que se puedan producir en Venezuela, por poner el ejemplo más sencillo.
El caso de Brasil es otro ejemplo claro: los medios no ponen el foco sobre el gigante sudamericano, pero lo cierto es que, de los 23 ministros del gabinete del nuevo presidente, Michel Temer, siete están procesados o están siendo investigados por delitos de corrupción, mientras que 12 de ellos recibieron donaciones de empresas vinculadas con el escándalo de lavado de dinero de la compañía Petrobras.

La destitución de un presidente en Brasil está prevista en la Constitución del país (al igual que otras medidas excepcionales como el estado de sitio), lo cual no quiere decir que se pueda aplicar esta medida en el caso de Dilma Rousseff. La Constitución determina que ha de haber un crimen de responsabilidad para iniciar el proceso y no hay nada definido en la ley como crimen que se le pueda atribuir a la expresidenta. El uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas sociales que son responsabilidad del Gobierno no constituye un crimen, incluso es una práctica frecuente en varios estados del país, y ninguno de ellos ha sufrido sanciones por este motivo. Un 40% de los senadores encargados de juzgar a Dilma Rousseff estaban acusados de escándalos de corrupción. El diario O Globo destapó una conversación entre el presidente Temer y un empresario en la que el jefe del Ejecutivo incita a “comprar” a Eduardo Cunha, expresidente de la cámara de diputados, actualmente en prisión, con el fin de que se mantenga en silencio. En marzo del año 2017, Eduardo Cunha fue condenado a 15 años y cuatro meses de cárcel por crímenes de corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión de divisas. El presidente Temer está revirtiendo todas las medidas sociales impulsadas por los Gobiernos del PT, presididos por Lula da Silva y Dilma Rousseff, sin embargo, su desastrosa gestión económica, que no ha generado riqueza alguna en su primer año de mandato al frente del país, no es objeto de interés ni de examen por parte de los grandes medios de comunicación a nivel mundial.

Durante las manifestaciones en contra de su Gobierno que se produjeron a finales de mayo de 2017, algunos policías dispararon a la población sin encontrarse en situación de peligro, según informó el diario El País. Las protestas se llevaron a cabo contra las medidas neoliberales impulsadas por el nuevo Ejecutivo y también por la corrupción que acosa a varios de sus miembros. Pues bien, los medios de comunicación pertenecientes a los grandes grupos de comunicación a nivel mundial describían los incidentes en Brasil diciendo: “efectivos del ejército contienen la violencia de los manifestantes”. Cuando se habla de Venezuela, los términos empleados son bien diferentes: “la Guardia Nacional reprime a la oposición”. El lenguaje empleado es fundamental para entender el problema.

     Si observamos con detenimiento el diferente trato que los grandes medios otorgan a cada noticia, dependiendo de que esta se produzca en uno u otro país, podremos entender lo que está ocurriendo en Honduras, un país martirizado por sus dirigentes, siempre conniventes con el poder de Estados Unidos. Las élites hondureñas aparecen y se desarrollan de forma diferente respecto a las del resto de América Latina. A diferencia de estas, las clases dominantes de Honduras no están formadas por terratenientes agrarios, sino por grupos que controlan el comercio, las finanzas, la banca y la industria en grandes regiones del país. Con el fin de modernizar las formas de producción para acceder a los mercados internacionales, las autoridades del país crearon un sistema de concesiones que facilitó a las empresas extranjeras extraer recursos. De este modo, el proceso de formación de las élites hondureñas está vinculado a la unión económica con los inversionistas que provenían del exterior. Las grandes familias que dominan el país controlan la práctica totalidad de las empresas estratégicas.

La formación de estas clases dominantes también tiene un curioso componente racial que constituye un elemento diferencial respecto a los países de su entorno, puesto que gran parte de las élites de Honduras tiene ascendencia extranjera no europea. Tal es el caso de los conocidos como “turcos”, un grupo de familias de origen sirio, palestino, libanés y judío, que llegaron de los países árabes en diferentes oleadas desde finales del siglo XIX en busca de una vida mejor. Son los Rosenthal, los Facussé, los Larach, los Nasser, los Canahuati, los Kafie o los Goldstein. Estas familias forman parte del exclusivo grupo del 3% de hondureños que controlan el 40% del PIB en una nación con un 70% de su población sumida en la pobreza y con un índice de coeficiente Gini (un indicador que mide la desigualdad de ingresos dentro de un país) de 53,7. Es decir, Honduras es la nación más desigual de América Latina. Los clanes reparten su influencia entre la política y la economía. Por poner un ejemplo, Jaime Rosenthal, cabeza de una familia acusada por Estados Unidos de lavado de dinero procedente del narcotráfico, ha sido aspirante a la presidencia del país por el Partido Liberal en cuatro ocasiones y es propietario de bancos, aeropuertos, cerveceras, medios de comunicación y varios equipos de fútbol. La familia Rosenthal también posee inversiones en empresas de cemento, en compañías telefónicas, en grupos aseguradores y en exportadoras de carne. Los Facussé, emparentados con la familia Nasser, dominan parte del sector textil en un país que fabrica un importante porcentaje de la ropa de marca exportada a Estados Unidos. Estas dos familias controlan también empresas químicas y distribuidoras de petróleo, y de su seno han salido varios ministros. La familia Goldstein mantiene importantísimas inversiones en banca, industria, medios de comunicación y deporte. Los Kafie poseen inversiones en banca, construcción y alimentación, pero su influencia también se debe a los muchos contratos que la familia tiene con la Administración hondureña, licitaciones opacas que rara vez pierden.
La mayor parte de la inmigración árabe era analfabeta, pero mostraron un espíritu de lucha y de superación encomiable que los llevó a ascender en la rígida escala social de Honduras. Con los años, enviaron a sus hijos a estudiar a universidades de EE. UU., lo cual afianzó aún más en ellos las ideas neoliberales. Como ocurre en muchas élites que se fortalecen económicamente adoptando medidas endogámicas, se casaron entre ellos y con su enorme pujanza terminaron por relegar a la vieja burguesía de origen español y alemán. Casi todas estas familias realizan aportaciones económicas a los dos grandes grupos políticos que durante cien años han dominado la escena pública hondureña: el Partido Liberal y el Partido Nacional.

  Las clases altas de Honduras procedentes de los países árabes conviven con las élites criollas y mestizas del país, que también son comunes en las demás naciones de América Latina. Pese a esta particularidad de su origen árabe, los grandes clanes hondureños adolecen del mismo mal que el resto de familias dominantes del continente: son racistas recalcitrantes porque no aceptan que, en realidad y en su inmensa mayoría, ellos mismos también son personas mestizas, y acaban renegando de su propia mezcla de sangre. Solo así se explica esa dualidad que hace que muchas personas privilegiadas de América Latina se presenten en Europa con un cierto carácter victimista que los lleva a definirse como indígenas maltratados por el omnipresente poder imperial español, mientras que los mismos individuos, de retorno a sus países de origen, se presentan en los mismos como conquistadores dominantes que reclaman para sí toda clase de privilegios injustificables. Es el viejo clasismo de América Latina, una lacra con efectos devastadores sobre la población con menos recursos, que acaba siendo discriminada no sólo por pertenecer a una clase social baja, sino por motivos raciales.

Rasgos sociológicos de la clase alta hondureña aparte, el pequeño país centroamericano recibió en 2017 más de 17 millones de dólares procedentes de Estados Unidos en ayudas destinadas a un cuerpo paramilitar, la Policía Militar, un grupo formado en 2013 por Juan Orlando Hernández, actual presidente del país. Este cuerpo no forma parte del ejército ni de la Policía Nacional, se dedica a operaciones civiles y el sueldo de sus miembros es mucho más alto que el de la Policía Nacional que, además, está peor equipada. El propio presidente Hernández admitió en 2015 que durante su campaña de 2013 recibió fondos de empresas vinculadas al peor escándalo de corrupción de los últimos veinte años: el desfalco de más de 200 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Fiscales federales de EE. UU. han presentado cargos en Nueva York en contra de varios oficiales de policía del país y han reunido pruebas de que el expresidente, Porfirio Lobo, que accedió al poder tras el golpe de Estado que acabó con el mandato democrático de Manuel Zelaya, aceptó sobornos con el fin de proteger a narcotraficantes. La privilegiada relación que el país mantiene con Estados Unidos, que incluye la ayuda económica, es la clave para entender el trato que Honduras recibe por parte de los grandes grupos de comunicación a nivel mundial.
El pasado 26 de noviembre se celebraron elecciones generales en Honduras. Tras los desórdenes producidos por la tardanza del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en dar los resultados oficiales de los comicios, el Gobierno impuso el toque de queda y suspendió los derechos constitucionales. El día 4 de diciembre, un grupo especial de antidisturbios de la Policía Nacional, la llamada unidad Cobra, inició una huelga que duró un día. Durante la misma, este grupo desobedeció las órdenes del Gobierno para reprimir a la población. Portavoces del cuerpo declararon que la huelga no tenía por objeto reclamar una subida de salarios, sino llamar la atención sobre el posible fraude electoral.

La Organización de Estados Americanos (OEA), organismo siempre servil a los intereses de Estados Unidos, declaró que la mejor solución era un acuerdo entre los dos candidatos. Este mensaje desprestigia el concepto de democracia al no llamar la atención sobre el hecho de que unas elecciones sin garantías democráticas en el conteo electoral están invalidadas de facto, más aún cuando después de tres apagones del sistema informático, el recuento de votos comenzó a decantarse por el candidato Hernández, cuando desde el día 27 de noviembre existía una tendencia notable a la victoria del candidato Salvador Nasralla, que aventajaba en casi cinco puntos a su adversario, e incluso un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Lobo, había declarado esa tendencia como irreversible. La OEA no hacía mención alguna a la necesidad de que el recuento de votos fuera limpio y transparente, sino que apelaba a las partes a alcanzar un acuerdo práctico. Finalmente, la Organización de Estados Americanos recomendó la repetición de elecciones ante la imposibilidad de validar el recuento final. El Consejo Permanente de la OEA se reunirá en las próximas semanas para tomar una decisión sobre Honduras, lo cual se reducirá a una simple declaración formal sin efecto jurídico alguno porque Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, reconoció el pasado 22 de diciembre la victoria de Juan Orlando Hernández en las elecciones.

Observadores de la Unión Europea denunciaron graves irregularidades antes, durante y después de las elecciones. Amnistía Internacional también se pronunció en contra del toque de queda declarado en el país días después de los comicios. En la crisis hondureña, el Tribunal Supremo Electoral ha jugado un papel fundamental como corresponde al único órgano encargado de validar los resultados. La composición y el funcionamiento del TSE es cuando menos cuestionable: de sus cuatro integrantes, tres tienen derecho a voz y a voto, mientras que el restante tan solo participa en las deliberaciones. David Matamoros, del Partido Nacional, es el presidente; los otros tres miembros son Erick Rodríguez, del Partido Liberal; Saúl Bonilla, del partido Demócrata Cristiano; y Ramiro Lobo, perteneciente a Unificación Democrática. La Alianza de Oposición, principal partido opositor, no tiene ningún representante en el tribunal.

La crisis hondureña se produjo no sólo por el vacío de poder derivado de no saber quién había ganado las elecciones, sino porque el país permaneció varios días sin presidente, puesto que el presidente hasta entonces, Juan Orlando Hernández, también se presentaba a los comicios por el Partido Nacional. La reelección está prohibida por la Constitución de Honduras, pero Hernández eludió este mecanismo legal a través de una resolución de la Corte Suprema.

       Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde el principio de las protestas han fallecido 20 personas en enfrentamientos entre policía y manifestantes, en la crisis más grave desde el golpe de Estado contra el electo presidente Manuel Zelaya en 2009, un hecho que contó con el beneplácito de Estados Unidos. No hay nada que un gobernante sin escrúpulos no pueda hacer si ve indiferencia a su alrededor. Eso fue lo que ocurrió el 28 de junio de 2009, cuando el teniente coronel René Antonio Herpburn Bueso asaltó junto a 200 militares más la residencia presidencial del país para secuestrar al presidente Manuel Zelaya con el fin de trasladarlo a Costa rica. Zelaya pretendía una reforma constitucional a través de referéndum, algo muy diferente a lo que hizo Juan Orlando Hernández, que pactó su reelección de una manera particularmente infame: como respuesta a una petición de varios legisladores, cinco miembros de la Corte Suprema, que habían sido nombrados por el propio Hernández, votaron de forma unánime a favor de anular la prohibición de la reelección recogida en la Constitución de Honduras. Al producirse este fallo, la ley exigía que el caso se trasladase de nuevo a la Corte Suprema para ser examinado por sus 15 miembros, pero, en una decisión anómala desde el punto de vista del respeto a los tiempos democráticos y a las funciones de cada estamento, la Gaceta oficial del Gobierno se adelantó y publicó el fallo, con lo cual entró en vigor de inmediato. En una muestra de total falta de transparencia, Hernández declinó dar explicación alguna acerca del trascendental fallo de la Corte Suprema tanto en el Congreso como ante la prensa.
  

El número de detenidos desde finales de noviembre asciende a más de 800 personas. Tras las primeras manifestaciones, que tuvieron un carácter pacífico, se han producido saqueos en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país. La violencia policial ha aumentado desde que se instauró el toque de queda y se han publicado innumerables imágenes de militares agrediendo a civiles que se encontraban en la calle a horas prohibidas o disparando fuego real contra los manifestantes. El domingo 3 de diciembre, decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en las principales ciudades del país en contra del fraude electoral, sin que las protestas tuvieran repercusión en los medios de comunicación de EE. UU. y Europa. Tal vez la razón sea el apoyo de Estados Unidos al candidato Juan Orlando Hernández, considerado un gobernante “amigo”. La embajada de Estados Unidos en Honduras y el Departamento de Estado emitieron dos escuetos comunicados en los cuales solicitaban que las autoridades electorales pudieran trabajar sin injerencias, mostraban su confianza en el trabajo de los observadores internacionales y hacían un llamamiento a la calma. ¡Qué contraste con la orden ejecutiva firmada por el expresidente de EE. UU., Barack Obama, el 9 de marzo de 2015 en la cual declaraba una “Emergencia nacional” por la amenaza “Inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política de Estados Unidos causada por la situación en Venezuela! La situación de caos en Honduras durante el último mes y medio no es muy diferente de los desórdenes que vive Venezuela-algo que, por otro lado, no afecta en nada a Estados Unidos ni mucho menos a su seguridad nacional-, sin embargo, el tratamiento que ambos países reciben en los medios de comunicación de Occidente es muy distinto.

Al margen de estos dos comunicados, el Gobierno estadounidense tomó dos decisiones incomprensibles respecto a Honduras: en primer lugar, solo dos días después de los comicios, Rex Tillerson, secretario de Estado de la Administración Trump reconoció a Honduras en su lucha contra la corrupción y a favor de los derechos humanos. Respecto al primer asunto, cabe señalar que Transparencia Internacional califica a Honduras en el puesto 112 en cuanto al índice de corrupción de un total de 167 países evaluados. En este aspecto, el país centroamericano está por detrás de varias naciones africanas. Acerca de la segunda cuestión, Amnistía Internacional declara que Honduras continúa siendo uno de los países americanos más peligrosos para los defensores de los derechos humanos y el más peligroso del mundo para los activistas medioambientales. Este aval del departamento de Estado de EE. UU. constituye el primer paso para que el país reciba ayudas por valor de varios cientos de millones de dólares que el Congreso estadounidense destina a los países del Triángulo Norte de Centroamérica en el plan conocido como Alianza para la Prosperidad. En segundo lugar, en una decisión más que criticable, durante la crisis electoral hondureña se produjo una comparecencia de la Encargada de Negocios de EE. UU. en Honduras, Chargé Heide Fulton (la máxima autoridad del gigante norteamericano en Tegucigalpa, puesto que desde junio Estados Unidos no tiene embajador en el país), junto al presidente del Tribunal Supremo Electoral en uno de los recuentos especiales de votos. Según uno de los miembros del TSE, Ramiro Lobo, la comparecencia se produjo a petición de la propia Fulton, algo que puede interpretarse como un respaldo a un tribunal que ha demostrado funcionar de forma poco transparente y democrática.

El interés estratégico de Estados Unidos por Honduras responde a su situación geográfica, ya que el país se ubica entre dos países gobernados por la izquierda, El Salvador y Nicaragua, en los cuales ha aumentado la presencia de Rusia y de China, naciones que EE. UU. considera enemigas de sus intereses. Por otro lado, en Honduras se halla la base militar de Palmerola, que alberga a cientos de soldados estadounidenses que forman un contingente permanente de Washington en la región. Otras cuestiones fundamentales para la diplomacia de Estados Unidos son los cientos de miles de hondureños que cada año emigran al país; la lucha contra el tráfico de drogas, ya que el Departamento de Estado calcula que el 85% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por suelo o espacio aéreo hondureño; y el interés comercial, puesto que Honduras produce artículos de gran consumo en el sur de EE. UU.

Por otro lado, hay que destacar las dificultades con las que trabaja la prensa en el país centroamericano. Reporteros Sin Fronteras clasifica a Honduras en el puesto 140 de un total de 180 países. Desde 2010, al menos 50 periodistas y reporteros han sido asesinado en el país. La tasa de homicidios en Honduras sobrepasa las 41,6 muertes por cada 100.000 habitantes, cifra que llegó en 2012 a las 86 muertes por cada 100.000 personas. Entre los mismos periodistas y las autoridades del país, a excepción del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), ha existido una cierta desidia a la hora de condenar los asesinatos de periodistas, que muchos han querido ver como si fueran parte de la violencia y la inseguridad que reinan en el país y no como acciones concretas destinadas a acallar a la prensa y a coartar la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras.

A la intimidación que sufre la prensa debemos sumar el asesinato de defensores del medio ambiente como Berta Cáceres, la líder indígena lenca asesinada el 3 de marzo de 2016. Cáceres consiguió que Sinohydro, la compañía china considerada la mayor constructora de embalses a nivel mundial y la Corporación Financiera Internacional, una institución del Banco Mundial, retirasen su participación del proyecto hidroeléctrico que pretendía construir la represa de Agua Zarca, en el noroeste del país en el río Gualcarque, un lugar sagrado para las comunidades indígenas, a la vez que vital para su supervivencia. El proyecto de Agua Zarca fue aprobado mediante una concesión a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA), que logró el apoyo económico de Sinohydro.

Las conclusiones de la investigación del asesinato de Berta Cáceres no dejan en buen lugar al Gobierno hondureño ni a varios empresarios de alto nivel que han resultado estar vinculados con este crimen. Un informe elaborado por un grupo de juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda señala que ha existido una conspiración para obstruir a la justicia y para proteger a los autores del asesinato. La investigación deja claro que “los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas (…) para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres”. El crimen fue ejecutado a petición de directivos de DESA, la concesionaria de la construcción de la represa, que actuaron proporcionando información privilegiada a los asesinos. La investigación se inició tras la negativa del Gobierno hondureño de crear un grupo para aclarar las razones del crimen. En la actualidad, el proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres se encuentra paralizado en Honduras.

Es absurdo que el Gobierno de Honduras mantenga un discurso políticamente correcto en lo que respecta a la protección del medio ambiente y que apruebe acuerdos internacionales en este sentido cuando no es capaz de evitar que grupos criminales operen en el interior del país causando el terror, cuando no la muerte, de los activistas que luchan por un crecimiento sostenible y para proteger la naturaleza. Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras vivió un aumento extraordinario de proyectos a gran escala vinculados a empresas energéticas. Un informe de Global Witness (una ONG con sede en Londres) de 2016 señalaba que Honduras es el país más peligroso del mundo en lo que se refiere a la lucha medioambiental y el lugar donde más defensores del medio ambiente mueren asesinados en comparación a la población del país (aunque en números absolutos, Brasil sea el lugar donde más activistas son asesinados). El análisis también destacaba que desde 2010 han muerto más de 123 personas que se habían opuesto a la construcción de presas, a la excavación de minas o a la tala indiscriminada de árboles. Las investigaciones de Global Witness ponen de manifiesto que los responsables de estos crímenes están vinculados con las élites económicas de Honduras, entre las cuales también hay miembros de la clase política. En el país centroamericano es común el soborno para sacar adelante los proyectos contra el medio ambiente, que sólo favorecen a las grandes empresas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hondureño están detrás de los peores ataques y Global Witness también destaca en su informe como estas fuerzas son financiadas por Estados Unidos.

La indiferencia del resto del mundo, sobre todo en el orden mediático, fue general tras el golpe que destituyó al legítimo presidente Zelaya en 2009, y eso explica algunos de los excesos posteriores que ha vivido el país. Semanas después del golpe, el Congreso decretó el estado de excepción y se suspendieron varios derechos constitucionales. El nuevo Gobierno de Roberto Micheletti organizó las elecciones del 29 de noviembre de 2009 en las que fue elegido presidente Porfirio Lobo. Durante su mandato, Honduras se convirtió en el país más violento del mundo y en el más peligroso para los defensores del medio ambiente; con la ayuda de los mal llamados proyectos de desarrollo, los bancos de Europa y EE. UU. financiaron planes de explotación de los territorios indígenas garífunas y lencas; la corrupción avanzó hasta alcanzar niveles endémicos; pero el plan de mayor alcance llevado a cabo por el Gobierno de Porfirio Lobo fue el de la Ley de Zonas de Desarrollo y Empleo Económico (ZEDE), que fue aprobada por el Congreso-entonces presidido por el hoy presidente, Juan Orlando Hernández-tras dos intentos fallidos y una sentencia de inconstitucionalidad.

Las ZEDE fueron diseñadas por Paul Romer, economista jefe y vicepresidente senior del Banco Mundial, que se distanció del proyecto tras la sentencia de inconstitucionalidad de 2012. La propia Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, define las llamadas Zonas de Empleo como lugares del país sujetas a un “régimen especial” en las cuales son los inversores extranjeros quienes controlan la política fiscal, la seguridad y la resolución de conflictos. En la práctica, eso significa que las ZEDE “deben establecer sus propios órganos de seguridad interna (…) incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario”, tal como se recoge en la ley que regula las ZEDE, aprobada en 2013. Los tribunales de estas áreas formarían parte del sistema judicial de Honduras, pero estarían facultados para operar “de manera autónoma e independiente y bajo el derecho anglosajón”, pudiendo para ello recurrir a jueces extranjeros. “Es un espacio dentro de nuestro territorio que ya no va a formar parte del mismo”, declaraba a la BBC Santos Alberto García, alcalde de la localidad de Amapala. Para aprobar la ley que regulaba las ZEDE fue necesario destituir a 4 de los 6 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que se oponían a la misma. Todo un ejemplo de cómo los políticos, aliados con los poderes económicos, pueden acabar con la división de poderes y convertir una democracia en una cáscara vacía de contenido.

Aunque el de Honduras no es un caso único en cuanto a ocultación de noticias o manipulación de las mismas, no parece que nuestra sociedad demande una mejor información ni que los propietarios de los grandes medios entiendan que su función es esencial a la hora de crear un mundo más libre. En medio de los mil y un conflictos de todo tipo que padece el planeta, los informativos de Occidente se dedican a hablar de banalidades y no a desmenuzar las noticias con el fin de explicar los orígenes y las causas de los problemas que a todos nos atenazan y afectan. Algunas noticias que deberían ocupar la sección de sucesos se apoderan de gran parte del espacio de los informativos, hurtando al ciudadano la posibilidad de conocer en profundidad las informaciones más importantes. El papel de la prensa en el mundo actual debería ser el de siempre: contribuir a construir una sociedad cada vez más informada, más lúcida, más inteligente, más culta, más progresista y más justa, y no creo que esas sean las prioridades de los propietarios de los grandes grupos multimedia hoy en día.