La excusa ha sido la investigación de unas presuntas tramas para favorecer la designación de administradores concursales. El caso de la inmobiliaria Luxender supuso el traslado del juez Luis Seller, mercantil número 2 de Alicante. El titular del juzgado mercantil nº 2 de Valencia, Fernando Presencia expedientado por “falta muy grave”, según el Consejo General del Poder Judicial, acabó en Talavera de la Reina. En Badajoz, a cambio del archivo de la denuncia presentada contra ella por su ex marido, el juez decano de Puertollano, Esther Sara Vila, titular mercantil, acusada de favorecer a su actual pareja a la hora de designar administradores concursales, ha tenido que aceptar el traslado a un juzgado “menor”. Y hay más expedientes abiertos: en Cádiz, en Málaga y en Barcelona. Y más jueces, generalmente mercantiles, investigados por la UDEF, como Nuria Auxiliadora Orellana, Andrés Sánchez Magro, Santiago Senent y Juan Manuel Castro, entre otros. Los expedientes, los traslados, incluso las inhabilitaciones están a la orden del día en un Consejo General del Poder Judicial con fama de excesivamente duro a la hora de aplicar la disciplina.

El líder de Ciudadanos, Alberto Rivera, para justificar su programa electoral en materia de justicia, dijo que “en España, la administración judicial está politizada, con total dependencia de los partidos políticos”. La sociedad empieza a tener la sensación de que algo hay de verdad en este asunto. El máximo órgano de los jueces se encuentra enormemente dividido y se toman decisiones, al menos, controvertidas, como la de apartar a la candidata socialista, Margarita Robles de Gante, de su puesto de magistrada de sala del Tribunal Supremo al resolver su solicitud de excedencia especial. Podrá volver a la carrera judicial, pero no a su actual puesto. Este deberá ganárselo otra vez. Cuestión de interpretaciones de unos y otros de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Donde no hay interpretación posible es en el caso del juez Fernando Presencia, titular mercantil nº 2 de Valencia. Se le sancionó con un traslado a Talavera de la Reina, Allí descubrió un turbio asunto de corrupción inmobiliaria en el que estaba implicado un fiscal. Lo denunció. Y, al final, acabó siendo inhabilitado durante diez años por un delito de prevaricación. Tampoco se ha aclarado el caso del juez Silva, el que ordenó el ingreso en prisión del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. También ha sido inhabilitado por prevaricación. Pero su condena se encuentra recurrida.

Hay casos a la inversa, que se consideran arbitrarios, como es el del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Riquelme. Su designación fue impugnada ante el Tribunal Supremo quien falló a favor de la impugnación ordenando que se repitiese el acto de designación. El Consejo ha hecho caso omiso al requerimiento del Supremo y ha ratificado a Riquelme en su puesto. La jueza que competía con él para el cargo, Pilar Alonso, 1160 puestos por encima del escalafón, ha recibido, ya, alguna advertencia en el sentido de que “se debe de olvidar de este asunto” si no quiere verse forzada a un traslado o medida semejante.

En 2015, último año con datos definitivos, la comisión disciplinaria del Consejo procedió a la apertura de 39 expedientes de los cuales 10 se archivaron y 6 terminaron en sanción a jueces, todas ellas por retrasos injustificados. Este año, 2016, parecen haber cambiado las tornas y, aunque no se conocen los datos, ni siquiera provisionales en lo que va de ejercicio, todo parece indicar que la prevaricación ganará a la falta de diligencia. Y la prevaricación, siempre se ha dicho, es un término demasiado ambiguo para una sociedad que no entiende que, de la noche a la mañana, se estén produciendo tantos casos de irregularidades en la Justicia.

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