La crisis financiera provocó una quiebra de confianza que secó el interbancario provocando problemas de liquidez. Además, muchas entidades acumulaban serios problemas de solvencia ligados a su compromiso con el ‘boom’ inmobiliario y el pinchazo de la burbuja. Las cotizaciones bancarias se derrumbaron, sus beneficios se descremaron y el Estado intervino inyectando liquidez proveniente de la línea de crédito de la UE.

Tras varias reformas financieras, podemos afirmar que el sistema financiero está razonablemente estabilizado. Pero, ¿han aprendido la lección? Lamentablemente no. La presión del mercado, los incentivos perversos y el deficiente sistema de control provoca que se sigan reiterando las malas prácticas que creíamos superadas. A mediados de octubre el Banco Central Europeo sorprendía afirmando que los bancos españoles siguen realizando malas prácticas.

En materia de desahucios es verdad que la legislación ha acotado la anterior inequidad, pero también es verdad que los 30 días para denunciar abusividad se revelaron como insuficientes tal y como ha señalado ya el Tribunal Europeo de Luxemburgo. Desgraciadamente, España modula su legislación a golpe de Bruselas. Por eso Navas & Cusí denunciamos a España ante la Comisión Europea en mayo de 2013.

Entre otras cosas reclamamos que no se aplique la no retroactividad dictada por Supremo en los casos de abusividad. A nuestro juicio, el Supremo hizo coincidir su sentencia con el informe de la fiscalía en el que advertía del la grave incidencia presupuestaria y para el interés general en caso de resolver de manera diferente. En mi opinión, de lo que se trata es de impartir justicia.

Por otra parte, la solución de los escándalos del pasado se está realizando con salidas en falso. Veamos algunos ejemplos. Popular trata de evitar la avalancha declamatoria ofreciendo a sus bonistas un depósito a plazo fijo. La rentabilidad depende del capital aportado. A los mejores clientes les ofrecen una rentabilidad del 5% anual durante 5 años. Una rentabilidad que –aún contabilizando la rentabilidad del bono, en el entorno del 35-40%- no compensa las pérdidas superiores al 80%. Máxime cuando el 5% sólo se ofrece a clientes que superen los 70 años…

Otro ejemplo de mala práctica es el de las preferentes de Caixa Catalunya. La entidad se defiende afirmando que todos los que acudieron a la vía de arbitraje fueron resarcidos. Lo que no dice que es que más de 4.000 de los que acudieron al arbitraje fueron rechazados porque sus cuantías eran elevadas. La Agencia catalana de Consumo estudia ahora los motivos del rechazo del arbitraje. Recientemente hemos ganado un caso en la Audiencia Provincial de Barcelona en la que logramos que le devolvieran a la una octogenaria con estudios primarios los 54.000€ invertidos.

Caixa Catalunya se defendió afirmando que habían cumplido con los requisitos formales de información. Cierto. Pero no era suficiente. Su test de conveniencia concluía que la anciana tenía experiencia suficiente para contratar a pesar de no tener experiencia previa, no haber trabajado nunca en el sector financiero y contar con estudios primarios.

Por otra parte, las hipotecas multidivisa también están generando cascadas de reproches judiciales porque en pocas ocasiones se advirtió adecuadamente del riesgo que corrían. Los afectados son mayoritariamente funcionarios, pilotos de aerolíneas y directivos de multinacionales.

Por último, la titulización hipotecaria a los fondos buitre sigue generando mucha controversia jurídica. ¿Por qué se priva del derecho de tanteo y retracto al desahuciado?, ¿por qué se permitir que un tercero pueda adquirir el inmueble a precio de ganga en lugar del usuario de la vivienda? Y además, ¿por qué tras la titulización el banco sigue ejerciendo como si fuera el legítimo titular del crédito?

Es verdad que existe un vacío legal cuando el banco tituliza en bloque un paquete de hipotecas. En tal caso, no hay obligación de inscribir en registro de la propiedad ni de comunicar al afectado. Pero el Banco de España señaló el pasado mes de marzo que cuando se produce la titulización se pierde la posición acreedora. Es decir, la ‘legitimación activa’ en términos jurídicos.

El problema es demostrar que quien ejerce la acción de desahuciar no es el legítimo titular del crédito. Por eso reclamamos que ese vacío legal sea cubierto. Además, aunque es muy difícil, no es imposible demostrar que la hipoteca ha sido titulizada. En Navas & Cusí lo hemos hecho ya en varias ocasiones ofreciendo a los afectados la posibilidad de reclamar el derecho de tanteo negado y salvando en ocasiones el desahucio.

Pero todo esto exige pericia jurídica y técnica que no seria necesaria si Banco de España y CNMV forzaran a las entidades a ejercer la debida transparencia. Si los organismos de control están faltos de medios humanos y materiales habrá que dotarles adecuadamente  para evitar que las malas prácticas mantengan su expansión. Es verdad que los controles judiciales culminan en muchos casos en reproches. Pero siempre es mejor un control ‘ex ante’ que un control ‘ex post’ largo y farragoso.

Por otra parte, hace falta voluntad política para evitar legislativamente la asimetría y la abusividad. Y eso pasa por reformas legislativas que nos adapten adecuadamente a la normativa comunitaria. Además, sería deseable que además de la dotación presupuestaria de los organismos supervisores se dotara de independencia a sus profesionales. Una cosa es que estén sometidos a la autoridad laboral y otra que sus informes puedan ser censurados por la superioridad. Si los inspectores del Banco de España –de una elevadisima y reputadísima preparación técnica- gozarán de la misma independencia que un juez de primera instancia, nos ahorraríamos muchos problemas.

Estas son nuestras propuestas. Reformas vitales para nuestra calidad democrática que lamentablemente no forman parte de la agenda pública. Por nosotros que no quede. Felicidades a Diario 16 por este regreso.

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