La Fiscalía Anticorrupción se ha quejado. Hace un año pidió dos peritos a la Agencia Tributaria para asesorarles sobre el caso de las 2.935 viviendas del Ivima de la Comunidad de Madrid que fueron vendidas a Goldman Sachs, que instruye el juzgado de instrucción nº 48 de Madrid. La respuesta recibida es un informe que el propio juez considera “insuficiente”·. La AEAT dice que no se precisan más trámites que ese. Y mientras no se designen esos peritos para que trabajen en la Causa, ésta se encuentra prácticamente paralizada.

Las casas afectadas por la operación inmobiliaria pertenecían al Instituto de la vivienda de Madrid. Estaban alquiladas a familias de bajos recursos económicos hasta que en 2013 cayó en manos de Goldman Sachs. La operación fue considerada fraudulenta por los inquilinos que presentaron una querella criminal contra la administración regional entonces gobernada por Ignacio González. De resultas de la instrucción llevada a cabo, Juan Van Halen, ex gerente del Ivima y es director de Arquitectura y vivienda del Ministerio de Comercio se encuentra imputado.

La instrucción que lleva a cabo el juzgado 48 de Madrid investiga si se cometieron delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en una operación que permitió al fondo Azora Goldman Sachs hacerse con 32 promociones por 201 millones de euros. Los inquilinos siguen pagando el mismo alquiler, entre 350 y 520 euros, pero se les carga el recibo del IBI y la tasa de basuras, cargas de las que están exentos por ser colectivos en riesgo de exclusión. Además, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, al emitir su informe sobre la operativa señaló que si la venta se hubiese llevado a cabo por lotes, se habrían obtenido mejores resultados.

Esta es la primera causa judicial de las dos que tramitan los juzgados madrileños. La otra se refiere a la venta, durante el mandato de Ana Botella, por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda de 1.860 viviendas y 3.336 plazas de garaje a un fondo buitre del grupo Blackstone. El negocio causó un “quebranto millonario” a las arcas municipales y se benefició de información privilegiada, ausencia de publicidad y transparencia, según la Cámara de Cuentas de Madrid. El fondo pagó por las casas 128,5 millones de euros, 32 menos de su valor, según este fiscalizador que, al mismo tiempo, señaló en un informe que se había “vulnerado la ley”

A los inquilinos se les subió el alquiler hasta niveles tales que muchos acabaron por ser desahuciados al no poder pagarlo.

Los afectados acudieron a los tribunales. El juzgado de instrucción 38 de Madrid archivó la causa. Archivo que ha sido recurrido con muchas posibilidades de que la Audiencia de Madrid ordene su reapertura. En este asunto se ha visto implicado un hijo de Botella y Aznar, algunas de cuyas empresas están vinculadas a esta operación.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 2 =