Vaya por delante mi profundo respeto por el trabajo que, día a día, realizan los miles de jueces de base con escasos medios y con una carga excesiva de trabajo. La vida pública se ha judicializado demasiado porque los órganos políticos y de mediación se muestran incapaces de resolver los problemas de su competencia, terminando al final casi todo en manos de los jueces. Por ahí no vamos bien, por lo que se hace necesario un cambio de modelo judicial que mejore la situación y que, sobre todo, evite la existencia de la por mí llamada “Justicia VIP”, elitista cien por cien, y a la que, finalmente, van a parar los casos de corrupción que ennegrecen nuestro paisaje judicial.

Por supuesto que la figura del Jurado tiene que mantenerse e incluso implementarse en casos en los que el sentido común puede estar por encima de los tecnicismos legales. Así, ¿alguien se imagina que la Infanta Cristina o Ana Mato habrían sido exculpadas por un jurado popular, después de responder con frases del tenor, “no me consta”, “no recuerdo”, “no sabía nada”, etc? Personas hechas y derechas no pueden desconocer cómo van los asuntos económicos en su casa cuando encima llevan su firma. ¿O no es de aplicación el principio básico de que el “desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento”?

La nueva Justicia requiere, como cuestión previa, la desaparición de la figura del aforado, ¿por qué un político va a tener un tratamiento judicial diferente al que tienen los españolitos de a pie? ¿Alguien lo entiende? Yo desde luego no.
A continuación se hace necesaria la desaparición de la Audiencia Nacional, creada ad hoc en su día para los casos de narcotráfico y terrorismo, que hoy día se pueden tratar en los tribunales de lo penal.

Por último, ¿qué carajo pintan los Tribunales Superiores de justicia de las Comunidades Autónomas? Muy poco, porque se dedican casi en exclusiva a la consideración de los aforados regionales, que están muy cercanos y “asequibles” para el político de turno, como se está viendo en el caso de Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues a la vista de lo que se está viendo en el caso Auditorio, en el que la evidencia dice que se gastaron 6 millones, y se aceptó como terminado un conglomerado de 4 paredes y un techo, unos peritos de parte, se han empeñado en poner sobre la mesa algo similar a lo inventado recientemente por el gabinete de Donald Trump que son los “hechos alternativos”; es decir, retorcer la realidad para cambiarla.

Resumiendo, cualquier ciudadano, incluyendo a políticos, jueces, o miembros de la casa Real, ¿no tiene suficiente defensa con los órganos que establece nuestro ordenamiento jurídico? Recordemos que lo lógico es que todo dios, en primera instancia, sea tratado por el juez predeterminado. Si no convence el fallo, siempre quedará la opción de apelar a la Audiencia Regional y, por último, recurrir al Tribunal Supremo en casación.

El toque final sería la supresión del “suplicatorio” ¿Nos parece bien que una cámara de representantes pueda ser el burladero tras el que se pueda esconder un presunto delincuente que requiere investigación?
Mucho se ha hablado de cambios en la Constitución que se van a quedar “ad calendas graecas”. Se hace necesario disponer con urgencia de un Sistema Judicial que sea garantista y más rápido, pero para todos por igual.

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Catedrático de química inorgánica (Universidad de Murcia), Decano de la FAcultad de Química (1992-2002), Director de la Oficina de Transferencia de resultados de investigación (OTRI), Director del Departamento de Química Inorgánica (2006 a 2010)

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