Y eso que dicen que el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha sido suavizado para evitar soliviantar aún más al sistema financiero de lo que está. Aún así, dicho informe, encargado por el Ministerio de Economía cuando, en octubre pasado, tras la llamada “guerra de los cajeros”, se reformó el sistema de comisiones de las operaciones llevadas a cabo en las terminales de los bancos, es concluyente en un sentido: se han introducido reformas para que todo siga igual. Los grandes ganan más con dichas comisiones en perjuicio de los pequeños que acaban por repercutir los cargos en los usuarios que tienen que pagar más por sacar dinero o consultar saldo.

El informe destaca que, desde que entró la nueva norma en vigor hasta ahora, la tasa por uso de cajeros se ha triplicado. En octubre estaba en torno a los 0,65 euros y se ha elevado hasta  1,85 y 2 euros.

Eso en las grandes entidades, las que cuentan con la mayor red de cajeros, es decir, Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell y Popular. Porque el beneficio que han obtenido estos bancos ha ido en perjuicio de los medianos y pequeños. Y dentro de este grupo, resultarían especialmente perjudicados los que cuentan con una red de cajeros menor.

La propia CNMC va más allá: estas entidades más pequeñas pudieran quedar “descolgadas, al no poder acceder en términos razonables a acuerdos de compartición de redes”, señalan los expertos.

Además, está la evidencia de que la alternativa en torno a desarrollar una red propia, supone grandes costes tanto en tiempo como en gastos. Con el anterior sistema bastaba con adherirse a una de las redes correspondientes, 4B, Servired o Euro6000,  y pagar la tasa acordada para acceder a una red amplia, pero la actual realidad, que obliga a acuerdos bilaterales, otorga mucho poder a las entidades con red propia en detrimento de los bancos con menores redes.

Todo el entramado se vino abajo cuando La Caixa decidió cobrar 2 euros a todas las operaciones efectuadas en sus cajeros con tarjetas ajenas a la entidad. El revuelo que se organizó obligó a intervenir a Luis de Guindos que, a las puertas de unas elecciones generales, se vio en la obligación, finalmente, de contentar a grandes y pequeños. Y no se le ocurrió otra cosa que dictar que el coste por servicio sería cargado por la entidad propietaria del cajero a la emisora de la tarjeta. Libertad de precio aunque con límites. Resultado: salen ganando los grandes, los que cuentan con el 45% de los cajeros en España.

Ahora bien, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia no quiere mojarse sobre el efecto que el fuerte incremento de la tasa está teniendo sobre los consumidores: “depende de muchos factores”, dicen. “No está claro este efecto”, resaltan.

Pero el informe es tan demoledor que ya hay quien se piensa que hay que volver a cambiar el sistema que se elaboró en un momento difícil, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. El problema es que los bancos son contrarios a una nueva normativa. Y parece que la banca empieza a tomarse muy en serio su papel de “poder fáctico”.

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