De Guindos, si tienes vergüenza política y social, dimite

La decencia política es algo que no suele abundar por los páramos españoles. Lo hemos visto tantas veces que ya parece algo normal: cargo público implicado en un caso de corrupción (económica, social, ética o política) que se aferra al cargo en espera de que, en primer lugar, haya un procesamiento, a continuación, un juicio con su correspondiente sentencia y, finalmente, esperar a que sea firme para tomar la decisión de dimitir.

En España hemos tenido muchos casos de corrupción política y la sentencia condenatoria de uno de ellos ha tenido consecuencias inmediatas: la moción de censura que ha provocado el cambio de Gobierno. Sin embargo, hay un presunto caso de corrupción económica que apenas está teniendo calado en la sociedad española porque sólo Diario16 está publicando con documentación la trama que se creó para implementar una operación de rescate al Banco Santander y que tuvo como consecuencia la ruina de más de 305.000 familias. En dicha trama hubo una presunta implicación directa de organismos públicos que estaban bajo la responsabilidad del Gobierno del Partido Popular, en concreto, de su Ministerio de Economía dirigido entonces por quien esta semana accederá a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, el mismo que fue calificado por el Financial Times como el peor ministro de Economía de la Unión Europea.

Tras los cambios políticos producidos en España en los últimos días, con un cambio de Gobierno provocado por una moción de censura consecuencia de una condena por corrupción al Partido Popular, Luis de Guindos, por decencia política, ética y social, debería dimitir de ese cargo, aunque esa virtud esté inédita en su currículum.

Además, esa decisión debería tomarla por coherencia ya que no puede ser el representante de España un miembro de un partido al que se le ha echado del Gobierno de un país de la Unión Europea por corrupción.

No obstante, no sería la primera vez en la que De Guindos se encuentra en una disquisición deontológica, de una decisión basada en la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. El madrileño ya ocupó el cargo de ministro de Economía con la misión de sacar de la crisis económica a España cuando él era el presidente en España y Portugal de Lehman Brothers cuando estalló la crisis, es decir, que De Guindos presidía la empresa que provocó el crash de 2.008. Fue como meter a un pirómano a apagar un incendio.

La corrupción económica del Caso Banco Popular ya la hemos explicado con documentación en estas páginas. Sin embargo, hagamos una comparación cuantitativa entre Gürtel y el Popular. Según los cálculos de los especialistas, la trama por la que se ha condenado a importantes ex dirigentes del Partido Popular —cónyuges de ex ministras incluidos— con importantes penas de cárcel tuvo una cuantificación de 900 millones de euros. El Caso Banco Popular ha supuesto que se les arrebató a más de 305.000 familias sus ahorros por valor de más de 11.000 millones de euros (3.200 si se toman los datos del 6 de junio de 2.017), dinero que sirvió para tapar un importante agujero del Banco Santander, tal y como hemos demostrado en Diario16 a través del análisis de la auditoría de la propia entidad cántabra.

Si la corrupción política del PP, con un coste de 900 millones, ha supuesto un cambio de Gobierno, la operación del Banco Popular debería ser causa definitiva para que De Guindos ni siquiera acceda a un puesto fundamental para la economía europea. De hacerlo, posiblemente la economía europea estará en serio peligro.

Otra razón por la que Luis de Guindos no debería acceder a la vicepresidencia del BCE la encontramos en la salida a bolsa de AENA, un hecho por el que la consultora PwC (la misma que ha hecho las auditorías del Santander y de la que De Guindos fue director del sector financiero) ha sido sancionada por «incumplimiento del deber de independencia» con 10,49 por la comisión de varias faltas graves en sus trabajos con AENA. De Guindos era ministro de Economía cuando esto se produjo y donde, además, se pudo comprobar que el precio de salida fue muy inferior a su valor de mercado, lo que, evidentemente, supuso un quebranto para las arcas públicas.

Sin embargo, no sólo Luis de Guindos debe dimitir por decencia sino que tendrían que seguirle todos aquellos que, directa o indirectamente, tuvieron una presunta incidencia en el Caso Banco Popular, sobre todo aquellos que ocupan cargos en instituciones públicas dependientes de Economía. El primero, debería ser Luis María Linde, aunque su mandato está finiquitado y sólo falta que se traduzca la sustitución por Pablo Hernández de Cos. El Banco de España fue fundamental a la hora de no detectar las irregularidades que presuntamente Emilio Saracho realizó para crear la crisis de liquidez, entre las que se encuentra la provisión de activos crediticios al corriente de pago, por ejemplo. Sebastián Albella, como presidente de la CNMV, también debería dimitir de su cargo porque su inacción a la hora de frenar la operación bajista que derrumbó el valor del Popular fue fundamental para que se produjera, entre otras cosas, salidas de depósitos o bajadas del valor de rating que, por extensión, pudo haber provocado la salida de liquidez por parte de instituciones públicas. El ejecutor de la operación fue Jaime Ponce porque inició los procesos de intervención cuatro días antes de la resolución, tal y como se colige de la propia documentación, por no hablar de cómo permitió que se cerrara la subasta a pesar de que el plazo ya hubiera pasado.

Otro caso lo encontramos en Emma Navarro, ex secretaria general del Tesoro, quien fue la persona que frenó el plan de negocio del Banco Popular una vez que Saracho hubo accedido a la presidencia de la entidad. Esta señora ocupará la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en sustitución de Román Escolano y la propia institución ha confirmado que el nombramiento se mantendrá a pesar del cambio de gobierno.

Dimisiones éticas y coherentes. ¿Se darán? Es muy probable que no y por eso se bajan las máscaras para mostrar a los ciudadanos en manos de quién se encuentra nuestra economía.