El Popular tenía que caer para rescatar al Santander. Fue como asesinar a un hombre para quitarle el hígado y que se lo trasplantaran a una persona importante del país. Se le asesina, se le extrae el órgano y se envía al hospital. Da igual lo que el asesinado dejara detrás, su familia, sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, sus amigos. Eso no era importante. Fundamental era salvar a esa otra persona porque era vital para el Estado.

El Santander es una entidad too big to fail (demasiado grande para dejarla caer) y los movimientos geopolíticos y macroeconómicos de puntos clave del planeta tenían o podrían tener efectos muy negativos sobre un banco fundamental para el Estado español y para el sector financiero europeo.

El Brexit tendría unos efectos muy serios en la cuenta de resultados del Santander. La evolución de la economía británica y la depreciación de la libra esterlina tras el voto favorable del pueblo británico a la salida de la Unión Europea está poniendo al Santander en una posición difícil. Y eso es muy preocupante tanto para la propia entidad como para las autoridades españolas y europeas. El Reino Unido ha desacelerado su economía y las previsiones más optimistas determinan que en 2017 será de un 1,2% cuando, antes del referéndum, se calculaba en por encima del 2%. Esta desaceleración afectará al Santander UK porque la demanda de crédito bajará. Según la consultora Merrill Lynch, la desaceleración del crecimiento económico británico incrementará la morosidad del negocio del Santander en Reino Unido, además de que producirá un desplome en los márgenes de beneficio e incrementará el volumen de pérdidas crediticias. A nivel del Grupo Santander, la división británica bajará su aportación por debajo de los 900 millones de euros. Todo lo anterior, sumado a la rebaja de las previsiones de rentabilidad al 8%, cuando antes del Brexit se encontraban en un 13%, ha hecho saltar las alarmas.

Lo mismo respecto a los resultados del negocio en Latinoamérica. Aquí el Santander ha tenido una reducción importante de sus beneficios debido, sobre todo, a la desaceleración de las economías sudamericanas y norteamericanas —sobre todo en Argentina, México, Brasil y Chile—, a los elevados índices de inflación y a la depreciación de las monedas locales respecto al euro, lo que provoca que la cuenta de resultados se resienta en miles de millones de euros. Hay que tener en cuenta que un 34% del negocio del Santander proviene de Latinoamérica y que en picos de pérdida el valor del grupo cántabro se haya llegado a un -30% en sus divisiones americanas supone un impacto importantísimo dentro de su cuenta de explotación.

Respecto a España el negocio ha venido cayendo poco a poco, pero ha sufrido fuertes reveses como, por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2015 cuando el beneficio neto del Santander cayó un 70%, o las tasas interanuales negativas en 2016 por encima del 30%. La caída no está siendo mayor por el descenso de las provisiones a las que se vieron obligadas todas las entidades a hacer frente tras la burbuja inmobiliaria y la proliferación de activos tóxicos. Además, el fracaso de productos estrellas como, por ejemplo, la “Cuenta 1|2|3” que ha tenido unos sobrecostes que, incluso, fue una de las causas del último ERE, según la propia entidad cántabra. A esto se añade la poca adaptación a las nuevas tecnologías y a la banca digital que, según denunciaron los propios trabajadores, provoca situaciones de colapso.

Las instituciones españolas se pusieron en marcha enseguida ante esta situación. El Santander no podía caer como lo hizo el principal banco belga Dexia o como, si nada lo remedia, el Deutsche Bank. En el año 2013 el entonces Primer Ministro británico David Cameron anunció la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea si el Partido Conservador ganaba las elecciones de 2015. En mayo de ese año se celebraron los comicios que los conservadores ganaron por mayoría absoluta. Faltaban tres meses para que la Cámara de los Comunes anunciara la convocatoria oficial de la consulta. Sin embargo, los resortes del Estado ya se pusieron a trabajar.

Ahí es donde entran dos de los principales responsables de la operación que tuvo como consecuencia la venta por un euro del Banco Popular al Santander el 7 de junio de 2017: Luis de Guindos y Antonio Carrascosa. Ambos siempre han ido de la mano. Mientras el actual ministro fue Secretario de Estado de Economía en la segunda legislatura de José María Aznar, donde demostró su valía al afirmar que en España “no hay burbuja inmobiliaria, sino una evolución de precios al alza que se van a ir moderando con más viviendas en alquiler y más transparencias en los procedimientos de urbanismo”, Antonio Carrascosa ocupó el cargo de director general de Entidades en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Precisamente en una época en que las entidades, sobre todo las Cajas de Ahorro, estaban despilfarrando con una política de crédito inmobiliario que luego trajo como consecuencia la crisis financiera que el propio De Guindos quiso arreglar con un rescate europeo que ya ha costado a los españoles más de 60.000 millones de euros según los datos del Tribunal de Cuentas.

Tras la salida del Partido Popular del gobierno en 2004, De Guindos se incorporó al sector privado en el banco de inversión Lehman Brothers primero como miembro del Consejo Asesor de Europa y, posteriormente y hasta la quiebra que provocó la mayor crisis económica global de la historia, como director en España y Portugal. Carrascosa se mantuvo en su cargo en la CNMV hasta que fue cesado en 2007. De Guindos se incorporó a la auditora PwC como responsable de la división financiera unos meses después de que lo hiciera Carrascosa, quien se incorporó a la multinacional en el mes de mayo como director de la Unidad de Cumplimiento Regulatorio. Precisamente PwC es la auditora tanto del Santander como del Popular.

Tras el nombramiento de Luis de Guindos como ministro de Economía en 2011, Carrascosa fue nombrado director general de Política Económica, cargo que ocupó hasta julio de 2012 en que fue nombrado director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), casualmente, un mes después de que se anunciara el rescate a la banca española. Carrascosa se mantiene en el FROB hasta febrero de 2015 en que fue designado como director general del Mecanismo Único de Resolución (MUR), el organismo creado por las autoridades europeas para gestionar los rescates a la banca.

Las piezas ya estaban en su sitio para iniciar la operación de rescate al Santander. Se necesitaba un objetivo y se encontró: el Banco Popular que, a pesar de ser una entidad histórica y solvente, estaba pasando por ciertas dificultades heredadas de la burbuja inmobiliaria, al igual que el resto de entidades españolas. Sin embargo, el Popular tenía algo que el resto no tenía: una cartera de clientes de pequeña y mediana empresa que cubriría una de las carencias del Santander, además de generarle beneficios que paliaran las pérdidas de España y Latinoamérica y las previsibles si ganaba el “Sí” en el referéndum británico. Por otro lado, estaban el gran patrimonio del Popular que se calculaba que estaba por encima de los 12.000 millones de euros, la gran cartera de productos, la gestión de los depósitos de instituciones como la Iglesia Católica (6.000 millones de euros), y, sobre todo, la plataforma de banca digital que paliaría una de las mayores carencias del Santander. La operación estaba clara: había que atacar a la sexta entidad española desde los mercados para provocar su caída y la intervención de las autoridades europeas. Quienes podían permitir esto ya estaban en sus posiciones: De Guindos controlando que tanto el Banco de España como la CNMV miraran hacia otro lado y Carrascosa preparando el terreno en la Junta Única de Resolución para, llegado el momento, provocar más caos en los mercados y tomar la decisión de intervenir a la entidad y entregárselo al Santander.

Sin embargo, ni De Guindos, ni Carrascosa, ni, por supuesto, el Banco de Santander podían ser los ejecutores de la misma. Era necesaria la presencia de un ejecutor. Se encontró en la persona de Emilio Saracho, vicepresidente de JP Morgan Chase, experto en banca de inversión y, sobre todo, un hombre de confianza del Santander. Él se iba a encargar de llevar a efecto la estrategia de descapitalizar la acción del Popular. Para ello se aprovechó, en un principio, de la guerra civil interna dentro del Consejo de Administración desencadenada por Antonio del Valle y Reyes Calderón con el fin de ganar poder. El propio Ángel Ron, ex presidente del Popular, reconoció que Saracho le dijo que el precio de la acción estaba demasiado alto (1,31 euros) y que él iba a bajarlo.

De Guindos y las autoridades supervisoras que dependen de él miraron hacia otro lado mientras los mercados castigaban un día sí y otro también al Popular a través de movimientos a corto que, en otros casos, fueron frenados por la CNMV. Una semana después de la intervención del Popular frenaron una estrategia similar contra Liberbank y la acción se revalorizó un 133%. Saracho, a través de sus contactos en la banca de inversión y de antiguos brokers famosos caídos en desgracia, estaba llevando al Popular al valor de 0,40 euros la acción que era el objetivo que le habían marcado para que el Santander hiciera una oferta por 4.000 millones para hacerse con el Popular. La entidad cántabra, por su parte, se apoyaba en los movimientos de sus máximos accionistas, los bancos custodios estadounidenses que podían manejar a través de sus divisiones de inversión los movimientos del mercado.

Faltaba un aliado más: la prensa. Para que la operación tuviera éxito había que difundir rumores que trasladaran tanto a la opinión pública como a los clientes/depositantes/accionistas un estado de pánico que provocara una salida en desbandada de depósitos. Rumores redactados como si fueran notas de prensa en la planta noble del Edificio Beatriz de la calle Ortega y Gasset de Madrid. De ahí vino el rumor de que el Popular estaba en quiebra hecho en la primera semana del mes de mayo, desmentida por Francisco Aparicio Valls, el secretario del Consejo, en una carta a la CNMV, hecho que tuvo como consecuencia su destitución.

A esto hay que añadir los errores premeditados de Saracho en la Junta de Accionistas del mes de abril, donde anunció una ampliación de capital y, al mismo tiempo, la venta de la entidad.

Todo estaba medido, no se hacía ningún movimiento que no estuviera proyectado. Mientras la guerra se desarrollaba en España y Saracho estaba obteniendo unos resultados por encima de lo esperado, De Guindos lograba que no se actuara desde el Banco de España ni desde la CNMV, Carrascosa esperaba como si fuese una célula durmiente. Su momento no había llegado aún, pero podía dar un empujón. No lo hizo él, evidentemente, sino que lo hizo a través de Elke Konig quien, en unas declaraciones irresponsables a la agencia Bloomberg que provocaron aún más pánico: “Nunca hemos hablado de casos individuales, pero hay varias entidades en nuestro radar. Por supuesto, Banco Popular es uno de los casos que estamos mirando”, declaraciones que se hicieron dos semanas antes de la resolución. Posteriormente, las autoridades europeas quisieron desmentir esas declaraciones, pero, evidentemente, estaban grabadas.

A partir de ahí había que evitar que el foco se centrara en el Santander en el interés por comprar la sexta entidad. Ahí entró De Guindos nuevamente hablando con otras entidades como Bankia, BBVA o CaixaBank. Se hizo mucho hincapié en proponerle la compra a José Ignacio Goirigolzarri quien se resistió porque no veía la operación clara y porque, como buen banquero y analista, se dio cuenta de que había algo más, de que un ataque como el que estaba recibiendo el Popular no respondía a los movimientos propios del mercado. La operación que le proponía De Guindos, con una rentabilidad en un plazo muy corto de tiempo, tenía muchos riesgos y, evidentemente, él tenía la obligación de resucitar a un gigante caído tras la gestión desastrosa del PP y de Rodrigo Rato y no se iba a embarcar en aventuras que provocaran daños a sus clientes o sus accionistas. El Santander no sonaba en la semana previa a la intervención.

Todo este interés para que Bankia fuera la compradora del Popular era falsa. De Guindos se movió con Goirigolzarri sabiendo de sobra que éste lo rechazaría. Le presionó para que todo pareciera real, pero en ese movimiento no había más verdad que el sonido de su voz no el contenido de sus palabras. De Guindos lo filtró a la prensa como si fuera un hueso que se lanza a un perro y, evidentemente, los medios siguieron ese hueso. Un movimiento de despiste, eso fue, una cortina de humo para que el interés se centrara en otro sitio y no hacia donde debía. El Popular ya estaba adjudicado al Santander meses antes de la intervención, pero aún no había llegado el momento de que se supiera la verdad. Todo finalizaba en el momento en que el matrimonio hubiera sido consumado, no antes.

De repente, el día 6 de junio la prensa despierta y comienza a publicar que el Santander está dispuesto a realizar una ampliación de capital de 5.000 millones para hacerse con el Popular. Una decisión así no se toma de un día para otro. Esa misma noche el Santander se hace con la sexta entidad bancaria por un euro.

Ese día fue cuando Antonio Carrascosa toma el mando de la operación. Con informes de liquidación de la entidad firmados por la auditora Deloitte, informes contradictorios en sus conclusiones, logra que la Junta de Resolución intervenga al Popular porque, según esos informes, el Banco Popular no tenía liquidez siquiera para hacer frente a las operaciones más comunes. Todo falso porque esos informes que Carrascosa utilizó para tomar la decisión no decían la verdad de la situación del Popular, habían incluido los datos que “el amo” Santander quiso que se incluyeran. No en vano, Deloitte fue la auditora de la entidad cántabra hasta que se anunció el Brexit y el contrato que el Santander firmó con PwC finaliza en 2018, precisamente cuando la operación del Popular ya se ha ejecutado. Para apoyar la argumentación de Carrascosa ante la JUR para que el Popular fuera intervenido el propio Emilio Saracho había presentado unas garantías insuficientes para que la entidad accediera a una línea de crédito de emergencia de 4.500 millones que el Banco de España le tenía concedida. Pero Saracho presentó menos garantías de las que en realidad tenía el Popular, tal y como afirmó el vicegobernador del Banco de España.

¿Cómo se iba a liquidar una entidad con un valor patrimonial de 11.000 millones de euros? Este dato es fundamental para entender cómo se gestionó toda la intervención del Popular.

Luis de Guindos y, por tanto, el Gobierno del Partido Popular hicieron del rescate al Santander una cuestión de Estado. Por eso pusieron todas las herramientas estatales para que el banco cántabro se hiciera con el Popular. Sin embargo, la razón de Estado está en otros puntos más importantes. El principal, la defensa de los intereses de los ciudadanos frente al de las dictaduras privadas o al del poder económico. Sin embargo, tanto Luis de Guindos como Mariano Rajoy han demostrado en estos años que llevan gobernando que la prioridad fundamental es que esas dictaduras privadas, esas élites, no sufrieran los efectos de la crisis, que fuera el pueblo el que cargara con las consecuencias. Lo hemos visto con sus medidas laborales que han aumentado los beneficios de las empresas mientras los salarios se desploman y se destruyen los derechos de los trabajadores. Lo hemos visto con el rescate bancario en que se puso dinero público para salvar a entidades quebradas precisamente por los hombres colocados por el Partido Popular. Lo hemos visto con la resistencia a modificar la Ley Hipotecaria que beneficiaba a la banca frente a los ciudadanos que eran desahuciados sin piedad con la complicidad de un poder judicial al servicio del partido en el Gobierno, un poder judicial presidido por militantes del PP o afines a fundaciones que determinaron que para reducir el paro la mujer tendría que salir del mercado laboral.

Por eso Luis de Guindos es el peor ministro de Economía que ha tenido este país. Y eso que el listón lo había dejado muy alto Elena Salgado. Siempre ha trabajado para las élites, nunca para el pueblo español. Tal vez esta sea la razón por la que le han rechazado cada vez que ha querido optar a un cargo en Europa. Europa no se fía de quienes están al servicio de los intereses privados y no del bien común o de la verdadera razón de Estado.

Sin embargo, la razón de Estado no está en defender al Santander ni en poner toda la maquinaria estatal y la de Europa al servicio de una entidad concreta. La razón de Estado se halla en la defensa de esos 300.000 accionistas a quien la acción de Luis de Guindos, Antonio Carrascosa, Emilio Saracho y el Santander han dejado sin nada. Todavía no se ha escuchado ninguna voz del Gobierno que haya indicado que se buscarán soluciones a la situación que su propio ministro de Economía ha provocado. Tampoco se espera nada de ellos porque son cómplices de esa situación.

Por otro lado, la verdadera razón de Estado también tiene que ser defendida por el resto de los partidos de la oposición. Evidentemente, del Partido Popular no se espera que defienda al pueblo. Por razones obvias, Ciudadanos tampoco sería de utilidad ya que están al servicio del IBEX 35 (Santander incluido). Sin embargo, ¿dónde está la izquierda cuya principal función es la defensa de los intereses de los ciudadanos de a pie? Aquí hay más de 300.000 personas a las que se les ha incautado una parte importante de su patrimonio, más de 300.000 jubilados, pensionistas y trabajadores a los que se les ha hurtado el pequeño colchón que tenían invertido para poder llevar una vida digna. ¿Dónde está el PSOE? ¿Dónde está Podemos? Toda la reacción quedó con una comparecencia del propio De Guindos donde echó toda la culpa de lo ocurrido a Emilio Saracho quitándose toda responsabilidad. También hubo algún movimiento aislado en el Parlamento Europeo con las preguntas realizadas por el eurodiputado socialista Jonás Fernández sobre las declaraciones irresponsables de Konig. Nada más.

Al igual que se hizo con Bankia, los partidos de la izquierda (PSOE, Podemos, ERC, Compromís) tienen la obligación con más de 300.000 ciudadanos de crear una Comisión de Investigación porque en el caso Popular hay responsabilidades políticas que deben ser depuradas, sobre todo porque se ha utilizado la razón de Estado como excusa para dejar en la ruina a más de 300.000 personas y eso va más allá de cualquier movimiento especulativo. Luis de Guindos, Antonio Carrascosa, Emilio Saracho e, incluso, el propio Partido Popular son los responsables y tendrán que pagar por esa responsabilidad del mismo modo que el Santander que fue quien pasó la factura de los favores realizados a las instituciones europeas por su entrada en el mercado británico para cimentar la unidad bancaria, facturas que se pasaron en reuniones secretas celebradas en exclusivas urbanizaciones de la periferia de Madrid y estrategias que se pergeñaron en exclusivos clubs elitistas con largos encuentros entre Luis de Guindos y Ana Patricia Botín.

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7 Comentarios

  1. Sibilina operación puente. Ahora Santander vende la mitad de los adjudicados y no podría permitirse ahora vender el ladrillo del Popular con grandes plusvalías por el problema de imagen que hubiera supuesto, sobre todo con los bonistas y accionistas que han perdido su dinero con el rescate de la entidad. Al retener un 49% de la sociedad inmobiliaria, podrá cosechar plusvalías dentro de unos años sin este problema legal y reputacional. “La contabilidad es un chicle” y Santander lo sabe bien; encoge valor ahora y aflorará botín cuando asunto esté menos candente.

  2. En relación con los importantes quebrantos en que se ha visto atrapado BSantander este año pondría nombre con algunos ejemplos concretos como la operadora de telefonía Oi, en Brasil que se ha acogido a la equivalente ley concursal española en Brasil y, según ha publicado el diario The Wall Street Journal, Santander, junto con Banco Itaú, Banco do Brasil, y Caixa Economica Federal, cuentan con un tercio de la deuda total de Oi. Los bonos de Puerto Rico es un asunto también milmillonario como lo son en España la suma de Isolux y Abengoa. Demasiados errores para tan poco chicle.

  3. En relación con el amiguito Antonio Carrascosa, resaltar que su cometido en la JUR es, precisamente, Director of Resolution Planning and Decisions. Guindos lo colocó, nada menos, que de Director de Planificación de Resoluciones, vamos; que la incautación la planificó él (estoy esperando a ver si algún periodista le pregunta si él o su equipo tuvieron algo que ver con la criminal filtración del 31 a Reuters y, en caso de que no lo sepa, si ha abierto alguna investigación interna para castigar a los cumpables y evitarlas en lo sucesivo)

  4. Apuntar al estupendo artículo que la relación Deloitte-Santander se separó no porque ellos lo desearan sino porque los pillaron in fraganti y ya sabían que serían multados y sancionados lo que se publicó el pasado mayo con una sanción millonaria de Mº de Economía y a no acercarse a Banco de Santander en 3 años ¿que no harían juntos para semejante sanción? -ver BOE 15.05.2017 pag 40152.

  5. Una maravilla este artículo. El rescate encubierto al Santander fue mi principal hipótesis desde el mismísmo día 7. Diario16 sois los mejores. Periodismo en estado puro. Añadir a vuestro artículo los $70.000M que tiene enganchados y son incobrables el Santander en la isla de Puerto Rico a través de bonos municipales, engañando a la población y dejando a casi el 50% de la isla en EXTREMA POBREZA. Es curioso que de esto no se hagan eco los medios de comunicación españoles.

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