Francisco Granados, quien fuera secretario general del Partido Popular de Madrid, y ahora recluido en la prisión de Estremera (Madrid), por la trama Púnica, seguirá en la cárcel al no poder hacer efectiva la fianza de 400.000 euros solicitada por el juez Eloy Velasco para poder salir a la calle.

En el escrito remitido este martes, su letrado aclara que la vivienda actual del exsecretario general del PP de Madrid fue adquirida por un importe de 550.000 euros que abonó mediante dos cheques -uno por importe de 197.654 euros y otro de 242.346 euros- y una transferencia desde la cuenta bancaria de su hermano Alfonso Granados, por valor de 110.000 euros. Estos fondos los consiguió con la compra y posterior venta de tres inmuebles en Madrid capital entre los años 2000 y 2011 y que le reportó un beneficio total de 284.100 euros, según explica el letrado que solicita a la Audiencia Nacional la tasación de tres fincas de Valdemoro en el menor tiempo posible.

Granados se refiere a la casa que su madre posee en Valdemoro; el piso de su hermano en Madrid; y un terreno rústico de 8.646 metros cuadrados heredado de su padre y con el que comparte propiedad del 50 por ciento con su hermano. El exsecretario general del PP madrileño y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, apenas a logrado reunir 120.000 euros de los 400.000 impuestos por Velasco.

En el escrito remitido por su defensa al Juzgado Central de Instrucción número 6, su abogado expone que su madre y su hermano carecen de los medios económicos suficientes para llegar a reunir la cantidad ofrecida en un primer momento e insiste en que solo puede constituir fianza hipotecaria con tres bienes familiares.

El magistrado instructor de la trama, Eloy Velasco, decretó la libertad bajo fianza el pasado 17 de mayo, después de permanecer en la cárcel desde 2014. Velasco argumentó en su auto que había disminuido el riesgo de fuga y la posibilidad de que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid pudiera influir en la destrucción y desaparición de pruebas.

La última vez que la defensa de Granados pidió su libertad fue el pasado 8 de mayo alegando que sus hijas adolescentes le necesitan y que el investigado carece de otros ingresos que no sean del trabajo de su mujer, reducidos a una “ridícula cantidad” al verse perjudicada por la situación procesal de su marido.

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