El exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, ha interpuesto una querella por un delito contra la salud pública contra David Marjaliza, su exsocio, por supuesta vinculación con el narcotráfico como se desprende de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil durante “la Operación Púnica”. También ha presentado otra querella contra seis agentes del Instituto Armado por haber omitido y no investigado al que se considera “conseguidor” de la trama corrupta.

Los letrados del exdirigente popular explican en ambas querellas que a raíz de la investigación abierta contra Granados, entre otros, por el “caso Púnica” y en la que se encuentra también Marjaliza, se formularon intervenciones telefónicas, seguimiento y vigilancia de los investigados.

Estas escuchas se utilizaron en el primer juicio de la “Púnica” celebrado en la Audiencia Nacional, hace un par de semanas, por el chivatazo que presuntamente dieron dos guardias civiles a Granados acerca de su investigación y en el que Marjaliza declaró como testigo.

Una vez concluye la vista oral, José Javier Vasallo, abogado del exsecretario general del PP de Madrid, solicitó el testimonio íntegro de las transcripciones y las actas de las sesiones del juicio, para plantear las correspondientes acciones penales entendiendo que el contenido de las declaraciones realizadas por los testigos, apuntan a una infracción penal.

Vasallo argumenta en el escrito dirigido a la Sección Primera y que reitera en las querellas interpuestas ante los Juzgados de Instrucción de Madrid, que el exsocio de Granados, Marjaliza, “ha podido consumar presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y otros conforme se declaró por los agenten en el plenario celebrado, sin que hasta la fecha, y por razones desconocidas se haya adoptado investigación alguna por estos hechos, ni por parte de la Audiencia Nacional u otro órgano judicial”

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