Pablo Llanera, el magistrado del Supremo que instruye el sumario abierto del proceso secesionista de Cataluña, ha citado para el próximo viernes 1 de diciembre a las 9:30 de la mañana a los ocho exconsellers en prisión preventiva por esta causa, entre ellos al exvicepresidente Oriol Junqueras y, los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Las declaraciones podrían ser un paso hacia la libertad bajo fianza de los imputados ya que los encarcelados han acatado el artículo 155 de la Constitución que supuso su cese y la convocatoria de elecciones en Cataluña.
FISCALÍA PODRÍA PEDIR SUSTITUIR LA PRISIÓN INCONDICIONAL POR OTRA CON FIANZA
Todos han pedido comparecer ante el magistrado para pedir su salida de la cárcel a través de escritos en los cuales enmarcan su proyecto independentista en el «diálogo» dentro de la Constitución.
Llarena ha dictado una providencia en la que señala literalmente que «visto que todos ellos solicitan la revisión de su situación personal y que se les reciba declaración, en relación con la misma, se accede a lo interesado y se acuerda citarles para comparecencia».
En sus recursos contra la prisión preventiva el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros tres exconsellers de ERC encarcelados asumieron los efectos del artículo 155 y alegaron para pedir su libertad que la Declaración de Independencia (DUI) tuvo solo valor político.
Los exconsellers de Presidencia y Territorio Jordi Turull y Josep Rull también asumieron el 155 en sus recursos ante la Audiencia Nacional.
El juez Pablo Llarena asumió el pasado 24 de noviembre la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, los 13 exconsellers del Govern cesado y los líderes de ANC y Òmnium por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista, la jueza de la Audiencia, Carmen Lamela, le envió esa parte del sumario abierto en su juzgado.
Llarena asumió la causa y la integró en el sumario en el que también investiga a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a otros miembros de la Mesa, por hechos conexos. A este segundo grupo de imputados el juez del Supremo los dejó en libertad bajo fianza tras tomarles declaración y después de que asumieran la aplicación del artículo 155.
El viernes nadie va a pedir a los exconsellers que dejen de ser independentistas y renuncien a sus ideas. Lo que persigue la diligencia de interrogatorio que se va a practicar mañana es obtener una mínima certeza de que no se van a repetir situaciones como las vividas el pasado mes de octubre, a raíz del referéndum del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia.
De todas formas, los escritos de los exconsellers dirigidos al juez Llarena, destacan que su sometimiento a la justicia española es claro desde el momento en que acudieron a la citación de la Audiencia Nacional, a sabiendas de que muy probablemente aquella comparecencia acabaría con una orden de prisión incondicional, como así ocurrió, y añaden que era explícita “la asunción de un papel en la escena política, como candidatos, que les aleja de cualquier tipo de reiteración delictiva, al haber abandonado sus actividades como miembros del gobierno cesado”.
En todo caso, para eludir la prisión incondicional que pesa sobre ellos será necesario que convenzan a la Fiscalía o al juez Llarena de que renuncian a actuar al margen de la Constitución.
Fiscalía podría pedir sustituir la prisión incondicional por otra con fianza, el magistrado estaría obligado a acordarlo, aunque si el fiscal no lo pidiera, el juez siempre puede hacerlo por su cuenta.
