La organización de consumidores FACUA ha criticado que el Gobierno no tenga la intención de transferir los servidores y la gestión del sistema LexNet al Poder Judicial y siga manteniéndolo el Ministerio de Justicia. Durante la etapa anterior del PSOE en la oposición, Facua se había posicionado a favor del traspaso para «acotar la separación de poderes«.
Lexnet es un sistema de gestión telemática que sirve para que los juzgados puedan enviar notificaciones a los profesionales de la Justicia. La asociación considera imprescindible que, para garantizar la independencia del Poder Judicial, el control de un sistema como LexNet esté exclusivamente en manos del gobierno de los jueces. Según la organización que defiende los derechos de los consumidores, no puede existir separación de poderes cuando el Gobierno tiene acceso a toda la información sobre procedimientos judiciales de sus ciudadanos, así como a las distintas causas que llevan jueces y abogados. Esto puede provocar que el Ejecutivo tenga la capacidad de fiscalizar la judicatura e influir en ella, al conocer al detalle los casos que llevan a cabo.
FACUA también critica que, mientras LexNet se encuentre gestionado por el Gobierno, se le ha quitado el control de los procedimientos judiciales a los propios juzgados ya que, de ser los encargados de recepcionar y custodiar la documentación, ahora pasa a manos del sistema informático, además de permitir al Ejecutivo controlar una información a la que no debería tener acceso.
El cambio de posición del PSOE con respecto a la gestión de LexNet se ha conocido a través de una respuesta del Gobierno a una pregunta realizada por el senador de Podemos Joan Comorera. En ella, el Ejecutivo de Sánchez niega que la separación de poderes se vea afectada por «el hecho de que los medios personales y materiales (incluyendo aquellos electrónicos) sean proporcionados por las administraciones prestacionales, esto es, por el Ministerio de Justicia y por doce Comunidades Autónomas«, a la vez que ha recordado que el reparto competencial fue avalado por el Tribunal Constitucional.
De igual forma, el Gobierno ha afirmado que cualquier tratamiento de los ficheros judiciales se verifica mediante un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial y que, en cualquier caso, la normativa establece como responsable del tratamiento al «órgano judicial que conozca el procedimiento«, especificando que el fichero queda bajo dependencia del secretario judicial, encargado también de la custodia de toda la documentación en los órganos judiciales.
Además, el Ejecutivo ha comunicado que la normativa recoge que las administraciones públicas sólo podrán hacer uso de la información extraída del fichero, nunca de este, y tras una decisión que adopten sus órganos en cumplimiento de las competencias que les atribuya el ordenamiento jurídico. Para el Gobierno, por tanto, «no se produce injerencia por parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y en el caso de que sucediera la legislación de protección de datos establece ya el correspondiente régimen sancionador«.
