La designación de Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal, ha sido pactada por el Gobierno y el PP a cambio de que haya mayoría progresista dentro del poder judicial. Los socialistas, así, nombrarán a 11 vocales y los populares a 9. De otra parte, el gobierno de Pedro Sánchez consigue con esta maniobra que Manuel Marchena salga de la Sala que tiene que juzgar la causa del Procés, dando más posibilidades al delito de sedición.
A cambio Pablo Casado cerrará definitivamente el escabroso asunto de su máster blindándose ante futuras investigaciones, y además le devolverá el favor a quien será el nuevo presidente del Tribunal Supremo, que de esta forma quedará también protegido de las derivas penales que pudiera tomar el asunto de su hija.
La Sala de Admisión del “caso Master” compuesta por Manuel Marchena (presidente de la Sala), Miguel Colmenero (ponente de la resolución), Francisco Monterde, Ana Ferrer y Pablo Llarena, decidió archivar las actuaciones en la Sala 2ª del Tribunal Supremo por considerar en definitiva que no se había detectado el necesario concierto de voluntades entre Pablo Casado y los responsables del máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos.
De esta forma la Sala del Alto Tribunal se preparaba ante la posible imputación de la mujer de Pablo Llarena, Gema Espinosa Conde, en el “asunto de la hija de Marchena”, en el que se trataba el mismo tipo de soborno que el del “caso Master” de Pablo Casado.
La Comisión de Selección– cuya directora era la mujer de Pablo Llarena– este mes de julio pasado tomó la polémica decisión de crear una plaza de fiscales sin tener competencia para ello y con la finalidad exclusiva de favorecer a la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Sofía Marchena, que perdió la oportunidad de acceder a la carrera judicial con su promoción al encontrarse enferma, apareciendo ambas mujeres de esta forma como protagonistas de lo que parecía claramente que fue un soborno.
Muy bonito e interesante, y……