En la actualidad hay cerca de treinta familias en Ucrania sin poder volver con la nacionalidad española para sus bebés nacidos allí por gestación subrogada, una situación que el Gobierno español espera poder corregir en cierta medida. “Se buscará la fórmula más adecuada para proporcionar la correcta protección y asistencia consular a los españoles que se encuentren allí”, aseguran desde el Ministerio de Exteriores.

Una situación que no era la misma con el Gobierno de Rajoy: el Consulado de España dejó de tramitar la documentación de los bebés nacidos por gestación subrogada el pasado 5 de julio, con el argumento de que las pruebas de paternidad violan la nueva Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, en vigor desde mayo pasado. Las autoridades españolas alegaron que el ADN es un material sensible que no puede ser tomado de acuerdo a la nueva normativa europea.

En resumen, el problema era que hasta ahora el consulado se lavaba las manos del asunto alegando no tener capacidad para poder realizar las pruebas de ADN.

Hace unas semanas, la embajada española en Ucrania emitió un comunicado para “desaconsejar claramente iniciar un proceso de este tipo por no tener cabida en el ordenamiento jurídico español” y advirtió de que las autoridades españolas “no pueden hacerse responsables de las promesas de agencias privadas que realizan fuera de España una actividad no amparada por la ley española”.

Ucrania alumbra más de trescientos bebés españoles cada año. El precio oscila entre los 30.000 y los 70.000 euros. De momento, la solución más sencilla para los afectados pasa por solicitar el pasaporte ucraniano para sus pequeños, con la esperanza de poder conseguir la nacionalidad española más adelante.

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