La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha comparecido a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar la puesta en marcha de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y ha comunicado el compromiso del Gobierno de duplicar cada año, la partida para luchar contra la violencia machista.
Carmen Calvo, ha justificado este jueves la vía del real decreto para tramitar aquellas iniciativas legales que el Ejecutivo considera urgentes, para la aplicación de las medidas del Pacto de Estado para la Violencia de Género, y ha argumentado que «cuando llega un Gobierno con un cambio ideológico, tiene prisa».
Desde el año 2013 ha sido asesinadas 953 mujeres y 25 menores. En lo que va del año 2018: 29 mujeres y un menor han sido asesinadas y 15 niños y niñas han quedado huérfanos, según ha detallado la vicepresidenta al comienzo de su comparecencia. “Con estos asesinatos estamos delante de una situación trágica, ante la cual, la sociedad, las instituciones y los responsables políticos, solo nos quedan reaccionar, ser eficientes, con suficiente compromiso, coordinadamente con la lealtad al que el pacto nos obliga”.
De manera urgente y rápida hay que disponer “de todos los instrumentos de los que se puede hacer acopio de todas las Administraciones Públicas del Estado y también del arropamiento del resto de los agentes económicos, sociales, medios de comunicación, es decir del conjunto de la sociedad, para trabajar contra la violencia machista” ha urgido Carmen Calvo.
La urgencia se deriva “justamente de la tragedia que vivimos. Hay que ir rápido”, ha urgido la vicepresidenta, quien ha señalado que “llevamos casi un año de vigencia de este Pacto y las medidas se han puesto en marcha hace apenas unas semanas”.
Calvo a desgranado la reunión de las Conferencia Sectorial que tuvo reuniones de preparación, el 5 de julio y el 25 de julio, “horas después de que el presupuesto estuviera en disposición”. La vicepresidenta ha desvelado que “tardó horas en reunirnos con las comunidades autónomas que tienen transferidas una parte importante de competencia en esta materia y, también con la Federación Española de Municipios y Provincias”. Con los ayuntamientos se reunió muy rápido porque “íbamos tarde al reparto de los fondos que nos permiten paliar, prevenir, proteger y reaccionar ante la violencia de género”.
El Gobierno tenía que distribuir 9,5 millones de euros que quedaban pendientes para la protección de las mujeres víctimas, y de los menores. Durante esas dos reuniones, la vicepresidenta ha informado que se acordó con las administraciones públicas responsables de las políticas en materia de violencias machistas, coordinarse con las propias políticas de la Administración General del Estado.
En la reunión del 31 de julio de la Conferencia Sectorial, “compartimos que los Gobiernos autonómicos y también con los ayuntamientos, que estos son los que han de responder cada día y a cada momento ante esta situación completamente inaceptable para la seguridad de las mujeres, para la calidad de nuestros derechos, y de la protección de los menores.” Y ha recordado la obligación del Gobierno en adoptar el artículo 18 del Convenio de Estambul, que compromete al Estado español “en la protección de los menores como valor superior”. Hasta ahora el Gobierno del Partido Popular se había negado repetidamente a ponerlo en práctica.
La Conferencia Sectorial recibió puntual información para encontrar los criterios de reparto de los 120 millones de euros, que junto con los 80 que quedan en la Administración General del Estado, forman parte de los 200 millones de euros que cada año, durante cinco, lleva como compromiso el Pacto Contra la Violencia de Género. “Tuvimos absoluta unanimidad en todos los criterios de reparto, tanto en la urgencia con lo que cada una de las Administraciones Públicas se sienten concernida y naturalmente responsables”, ha señalado Carmen Calvo en su comparecencia.
“Tuvimos unanimidad en el acuerdo de cuáles tenían que ser alguna de las medidas que habíamos de tomar, como la devolución de competencias mediante la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que le permitiera los ayuntamientos recuperar los instrumentos en las políticas de igualdad y de protección tanto a las mujeres como a sus hijos”. Para la vicepresidenta, deben ser los ayuntamientos, al ser los más cercanos a las mujeres, “los lugares de escucha, de protección y de posibilidad de iniciar el camino para las mujeres víctimas de la violencia de la salida de la misma”.
También hubo unanimidad en que, en función de la protección de los menores, dentro de las medidas que el Pacto ya contenían, una reforma de la legislación más urgente, que iba a afectar a una modificación puntual de la ley 1/2004 de la Ley Orgánica Contra la Violencia de Género y que iba a afectar también al propio Código Civil.
“Las mujeres reciben dos mensajes importantes por parte de este Gobierno, que la violencia de género no puede formar parte del paisaje cotidiano, ni tampoco puede formar parte de las trágicas noticias cotidianas que recibimos, es una merma incalculable de la calidad de los derechos de miles de mujeres en este país”, ha señalado enérgica Carmen Calvo.
La propia vicepresidenta ha desvelado que pidió al Ministerio de Hacienda, de forma excepcional, “como excepcional es el pacto” que permitiera tener un tipo de ejecución excepcional de estos fondos, de manera que “llegándole a las comunidades autónomas y a las administraciones locales a esta altura del año, no tuvieran la preocupación de no poder disponer de las partidas presupuestaria necesarias prevenir a proteger y evitar la violencia contra las mujeres”. La vicepresidenta pidió a la ministra de Hacienda, Montoro “que no aplicara la regla 6ª del artículo 86.2 de la Ley General presupuestario. Se lo pedí de manera expresa, para que las comunidades autónomas y las corporaciones locales tuvieron la tranquilidad que, disponiendo de poco tiempo, van a poder preservar esos recursos en el ejercicio siguiente para que pudieran ser completa y absolutamente efectivo los objetivos perseguidos en el Pacto contra las Violencias de Genero”, ha señalado Carmen Calvo en la Comisión.
La vicepresidenta ha comunicado el compromiso del Gobierno de duplicar cada año, la partida que está afectada a las administraciones locales y fundamentalmente a los Ayuntamiento, que parte de 200 millones de euros. “Teniendo en cuenta la red de ayuntamientos que tiene nuestro país, es una partida pequeña que vamos a duplicar de cada año de vigencia de este pacto, con el objetivo de paliar, por un lado la prevención, es decir la posibilidad de que las mujeres acudan en cualquier momento a sus ayuntamientos, y por otro lado, extender incluso al capítulo 1 desde el punto de vista de la estructura presupuestaria para la contratación de profesionales que pudieran atender a estas mujeres en ayuntamientos medianos o pequeños, donde no hay la capacidad de contratación de personal especializado”, ha desvelado Carmen Calvo.
Para las mujeres que no quieren, por las razones que sean, dar el paso de la denuncia, “hay que ir a ofrecerle también otros instrumentos, que propicien abrir ese espacio durísimo, donde algunas mujeres no aciertan a cómo dar el primer paso para salir de la violencia de género”.
