El BOE acaba de publicar la declaración de bienes y patrimonio de más de mil altos cargos de la Administración pública durante los últimos cuatro años. Y lo primero que llama la atención es el nada desdeñable patrimonio del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en el momento de dejar su cargo tras la moción de censura declaró más de un millón y medio de euros. Este dato, llamativo sin duda, contrasta con el dinero declarado por el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuya declaración de la renta arroja unas ganancias mucho más modestas: 342.990 euros.

La diferencia de patrimonio entre uno y otro líder es algo normal (pese a que en principio ambos han cobrado el mismo sueldo hay otros ingresos computables como herencias, valor de bienes inmuebles, acciones y ahorros anteriores a la llegada del cargo) pero conviene no perder de vista un dato: la última vez que se hizo público el listado de bienes de sus señorías fue en 2014, cuando el PP aún seguía gobernando. Es decir, durante los últimos cuatro años los altos cargos, en especial los que integraron el Gobierno de Rajoy, no han hecho públicos sus bienes al abandonar sus puestos, pese a que están obligados a ello por la ley de altos cargos de la Administración General del Estado.

Por tanto, durante ese período sin duda marcado por la falta de transparencia, los ciudadanos no han podido saber que muchos colaboradores de Rajoy declaraban más de un millón de euros. Así, tal como consta en el BOE y recogen hoy la mayoría de los medios de comunicación de tirada nacional, entre ellos El País, Pedro Argüelles, ex secretario de Estado de Defensa, ha declarado una fortuna de casi 50 millones de euros. A su vez, Gonzalo Ortiz, embajador en Corea, acredita más de 25 millones de patrimonio global, y Montserrat Gomendio, ex secretaria de Estado de Educación, un total de 13,6 millones. También llama la atención la declaración de patrimonio de Fidel Sendagorta, director general para América del Norte, Asia y Pacífico (12,3 millones); y la de María Victoria Morera, embajadora en Alemania (7,6), José Rodríguez-Spiteri, presidente de Patrimonio Nacional (10,9), y de María Jesús Figa, embajadora en Vietnam (5,9 millones).

Los altos cargos deben por ley presentar su declaración patrimonial durante los tres meses posteriores a su toma de posesión y a su cese, algo que hacen todos los altos cargos del Estado. Sin embargo, no debería bastar con que sus señorías rellenen el impreso y le den trámite oficial, debería ser absolutamente necesario que el ciudadano, cada año sin excepción, sepa cuáles son las cuentas reales de sus representantes públicos, algo que no ha ocurrido en la última legislatura. ¿Por qué? Una democracia avanzada se mide, entre otras muchas cosas, por el grado de transparencia que ofrecen sus instituciones y representantes públicos, y no parece, por lo que publica hoy el BOE, que el Gobierno de Rajoy, ese que pagaba sobresueldos en negro a sus altos cargos, es decir, dinero sin declarar en el impuesto de la renta de las personas físicas, se haya caracterizado por facilitar toda la información a sus ciudadanos.

Ni que decir tiene que los últimos años de Gobierno de Rajoy han sido los más negros en lo que se refiere a la corrupción de la historia contemporánea de España, por mucho que José María Aznar se empeñe en decir ahora, provocando el sonrojo de quien le escucha, que casos como la trama Gurtel o la Caja B del partido solo fueron simples anécdotas sin importancia.

Pese a tantos desmanes y a que las declaraciones de patrimonio de los diputados y senadores han sido ocultadas durante cuatro años, el PP, hoy liderado por Pablo Casado, ha iniciado una ofensiva política y mediática contra el Gobierno socialista por cuestiones mucho menos importantes, como el máster supuestamente irregular que ha obligado a dimitir a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, el furibundo ataque contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por unos comentarios a los postres durante una conversación privada, o la petición de dimisión contra el ministro de Ciencia, Pedro Duque, a quien ahora se acusa de poseer una sociedad patrimonial con la que gestionó dos propiedades inmobiliarias, algo que por otra parte numerosos expertos ya se han apresurado a calificar como perfectamente legal.

Una vez más nos encontramos ante la hipocresía de un partido, el PP, que exige a sus rivales políticos una honradez hasta el grado de la santidad mientras él ha participado en el mayor expolio económico de la historia de España sin que aún haya pedido perdón a los españoles. Y no solo no ha pedido disculpas, sino que pretende convencernos de que la corrupción sistemática que ha practicado durante décadas, que ha sido confirmada por sentencia judicial mediante la acreditación de la caja B del partido, y que millones de españoles han visto con sus propios ojos en culebrones judiciales interminables, solo ha sido una pesadilla. Como en las malas novelas.

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