Permitir que toda aquella mujer que ejerza la prostitución pueda ver protegidos sus derechos laborales, como una trabajadora más, ha sido una antigua reivindicación de la izquierda que siempre se ha topado con la demagogia, la hipocresía religiosa y la injusticia social de los sectores más poderosos de la sociedad. Ahora, cuarenta años después de la llegada de la democracia a nuestro país, el Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado la constitución de un sindicato que permitirá que estas personas puedan defenderse como cualquier otro asalariado. La asociación, que se hace llamar Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), es un colectivo que “se desarrollará en el ámbito funcional de las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes”. El sindicato nace en un país como España, donde el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen contra su voluntad, según informes de la oenegé Anesvad, que cita diversos estudios internacionales. Detrás de esta actividad laboral siempre marginada por el legislador a menudo se encuentran las mafias organizadas que se dedican a la trata de blancas, a la extorsión y a la explotación bajo amenaza. A partir de ahora las mujeres que se encuentren en esa situación lo tendrán algo más fácil para pedir ayuda, recibir asesoramiento legal y defender sus derechos en los tribunales.

En España puede haber más de 100.000 mujeres ejerciendo una actividad semiclandestina que mueve cerca de 10 millones de euros al día

OTRAS, que desde el primer momento nace con vocación de sindicato, es a todas luces una entidad jurídica que se acogerá al marco legislativo de derecho laboral actualmente vigente. De esta manera, podrá tomar parte en la negociación colectiva, en la vida pública y política, como cualquier otra asociación, e incluso se podrá personar como parte acusadora en procesos judiciales por trata de blancas y violencia contra las mujeres.

La Dirección General de Trabajo ya ha registrado y publicado los estatutos de la asociación, que también podría defender los derechos de trabajadores empleados en otras actividades que tienen que ver con el sexo, como la que llevan a cabo los actores de cine pornográfico. Para afiliarse a OTRAS basta ser mayor de edad (hombre o mujer), comportarse “lealmente” con el sindicato y “no actuar contra sus intereses”. La resolución de la Dirección General de Trabajo puede ser impugnada ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Una vez recibida la solicitud de OTRAS, el Gobierno socialista no podía hacer otra cosa que aceptarla, ya que el sindicato cumple con todos los requisitos legales y sus principios fundacionales no entran en colisión con ningún artículo de la Constitución Española. Sin embargo, la derecha y las organizaciones ultracatólicas que la apoyan ya han comenzado a hacer de esta decisión del Gobierno una nueva campaña política y probablemente no tardarán en acusar a Pedro Sánchez de promover y fomentar la prostitución en las calles y hasta de proxenetismo si hace falta.

La realidad, más allá de postulados hipócritas que pretenden ocultar la situación, es que en España puede haber más de 100.000 mujeres ejerciendo una actividad semiclandestina y que este negocio mueve en nuestro país cerca de 10 millones de euros al día (unos 3.500 millones al año, o lo que es lo mismo un 0,35% del producto interior bruto del país). Además, solo un 20% de las prostitutas son españolas, de modo que la mayoría de ellas son inmigrantes que entran ilegalmente en el país y acaban siendo explotadas por redes organizadas africanas, sudamericanas y en menor medida asiáticas. Se sabe que hasta un 66% de las prostitutas ejercen su actividad en los 1.600 locales de alterne repartidos por todo lo ancho y largo de nuestra geografía nacional. Es decir, estamos ante un problema global y ante un sector laboral y económico marcado por la absoluta desregularización que alimenta la explotación de las personas, la economía sumergida y el crimen organizado.

Con la puesta en marcha del primer sindicato legal de trabajadoras sexuales, el Ejecutivo de Sánchez, a quien nadie podrá echar en cara que no se haya teñido de un fuerte componente feminista desde el principio, opta por el pragmatismo y por tratar de controlar un sector (el de la prostitución y otros relacionados con el sexo) que siempre ha estado ahí y que seguirá estándolo durante mucho tiempo.

La polémica sobre el control gubernativo de la prostitución es tan antigua como el propio oficio más viejo del mundo. Está comprobado que los consumidores que habitualmente recurren al sexo de pago son hombres de todas las ideologías políticas. Sin embargo, tradicionalmente ha sido la derecha, siempre influenciada por las ideas y dogmas de la Iglesia católica, la que se ha mostrado más reacia a regular este sector y más partidaria de reprimir la prostitución, penalizarla o cuanto menos esconderla, sacándola de las calles para que se vea lo menos posible. Partidos de derechas como el PP nunca han llevado en sus programas políticos la prostitución como un problema social, en la falsa creencia de que cuando una mujer cae en ella lo hace por propio deseo y voluntad, y obviando que solo un 5 por ciento de las mujeres que la practican pertenecen a eso que se llama la “prostitución de lujo”. El resto son trabajadoras mal remuneradas y sin ningún derecho laboral que por lo general atraviesan situaciones personales desesperadas y que terminan contra su voluntad en el arcén de una carretera o en un sórdido local de alterne.

Por su parte, desde la izquierda se ha tratado de dar un enfoque distinto al problema: tratar de avanzar hacia la regulación laboral de las trabajadoras del sexo, un paso que hasta ahora no se había dado por temor a la mala prensa que suelen tener este tipo de medidas relacionadas con la moralidad y las buenas costumbres, por el coste político que podía suponer y por la fuerte presión en contra de las organizaciones católicas. OTRAS ha llegado para quedarse. Mal que le pese a esos que cierran los ojos ante una realidad que siempre ha estado ahí.

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