En estos momentos es recurrente en España el debate, a veces muy agitado, sobre la deuda pública ‒si puede subir, si debería bajar‒, y todo con el objetivo de financiar iniciativas sociales o poner sacos terreros a la vía de agua que tiene la Seguridad Social. Y se ha llegado a hablar, con la boca pequeña, de la posibilidad de vender activos del Estado o partes de los mismos con idéntica finalidad.
En la década de los 80 y 90 del siglo XX los gobiernos de González, Aznar y Zapatero le metieron un buen viaje al patrimonio empresarial público español y sobre todo al ramillete de las joyas de la corona: energía, telecomunicaciones, banca, industria pesada, astilleros, transportes…
En otros países el Estado acude en ayuda de empresas o sectores pero no se muestra tan generoso como en el caso de los gobernantes españoles.
Veamos algunos de ellos
En 2008 el Tesoro de Estados Unidos, con Barack Obama de presidente, anunciaba la adquisición de acciones de General Motors por valor de 36.000 millones de euros y de una participación en el capital de Chrysler que importaba 12.500 millones, con la finalidad rescatar a ambos grupos automovilísticos que en aquella época rozaban la quiebra. Ambas operaciones se signaron en la Bolsa de Nueva York (NYSE) porque el Tesoro entregaba el dinero no a fondo perdido sino a cambio de acciones como elemento de garantía de recuperación del dinero entregado.
Tres años después, 2011, Chrysler devolvía a la autoridad federal el dinero recibido y recuperaba sus acciones, si bien el rescatador se dejó algo en el camino en gran parte por el precio de la acción el día de la operación. En total devolvieron 9.000 millones.
Dos años después, era General Motors quien acudía a la NYSE a recuperar sus acciones, para lo que entregó 28.500 millones de los 36.000 que recibió. En este caso también afectó al total de la devolución el precio de la acción de GM en el momento de la transacción. Esas son las reglas del mercado, pero los acuerdos se cumplieron.
Pasados esos años, ambos grupos «son rentables por primera vez en casi una década» y la industria «ha añadido más de 372.000 nuevos puestos de trabajo», con el crecimiento «más fuerte desde la década de 1990”, según declaró entonces Obama, artífice de la medida.
El modelo francés
En Francia las cosas, independientemente de su pertenencia a la Unión Europea, se hacen al modelo francés. Nuestro vecino del norte posee participación en el capital de 81 empresas y corporaciones que suman cerca de 90.000 millones de euros, pese a que Bruselas dejó clarito que las empresas públicas deberían privatizarse. Francia mantiene presencia accionarial en Renault, Air France, Alstom (construcción de material ferroviario, Orange, Dassault (aviación) o Areva, entidad que gestiona las 58 centrales nucleares de aquel país, La Poste (Correos) y EDF (electricidad) .Y También en la SNCF, la Renfe gala. En Renault, de hecho, el Estado francés aumentó en 2014 su participación del 15 al 20%.
Sin complejos y orgullosos, muy francés.
Alemania e Italia mantienen a su vez participación en grandes empresas como Volkswagen, en el caso alemán.
España: la primera de la clase en tontitis
España, en ocasiones, es diferente, demasiado diferente, y en lo malo, no solo en lo bueno, que tiene mucho. Por ejemplo, la autoridad monetaria española, el Banco de España, equivalente en alguna parte, no en todo, al Tesoro de EEUU, estima que el Estado español solo recuperará 16.337 millones de euros, el 21% de los 76.410 millones de fondos públicos que desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC) fueron en forma de ayudas y rescate a la banca española.
Menos mal que la reestructuración fue ordenada
Con la quema de los 80 y 90 queda poco en manos del Estado español y algunas empresas, como Navantia, se mantienen por su interés estratégico para la defensa nacional. Está Correos, ya en el foco alemán, y Renfe, que ha perdido algunos activos como la empresa comercializadora y de atención abordo COMFERSA. Ahora han abierto a la participación privada su filial de mercancías.
Se ha privatizado la banca pública que luego integró Argentaria, Endesa (que pasó a un consorcio italiano), Ebro (alimentación), Iberia, SEAT, ENASA-Pegaso, Repsol, Telefónica, Viajes Marsans, que luego acabó como acabó, Red Eléctrica, Aceralia, Indra (uno de los principales consorcios mundial de tecnologías) y Tabacalera. Algunas de estas empresas contaban con un centenar o más años de vida.
Y especial atención merece la privatización de la red de telecomunicación y satélites, militares, civiles, de la Administración, lo que causó pavor al considerarse una infraestructura crítica.
Más recientemente se ha privatizado un trozo importante de AENA.
Bueno, este el panorama de cómo tratan los intereses públicos tres países, dos quizás más parecidos, Francia y España, y otro diferente en tantas cosas, pero que arrojan una forma de hacer las cosas en las que los intereses nacionales no son tratados de la misma manera.
