El magistrado Carlos Yáñez, que fue el instructor del caso Lezo, es el encargado de dos escritos que ahora ponen al filo del banquillo a los populares Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, según la investigación llevada a cabo por La Sexta .
Yáñez le dejó los documentos a su sustituto pero, de momento, su informe con las dos propuestas está retenido por el Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que sustituyó a Manuel Moix, y todavía no se ha remitido al juez para que tome la decisión de citarles como imputados.
Construir un campo de golf en pleno centro de Madrid fue un empeño personal de Esperanza Aguirre; el golf, uno de sus hobbies preferidos, está muy cerca de costarle la imputación en la operación Lezo.
El que fue instructor del caso Lezo aconsejaría su imputación por prevaricación y malversación de fondos públicos precisamente por la construcción de este campo de golf sin tener ningún tipo de permiso, la exlideresa tramitó el nacimiento del campo a través de Ignacio González, persona que la Justicia señala como principal cabecilla de la trama Lezo.
Yáñez renunció a su plaza en la Fiscalía Anticorrupción a principios de noviembre. Sin embargo, antes de irse dejó dos escritos a su jefe, el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. En uno pide la imputación de Aguirre por prevaricación y malversación de caudales públicos en la tramitación y construcción del campo de golf, hoy condenado al derribo.
Sería la primera imputación de la exlideresa en un caso de corrupción. Y gran parte de la culpa la tiene Ignacio González, quien se refirió a la expresindenta de la Comunidad de Madrid directamente en su declaración ante el juez Velasco. Cuando la fiscal Carmen García le preguntó si recordaba si Aguirre conocía los términos particulares de la modificación del proyecto, González afirmó que «ella conoció cuál era el proyecto que se iba a hacer en la cubierta».
Además, Yáñez dejó un segundo escrito en el que pide que se investigue a Gallardón en este caso, se investigaría su participación en la compra de la empresa Inassa a través del Canal de Isabel II en el año 2001. Un movimiento que dejó un gran agujero en las cuentas y arcas públicas de Madrid, a falta de fecha, el exalcalde de Madrid tendrá que declarar ante el juez.
La Fiscalía pidió hace un año al juez indagar esa compra por delictiva y en su escrito reclamaba enfocar la investigación al exministro. La petición de los fiscales no acabó en la imputación ya que, en un primer momento, el juez de refuerzo de Eloy Velasco, Alejandro Abascal, consideró que esta investigación debía llevarse aparte al ‘caso Lezo’ por no guardar relación con la trama ideada por Ignacio González, sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad.
Pese a la decisión, Anticorrupción recurrió esta orden y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio la razón a los fiscales en enero de 2017, por lo que la compra de Inassa se tendría que incluir dentro de Lezo.
En ese momento, la aparición de Moix frenó tales indicaciones, el exfiscal jefe de Anticorrupción esgrimía como principal argumento que, ante el estallido de la ‘operación Lezo’ y las correspondientes detenciones, esta compra que involucra a Gallardón debía llevarse en un asunto aparte, de nuevo. Moix, el ex fiscal jefe de Anticorrupción que dimitió tras conocerse que poseía una sociedad pantalla en Panamá, se negó a que se realizara un registro en Inassa.
A repetir cataluña unas cuantas veces para tapar. Banderita de españa y aquì no pasa nada.