Gabriel Amat: el Fabra de Almería

Hablar de Gabriel Amat en Almería es sinónimo de hablas de Carlos Fabra en Castellón. Presidente de la Diputación Provincial, alcalde de Roquetas de Mar y protegido de Javier Arenas; solo así se entiende que Javier Arenas fuera en la candidatura del PP de Almería en las pasadas elecciones municipales. De hecho muchos ya comparan las tropelías de Amat con las de Fabra. Aún sin llegar a ser como el castellonense; no ha construido un aeropuerto para sus nietos, Amat ha preferido dejar a su familia bien colocada para los restos.

El juzgado numero 1 de Roquetas de Mar (Almería) investiga desde hace 5 años, un entramado societario compuesto, por más de 130 empresas vinculadas al entorno familiar del alcalde. Prácticamente la familia al completo; mujer, hijas, yernos, cuñados, primos, sobrinos, consuegros… etc., son las personas que identifica la Unidad de Delitos y Contra el Crimen Organizado de la Costa del Sol (UDyCO), de la Policía Nacional, en el marco de la investigación que instruye la juez Mar Alejo en las diligencias penales 34/12 del juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar, por los supuestos delitos de estafa, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Según la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), denunciante de los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el año 2012, la trama societaria del Alcalde de Roquetas podría extenderse a más de 300 sociedades, como así lo reconoce el propio informe de la UDyCO.

Indistintamente al primer informe, anteriormente aludido, la juez Mar Alejo Rico requería de la Agencia Tributaria, según pidieron tanto la UDyCO, como la Fiscalía del TSJ andaluz, la elaboración de un informe detallado sobre la situación y vinculaciones de esas 103 mercantiles. La Juez igualmente requería del Ayuntamiento de Roquetas un informe-certificado sobre las vinculaciones comerciales (contratos, adjudicaciones, licencias de obras, modificaciones de planeamiento o cualquier otra relación) que hayan podido mantener o mantengan esas mercantiles con el consistorio Roquetero durante los últimos 15 años.

El alcalde recurrio tales requerimientos, pero la Audiencia Provincial de Almería consideró que no solamente las entendía “como necesarias” sino que, también, “imprescindibles” para ayudar al esclarecimiento de los hechos denunciados por AMAyT y la Fiscalía Provincial de Almería.

Pero un informe de la Agencia Tributaria, afirma que existen otras más de 100 empresas vinculadas al alcalde, que no fueron incorporadas por la UDyCO, a pesar de figurar, la gran mayoría de éstas, en las distintas ampliaciones de denuncia que la asociación ha ido incorporando a las diligencias penales que investiga el Juzgado nº 1 de Roquetas.

Entre otro de los hechos denunciados, en la misma causa, y por los que se encuentra investigado, que no imputado, sería la supuesta ocultación de información relevante o falsificación de sus actas de incompatibilidad, bienes y patrimonio, presentadas tanto en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar como en la Diputación Provincial de Almería.

Para Amayt, el alcalde no hizo constar en sus correspondientes declaraciones, desde el año 2011, la verdadera actividad a las que se dedicaban esas mercantiles por él declaradas. Según la propia UDyCO, todas ellas, como el resto de las relacionadas con sus familiares, tenían como objeto principal actividades relacionadas directamente con el Urbanismo (compraventa de suelos, edificios, alquileres, mantenimientos, construcción, promoción etc.). Amat, únicamente declaraba las actividades relacionadas con la agricultura y venta de vehículos de la marca Volkswagen y Audi, concesionarios de su propiedad en la provincia de Almería.

La juez instructora también solicitó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en fecha 3 de julio de 2015, que se pronunciase al respecto “de la veracidad de las declaraciones sobre incompatibilidades realizadas por el alcalde” quien tardó un año en contestar las peticiones de la IGAE. La magistrada tubo que esperar hasta el 16 de junio de 2016.

Cabe destacar no solamente la tardanza en la contestación del edil, sino que la IGAE pone de manifiesto la imposibilidad de realizar dicho informe y que tubo que requerir “hasta en dos ocasiones” al Ayuntamiento de Roquetas para que le remitiera la documentación requerida.

El abogado de la acusación popular, ejercida por AMAyT, también solicitó de forma reiterada y sin recibir contestación alguna. La asociación también ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el nombramiento de un juez de refuerzo o la dedicación en exclusiva, a ésta causa, de la juez Alejo, a la vista de lo expuesto en los respectivos informes de la Policía Judicial del TSJA y de la UDyCO donde se pone de manifiesto “la complejidad de la investigación” así como el “afloramiento de una cantidad ingente de documentación que se extraería de la profunda investigación que habría de realizarse, al tratarse de tantas mercantiles”. “Sin duda estamos ante un caso muy complejo por la cantidad de información y de investigaciones a realizar y es absolutamente necesario la dotación de medios y personal para que este juzgado pueda seguir investigando”, detallan desde AMAyT.

El juzgado ya ha solicitado la incorporación de Peritos Judiciales para contrastar datos provenientes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Intervención General del Estado, Tesorería de la Seguridad Social, Junta de Andalucía, Diputación Provincial Almería…etc. Y para la localización de la documentación necesaria para llevar a cabo la investigación ordenada. También se necesitaría el acceso a los documentos obrantes en Asesorías Jurídicas, Consultorías Económicas, empresas constructoras, inmobiliarias, proveedores…etc.

Sin embargo, a todo lo solicitado por los investigadores, la juez instructora no se ha pronunciado. En la UDyCO no se explican este comportamiento, máxime, cuando el caso no esta señalado como “secreto de Sumario”, por lo que los abogados de AMAyT sugieren la posibilidad de que “alguien esté limitando la información de determinadas partes de la investigación”.

Fuentes del TSJA han confirmado a Diario 16 que la causa “ya ha pasado a la Fiscalía para emita el escrito de acusación si procede”.