Mientras la ley de la función pública no cambie, y no parece que ningún partido quiera meterse en ese charco, será difícil apartar a un funcionario de su puesto de trabajo, incluso bajo serias sospechas de amañar contratos para hacer regalos.

El funcionario del Ayuntamiento de Valladolid acusado de amañar presuntamente la adjudicación de los contratos de señalización de vías públicas a cambio de prebendas por parte de la empresa seleccionada ha sido citado por el Juzgado de Instrucción número 3 el próximo 11 de abril para interrogarle.

Al edificio de la calle Angustias deberá ir acompañado de su hijo, a quien la mercantil, según ha sostenido el Consistorio, le habría contratado por los favores que el padre les hacía en su relación con la Administración Local, según informa el Norte de Castilla.

El caso de J. L. G., ingeniero de profesión y que ahora trabaja en el Servicio de Espacio Público e Infraestructuras de la Concejalía de Urbanismo, saltó a los medios en noviembre de 2015 tras una denuncia que recibió el propio alcalde de un extrabajador de la firma, que desembocó, primero, en un expediente disciplinario en el que se apreciaron «indicios de criminalidad» y, más tarde, en los tribunales.

Desde marzo de ese año hasta ahora, por el órgano judicial, cuya titular es Elena López Negrete, ha pasado únicamente el denunciante, quien se ratificó en su versión. Además, se han llevado a cabo las pesquisas policiales en el ordenador con el que trabajaba el funcionario para reunir las posibles pruebas.

La citación reactiva un procedimiento que para la defensa de J. L. G. hace aguas por todas partes. Mientras que el equipo de gobierno subraya que el funcionario adjudicaba el contrato a esta empresa por encima de los precios de mercado y obviando otras ofertas más baratas, el abogado del investigado, el letrado con despacho en La Coruña Juan Pablo Lerena, aseguró ayer que los superiores jerárquicos en el Ayuntamiento ratificaron, en el transcurso de la instrucción del expediente en sede municipal, que los procesos fueron totalmente legales y correctos. «El informe de la Policía deja claro que no se ha obtenido ninguna prueba contra él», añadió el letrado, quien acotó que en el caso del coche se trataba de una mejora del contrato, que figura en la oferta de la empresa. Respecto a las entradas para ver al Real Madrid, afirma que se han aportado los certificados.

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