Nunca había sido un órgano unitario sino todo lo contrario. Desde el principio de su creación, allá por los años ochenta del siglo pasado, se dividió por aquello de las injerencias políticas, en dos sectores: los conservadores y los progresistas. Pero es ahora cuando el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, se encuentra más dividido que nunca. Hasta tal punto que los enfrentamientos en la comisión permanente, convertida en el verdadero núcleo duro de la institución, están a la orden del día. Ni en los tiempos de Carlos Dívar se había visto tan mal ambiente entre vocales que ni siquiera se hablan.

Y las cosas cada vez se ponen peor. La decisión del sector mayoritario, conservador, en la comisión permanente, (4 a 3) de apartar el Tribunal Supremo a Margarita Robles ha supuesto la ruptura casi total.

El asunto, ya se conoce. Margarita Robles, número 2 de la lista del PSOE por Madrid en las próximas elecciones, pidióexcedencia especial con reserva de puesto en calidad de magistrada del Tribunal Supremo. La Comisión Permanente del Consejo, donde una minoría de vocales prácticamente lo decide todo sin contar con el resto que sólo asiste al plenario,decidió ir más lejos. Se le concede a Robles excedencia pero también se la desposee de su calidad de magistrada del Supremo. Es decir, que cuando se incorpore deberá ganar plaza de nuevo sin el rango que actualmente ostentaba.

“Es una venganza del presidente Carlos Lesmes, por las críticas que he vertido sobre él por la mala gestión que estállevando a cabo”, dice Margarita Robles. Lesmes, y el sector conservador, mayoritario, se acogen a que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que “cuando un magistrado del Tribunal Supremo solicitara la excedenciavoluntaria y le fuere concedida, perderá su condición de tal”, salvo en los supuestos previstos en la misma ley: excedenciasolicitada para el cuidado de hijos o familiares o en su condición de víctimas de violencia de género, lo que no es el caso.

Avaro Cuesta, del sector progresista, se opone radicalmente y anuncia un voto particular basándose en que la ley Orgánicade Régimen Electoral establece que, cuando concurran a unas elecciones, “los magistrados, jueces, fiscales, miembros delas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y policías en activo tendrán derecho, en todo caso, a reserva de puesto o plaza y de destino, en las condiciones que determinen las normas específicas de aplicación”. Los vocales conservadores argumentan que en esa norma no se habla de los magistradosdel Supremo.

Así las cosas, la paz que reinaba últimamente en el seno del Consejo a raíz de la incorporación a la Permanente de unmiembro más del ala progresista, se ha roto en mil pedazos. No obstante, habrá tregua hasta las elecciones. En el Consejo General del Poder Judicial se espera una reforma del organismo donde es muy probable que desaparezcan lasnominaciones del Parlamento para ser sustituidas por elecciones de las propias asociaciones de jueces y magistrados. Una circunstancia que, sin duda, favorecerá alsector conservador que tiene en la Magistratura dos asociaciones, la APM y la Francisco de Vitoria, frente a losprogresistas que cuentan con sólo una asociación; Jueces para la Democracia.

Mientras se decide el futuro del órgano de gobierno de los jueces, en esta reina una calma tensa que puede tornarse en nuevos enfrentamientos de un momento a otro.

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